Puede quedar cerrado en Tucumán el caso de la reforma constitucional

La Corte se pronunciará mañana sobre los recursos deducidos por abogados y por la Provincia. El viernes, el alto tribunal quedó integrado con el camarista Castellanos, para que dirima un empate de criterios. Horas decisivas
Mañana se cerrará el primero de los capítulos abiertos a raíz de la judicialización de la reforma de la Constitución de 2006. La Corte Suprema de Justicia de la provincia determinará si hay causa federal suficiente que amerite la revisión, por parte de la Corte de la Nación, de la relevante sentencia pronunciada el 8 de setiembre; por medio de esta fueron declaradas nulas e inconstitucionales varias disposiciones de la Carta Magna sancionada por impulso del oficialismo.

El viernes quedó integrada la Corte con Horacio Castellanos, vocal de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que fue llamado para que dirima un empate de criterios entre los otros cuatro vocales del alto tribunal que intervinieron en la causa: Antonio Gandur, René Goane, Alberto Brito y Ebe López Piossek.

La Corte debe pronunciarse sobre la procedencia de los recursos extraordinarios deducidos por el Colegio de Abogados (la demandante) y por la Provincia (la demandada). La entidad profesional sólo se limitó a cuestionar (del fallo del 8 de setiembre) el punto relacionado con el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Precisamente, respecto de la admisibilidad de este recurso se concitó el empate.

Mientras tanto, el Gobierno objetó -principalmente- que la Corte anulara la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda organizar discrecionalmente el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), órgano previsto por la Constitución de 2006 para que intervenga en la selección de los jueces inferiores.

En segundo lugar, el Gobierno cuestionó que la Corte haya bloqueado la posibilidad de que en el futuro pueda haber reformas constitucionales por medio del mecanismo de simples enmiendas legislativas, variante que también autorizaba la reforma de 2006.

Si la Corte rechazara ambos recursos, el caso quedará clausurado en Tucumán y a las partes -principalmente al Gobierno- les quedará insistir con sendas quejas (por recurso extraordinario denegado) ante la Corte de la Nación. Pero mientras estas no sean admitidas, la sentencia tendrá pleno vigor. Si esto sucediera, tal situación impactaría o afectaría negativamente a la Ley 8.136. Esta posibilita que los poderes políticos designen jueces interinos sin ninguna selección de idoneidad previa. Pero, en el fallo, la Corte ha ratificado la validez de la exigencia constitucional de que los jueces, sin distinciones entre titulares o interinos, sean seleccionados mediante un procedimiento que incluya concursos públicos.

Comentá la nota