Puja entre las obras sociales por traspasos de afiliados

La disputa se reavivó por el aumento del 30% que, por beneficiario, recibirá cada obra social.

La presencia en Catamarca de autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud -el organismo encargado de controlar la prestación de servicios y recursos de las obras sociales sindicales- dejó al descubierto la puja que existe entre las obras sociales sindicales entre sí y entre las sindicales y las prepagas por la cartera de afiliados.

Sin personalizar, los representantes de obras sociales sindicales cuestionaron "la competencia desleal" que, consideran, ejercen las prepagas al convenir con sellos de obras sociales sindicales que no están radicadas en la provincia la prestación de los servicios de salud. En esos términos fue el planteo que realizaron las prestadoras sindicales al secretario general de la Superintendencia, Alejandro Romero, que estuvo en Catamarca.

"Las prepagas forman parte del sistema, algunas obras sociales sindicales han hecho convenios con prepagas para prestar servicios, lo que creemos que hay que controlar, por eso hay un proyecto de ley de prepagas, que busca que la Superintendencia sea también el organismo de control de la medicina prepaga", señaló el funcionario. Hasta ahora, las prepagas están regidas por las disposiciones de la Secretaría de Comercio que conduce el polémico Guillermo Moreno. Y la Superintendencia sólo controla que se cumplan las prestaciones, pero no el manejo de los recursos.

La pelea por los afiliados -un bien escaso en una provincia donde el grueso de la población tiene empleo público y cuenta con OSEP como obra social- también se da entre obras sociales sindicales de mayor y menor peso.

Las fuentes consultadas aseguraban que son alrededor de 90 mil los afiliados a obras sindicales en la Provincia y que de las más de 50 prestadoras sindicales que hay en Catamarca, un 70% apenas supera el medio centenar de afiliados.

La noticia de que el Gobierno Nacional incrementará en un 30% el piso mínimo que las obras sociales reciben por cada afiliado reavivó una disputa que ya existía aunque se mantenía en bajo perfil. Ahora, por un decreto oficial, las obras sociales recibirán más recursos para asegurar la prestación de servicios de los afiliados que -por sus sueldos- menos aportan al sistema.

Aunque la transferencia de mayores fondos a las obras sociales despertó fuertes críticas de la oposición por los manejos que puedan hacer los sindicatos de esos recursos, desde la Superintendencia defendieron la medida y remarcaron que irá acompañada con una ampliación del Plan Médico Obligatorio y con "controles más estrictos".

Traspasos irregulares

Con la vigencia de la libre opción de la obra social de parte del trabajador, desde la Superintendencia informaron que se realizan 300 denuncias mensuales por presuntas irregularidades en el traspaso de afiliados. Lo que prima es la falsificación de firmas de afiliados que estarían pidiendo cambios de prestadores. En Catamarca se dieron casos, comentaban los representantes de obras sociales sindicales, cuando aún existían las AFJP. Hubo casos que, en los traspasos de las administradoras de fondos de jubilaciones se realizaba -a veces en forma encubierta- el cambio de obra social.

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