Puestos de trabajo, poder adquisitivo salarial y derechos laborales.

Un grupo de sindicatos estatales y de distintos sectores de la actividad privada consolidó ayer un frente gremial para evitar que el costo de la crisis recaiga sobre los asalariados y sus familias. Con duros cuestionamientos hacia los empresarios y el Gobierno provincial, se anunció una convocatoria a todas las organizaciones gremiales de Tierra del Fuego para el próximo martes en Tolhuin.
Diez gremios del sector estatal y del privado avanzaron ayer en la consolidación de una multisectorial gremial cuyo objetivo es lograr la preservación de los puestos de trabajo, del poder adquisitivo de los salarios y de los derechos laborales, para evitar así que el costo de la crisis financiera que vive el país y la provincia "no lo paguen las familias de los trabajadores y de los pequeños y medianos comerciantes" de Tierra del Fuego.

Tras mantener una reunión en la sede del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina -de la que participaron representantes de los docentes, Asociación de Trabajadores del Estado; Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina; Sindicato Argentino de Televisión; Unión Obrera Metalúrgica; Unión Obrera de al Construcción de la República Argentina, Transportistas; Choferes de Taxis y de la Cooperativa Renacer- la flamante multisectorial resolvió convocar a un congreso provincial de gremios para el martes 3 de marzo en Tolhuin.

Horacio Catena, dirigente del SUTEF, sostuvo que a partir de ayer los gremios comenzaron a "desandar un camino para construir una unidad en serio entre los trabajadores, para armar un programa común para que la crisis actual, o la supuesta crisis, o los lobby que se intentan hacer en base a la crisis de los distintos sectores, no la paguen las familias de los trabajadores y los pequeños y medianos comerciantes, sino que se descargue sobre otros sectores".

Señaló que la intención es que en el encuentro del próximo martes "cada sector haga su diagnóstico de situación para proponer salidas, porque no vamos a hacer una propuesta reclamativa sino altamente propositiva", que sirva para que "el Gobierno cambie la política" y empiece a atender "al conjunto de los trabajadores".

El también dirigente docente Raúl Arce precisó que el objetivo que se persigue con la conformación de esta multisectorial "es la preservación de los puestos de trabajo en todos los sectores, sean públicos o privados; mantener el poder adquisitivo de los salarios y los derechos laborales". Manifestó que se analizó con preocupación que "existan planes de salvataje para los intereses de los grandes productores y grandes terratenientes" pero que "no exista un plan de salvataje para la salud y la educación" pública. Elevando el tono de la crítica hacia la gestión Ríos, calificó al Gobierno "de ausente" y de no dar "respuestas".

Desde la UOM, Gustavo Monge, señaló que el principal desafió a afrontar "es trabajar en forma mancomunada entre todos los trabajadores para buscarle la vuelta a esta crisis, porque no todos los sectores la vivimos igual, por lo que nos estamos poniendo de acuerdo en cómo encarar de acá en adelante la lucha que tenemos que desandar".

Específicamente sobre la situación que vive en el sector de al electrónica refirió que "está complicada porque la gente de AFARTE ha planteado suspensiones y reducciones salariales, porque quieren hacer pasar por los trabajadores el tema de la crisis, y creemos que también quieren sacar provecho de esta crisis, haciendo pagar las consecuencias a los trabajadores". El empleado fabril, ahora dirigente docente, Horacio Catena respaldó esta postura, y aseguró que "los empresarios son expertos en hacer de la crisis una oportunidad para ellos, ya que en cada crisis se han visto beneficiados y los trabajadores, muchas veces, hemos pagado las consecuencias".

Por su parte, el secretario general de la UOCRA, José Salinas, fustigó con dureza la "total inactividad" del Gobierno provincial en materia de obra pública. Aseguró que en "los 14 mese que tiene de mandato este Gobierno, el IPV no ha llamado a una sola licitación", y que como agravante "tiene 640 viviendas licitadas hace dos años que todavía están paralizadas". Señaló que desde el gremio se han realizado "todas las gestiones a nivel nacional para que esos fondos vengan a la provincia, porque el gobierno de la provincia no está haciendo absolutamente nada". Se mostró sumamente preocupado también por la demora en la presentación de los proyectos correspondientes al plan de 2.500 viviendas que el Gobierno nacional acordó para Tierra del Fuego. "Ya estamos en marzo, y hasta que se presenten los proyectos, vayan Buenos Aires y se los acrediten se pasa el tiempo, y cuando se llegue a diciembre este gobierno no va a haber ejecutado ninguna obra por licitación".

Desde el sector del plástico se elevó sensiblemente el tono de crítica hacia el Gobierno, puntualmente contra la gobernadora Ríos y el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu. Además se cargó contra el concejal del ARI y marido de la mandataria fueguina, Gustavo Longhi. Se señaló que el edil riograndense "se ha erigido en el hombre que nos tiene que castigar" y se lo acusó de haber frustrado una audiencia con Ríos a los gremios textil, químico, petroquímico y del plástico "porque 10 personas hicieron una manifestación, un escrache en la vereda de su casa". "Lo que tiene que saber el señor Longhi, la señora Gobernadora y sus ministros, es que el escrache para los trabajadores está dentro de sus casa, están en las heladeras vacías y en las alacenas vacías. El dirigente gremial apuntó que la diferencia entre el nivel de vida de los funcionarios y de los trabajadores "hace que ellos estén cada vez más lejos de nosotros", por lo que precisó que "no pretendemos que no entiendan y no pretendemos que se preocupen. Lo que pretendemos es que nos atiendan y que se ocupen".

Por su parte, el dirigente de ATE Carlos Córdoba dejó en claro que la conformación de esta multisectorial no limitará el campo de decisión de cada uno de los gremios que la integran, ya que precisó que el sindicato que conduce resolverá a fines de este mes las medidas a adoptar para lograr la satisfacción de sus reclamos. Como lo viene sosteniendo desde hace varios días, anticipó el plan de acción al reiterar que "los compañeros en los lugares de trabajo no están pidiendo un paro para el 2 de marzo".

El Gobierno "hará todo lo que esté a su alcance para garantizar los puestos laborales"

En una rápida reacción, el Poder Ejecutivo salió a responder algunos de los reclamos planteados desde la multisectorial gremial. El ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu, aseguró que el Ejecutivo buscará implementar todas las políticas que estén a su alcance "para garantizar los puestos laborales", aunque recordó que "la situación del sector privado se maneja por leyes de mercado y no hay posibilidad de inmediatez en cuanto a la intervención desde el Estado".

En declaraciones difundidas por la Secretaría de Comunicación Institucional, el funcionario remarcó que "desde el Gobierno se pueden generar políticas sociales de producción, espacios de economía social o incentivos", pero que en materia de preservación de puestos de trabajo "el Estado sólo puede oficiar de mediador; no hay que olvidar que en la faz privada el mercado laboral se rige justamente por las leyes de mercado".

No obstante, hizo hincapié en las diferentes gestiones y medidas encaradas por el Gobierno que "pretenden defender las fuentes de trabajo", entre las que mencionó el encuentro mantenido con la Ministra de la Producción, y la convocatoria realizad el año pasado para conformar una comisión de seguimiento laboral que "tenía como eje encauzar la discusión entre el sector del trabajo y el sector empleador", pero que "no prosperó, quizás producto de las distintas mezquindades que cada uno manifestaba. Pero lo cierto es que desde el Ejecutivo se propuso ir analizando y previendo esta situación generada por la crisis financiera global", aseguró Aramburu.

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