No pueden regular el aire en la Ciudad Judicial

Ayer hubo una reunión informal, en la Ciudad Judicial, entre autoridades del Poder Judicial, representantes del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y encargados de la empresa constructora Riva para conocer de primera mano cuándo se solucionarán los problemas del sistema del aire acondicionado y otros inconvenientes que vienen observándose en el edificio que costó 82 millones de pesos.
Al encuentro asistieron el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Julio Pelizzari; la directora general de administración, Elena Fresco; el secretario legal, Horacio Di Nápoli; y el responsable del mantenimiento del edificio, Mario Accátoli. Ahí quedó en claro que, por ahora, los técnicos no pueden regular el sistema de aire acondicionado. "En algunos lugares hace calor y en otros mucho frío ", graficaron las fuentes. El sistema es complejo y una de las máquinas recién estaría arreglada la próxima semana cuando llegue un repuesto desde el exterior. Incluso trascendió que solamente la filial argentina de York, la firma proveedora del equipamiento, es la única autorizada para arreglar los desperfectos.

Otro problema central sería la falta de un ablandador de agua, que podría provocar -relativamente en poco tiempo- el taponamiento de las cañerías. Y también se habló, a raíz de los problemas y de un trascendido surgido en fuentes gubernamentales, si la garantía de Riva vence en junio o puede prorrogarse.

Hoy a las 7 los empleados judiciales volverán a reunirse para resolver si continúan trabajando normalmente o adoptan alguna medida de fuerza.

Desde la oposición, la diputada Josefina Díaz -que concurrió el lunes a la Ciudad- le exigió respuestas al Poder Ejecutivo. "Que se haga cargo y si la empresa (Riva) es responsable, que le exija, ya que los recursos estuvieron, y hay un fondo de garantía. No queremos que sea otra obra testigo de la irresponsabilidad y que se termine cortando el hilo por lo más débil".

Remarcó que la obra fue recibida en julio por el Ejecutivo y en noviembre por el Poder Judicial, que tiene un año de garantía y que "funcionarios y profesionales, en representación del Estado provincial, la recibieron. Alguien la certificó, por lo tanto asumir las responsabilidades y actuar con celeridad es imprescindible".

Una reflexión final de alguien que conoce el tema: "¿Por qué en La Pampa nunca se le ejecuta una garantía a las empresas?"

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