Un grupo de diputados del Frente para la Victoria encabezado por el mendocino Guillermo Carmona presentó ayer en el Congreso los resultados de un informe de la Universidad de San Martín sobre los CEO en la función pública. La conferencia fue para impulsar un proyecto de ley que busca evitar la “CEOcracia”. Según el relevamiento, que fue anticipado por este diario, el 31 por ciento de los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri ocupó puestos de alta o media gerencia en el sector privado y el 11 por ciento del gabinete tiene antecedentes como dirigente en las principales corporaciones.

La iniciativa busca modificar la ley 25.188 de Etica en el Ejercicio de la Función Pública, con el objetivo de regular situaciones en las que hubiese presunción de conflicto de intereses e incompatibilidades para la asunción, permanencia y egreso de personas del ámbito privado al público y viceversa.

Según cifras del Observatorio de las Elites Argentinas del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Unsam –anticipadas por Página/12 y ampliadas para su presentación ayer en una conferencia de prensa en el Congreso–, la situación más llamativa se exhibe en el Ministerio de Energía, donde la mitad de los funcionarios fueron ejecutivos de primera línea en empresas vinculadas con la actividad que esa cartera debería regular. El informe ilustra no sólo la situación actual, sino la necesidad de un marco regulatorio que impida lo que se denomina en la legislación estadounidense “puerta giratoria”, en referencia al flujo de personas que ocupan altos cargos en el sector público y privado. Tal como anticipó este diario, desde el Frente para la Victoria se presentó un proyecto de ley para limitar esos conflictos de intereses.

En el encuentro organizado por el diputado Carmona, se presentó el informe a cargo de las investigadoras Paula Canelo y Ana Castellani sobre la composición del gabinete actual. De los 364 funcionarios del macrismo, 114 son ex directivos de empresas y la presencia de CEOs se concentra en la Jefatura de Gabinete, con el 69,6 por ciento de los puestos; en las distintas secretarías de Presidencia, con el 58,3 por ciento, y en la cartera de Energía, con 50 por ciento. “Estos funcionarios ocuparon altos puestos directivos particularmente en tres sectores de actividad: bancario y financiero, el energético y el de servicios profesionales”, detalla la investigación de la Unsam.

La situación actual es todavía más delicada debido a que una buena parte de estos ejecutivos provienen de grandes corporaciones, con fuerte poder de lobby desde afuera del gobierno, que ahora lo hacen desde dentro de la esfera pública. Un 11 por ciento de los funcionarios (40 de los 364) tiene antecedentes como dirigentes de las principales corporaciones empresarias, entre las que se destacan Shell, Techint, Socma, LAN, JP Morgan, HSBC, Axion, La Nación, Newsan, Pan American Energy, Deutsche Bank, Farmacity, ICBC y Consultatio.

Su distribución está concentrada en pocos ministerios: Agroindustria (32 por ciento) y Producción (25 por ciento). Como si fuese poco, los funcionarios provienen de área clave a las que pasan a representar en el ámbito público. En Agroindustria la mitad de los funcionarios (13 sobre 26) proviene de Confederaciones Rurales, Copal y Sociedad Rural. En Producción, el 42 por ciento de los 23 integrantes del gabinete fue aportado por la Unión Industrial. En Energía, la mitad de los funcionarios provino de Shell, Repsol-YPF, Pan American Energy, Axion, Exxon, Bridas y Esso, entre otros.

Por último, el 22 por ciento (79 sobre 364) de los funcionarios del gabinete nunca ocupó un cargo público, y la mayoría se concentra en áreas estratégicas como Producción, Agroindustria, Energía y, el caso más paradójico de todos, Jefatura de Gabinete. Incluso, el 24 por ciento de los funcionarios (86 casos) ocupaba un cargo en el sector privado al ser convocado para integrarse en el gobierno, lo que se trata de casos directos de puerta giratoria. De esos 86 casos, 60 lo hacían en puestos de alta dirección.