Puertos: gravan con Ingresos Brutos a los "Consorcios de Gestión Pública"

Gobierno y puertos, terminaron de cerrar hoy un pre-acuerdo que podría oficializarse mañana mismo, para salvar la polémica que disparó la última Reforma Fiscal, que consiste en eliminar le excepción del artículo relacionado a Ingresos Brutos que hoy por hoy beneficia a ese sector, con lo que tendrán que abonar las alícuotas que fija esa carga a partir del próximo año.
El acuerdo, según pudo reconstruir este portal, consiste en modificar el Códifo Fiscal, particularmente en el artículo que regula el pago de Ingresos Brutos y que, como toda actividad pública, contempla -todavía- a los Consorcios de Gestión Pública como actividades excentas.

Se trata del principal punto de acuerdo al que se arribó esta tarde en sendas reuniones de las que participaron representantes del Ejecutivo con las delegaciones de los Consorcios de Gestión de puertos públicos y los representantes del Sector Privado, y que contempla, además, la –sabida- "suspensión" del artículo 26 de la Ley Impositiva, que quedará en suspenso por 180 días.

A partir de esa eliminación, las alícuotas que tributarán al fisco, se adaptará a lo que la Ley impone en la materia: para una facturación mayor a los 30 millones anuales, se liquidará un 3.5%, mientras que los que superen esa cifra, pagarán un punto más, 4.5%.

La salida consensuada, contempla el nivel de facturación de los puertos, no porque el ‘pre-acuerdo’ lo establezca, sino porque la ley lo estipula: más de 30 millones de facturación aportarán, en concepto de Ingresos Brutos, un punto por encima de los que registren una menor facturación.

Entre los que más facturan y que comenzarán a tributar esa carga a partir del 1º de enero próximo, están Bahía Blanca y La Plata, mientras que otros Puertos de menor nivel de facturación, como el de San Nicolás o San Pedro, deberán pagar una carga menor, por ese mismo concepto. Hay otros Puertos que esporádicamente superan ese límite, en épocas de cosecha, pero que durante la mayor parte del año están por debajo de los 30 millones.

Esos fueron los puntos centrales de un pre-acuerdo que alcanzaron hoy, en doble turno, los representantes del Ejecutivo, encabezados por el Ministro de la Producción, Martín Ferré, y los delegados de los puertos –Consorcios Públicos y Directorios de los Privados-, en el marco de una negociación que busca destrabar la polémica que se generó tras la aprobación de la flamante reforma Fiscal.

La norma que habría que modificar para empezar a cobrar Ingresos Brutos a la actividad portuaria pública –hoy exenta como buena parte de las actividades del sector estatal- es el mismo Código que se modificó en la última reforma, para eliminar el pago de los Ingresos Brutos a los automóviles usados, y gravarlos con un "impuesto de sello", otra de las modificaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Al estar anclada en la facturación, la formula encontrada para saldar la polémica, contempla el nivel de posibilidades de cada puerto, por lo que destraba, en parte, algunas resistencias que objetaban la competitividad que podrían ver afectadas al aplicárseles un gravamen "por toneladas", como lo estipulaba la polémica Ley.

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