La legisladora saludó que la Justicia haya ordenado al Gobierno que convoque a la paritaria nacional docente en el término de cinco días.

A través de un fallo de la jueza Dora Eva Temis, que aceptó una cautelar presentada por la Unión de Docentes Argentinos (UDA y ordenó al Ministerio de Trabajo de la Nación que en el plazo de cinco días convoque a la paritaria nacional docente.

Durango es vice presidenta de la Comisión de Educación del Senado y autora del Proyecto que solicita que el cuerpo se dirija al “Poder Ejecutivo Nacional a fin de requerirle que, a través de las autoridades ministeriales competentes, convoque de inmediato a la reunión paritaria nacional docente”, presentado el 4 de febrero en la Cámara Alta.

La legisladora consideró que “es una buena decisión” el fallo. “Yo lo he dejado plasmado en mi proyecto que pidió la Paritaria Nacional Docente conforme al artículo 10 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo y su decreto reglamentario 457/2007, atento al reclamo de algunas jurisdicciones y los gremios docentes, y a la situación que vive el país especialmente en algunas provincias”, manifestó.

“En el fallo la jueza Temis hace referencia a cuestiones que nosotros también mencionamos en el fundamento de nuestro proyecto, como es de público conocimiento el gobierno nacional decidió no convocar este año a paritarias docentes lo que es claramente un incumplimiento de lo que establece la Ley N° 26.075, de Financiamiento Educativo. Yo, acompañando al Ministerio de Educación de mi provincia, exigí en el proyecto presentado los primeros días de febrero que el Ministerio Nacional cumpla con lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento y en su decreto reglamentario 457/2007 y que convocara de inmediato a paritaria nacional como lo solicitaban entonces y lo continúan reclamando hoy las entidades gremiales”, añadió.

Durango señaló que “el gobierno nacional quiere eliminar la negociación nacional y dejar la discusión salarial exclusivamente en manos de cada provincia. Así se perdería la posibilidad de establecer un piso a nivel nacional y de discutir cuestiones fundamentales como las condiciones laborales, menguando el poder de negociación de los gremios docentes. En los argumentos del Ejecutivo se menciona que el salario ya fue discutido el año pasado, pero eso, además de reconocer explícitamente el incumplimiento de la ley, ignora la discusión de temas igualmente importantes como son las condiciones laborales y la carrera docente, tal como establece la Ley, que dice que se deberá llegar a un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente”, recordó la senadora.

La pampeana sostuvo que “es justamente el Estado quien debe velar por el respeto a los derechos y el cumplimiento de las leyes, y no ir contra los derechos de los trabajadores y menos contra los mecanismos democráticamente dispuestos para discutir la situación laboral, que en todo contexto son necesarios y todavía más en estos momentos en que las trabajadoras y los trabajadores no se sienten contemplados por las medidas regresivas que está llevando adelante este gobierno”.

“Nosotros reivindicamos la negociación nacional y nos oponemos a las autoridades nacionales que no sólo pretenden desentenderse de la compensación salarial docente, garantizando un salario mínimo en todo el territorio nacional, sino que además excluyen a los docentes de la discusión de temas intrínsecos a su actividad, poniendo en riesgo el inicio de clases y comprometiendo seriamente la calidad de la educación”, rescató.

Finalmente, aclaró que no avala “el ajuste automático que el gobierno pretende imponer abandonando a los trabajadores de la educación de las distintas provincias a su suerte puesto que el acuerdo a nivel nacional es un parámetro fundamental para para las negociaciones provinciales, sin él tendríamos docentes privilegiados y otros con muy bajos salarios”.

“Mucho menos podemos avalar la exclusión de los trabajadores de las condiciones en que desarrollan su profesión porque esto sin duda implica ir en detrimento de la educación consagrada por la Ley de Educación Nacional N° 26.206 como un bien público y un derecho personal y social”, concluyó.