El 56% de los pueblos que bajaron su población son administrados por el PJ

Según datos oficiales del último censo, la mayoría de las localidades que menguaron sus habitantes son administradas por el peronismo. De las 127 que sufrieron disminución, 72 son gobernadas por UPC, 38 por la UCR y 17 por vecinalismos locales.
Así como el censo provincial ejecutado por el ex gobernador Ramón Mestre en 1996 desató una ola de protestas en numerosos municipios del interior cordobés que se sintieron perjudicados por sus datos, los resultados del nuevo relevamiento demográfico concretado por la administración de Unión por Córdoba también generó las primeras reacciones negativas en algunas ciudades importantes como Villa María, Villa Carlos Paz, Arroyito y Villa Allende o en algunos pueblos más pequeños como Justiniano Posse o Salsipuedes.

En todos ellos los intendentes expresaron su disconformidad con las cifras finales ya que evidenciaron un aumento poblacional muy inferior a lo que todos espeaban.

Más allá de las opiniones políticas brindadas por los jefes comunales supuestamente perjudicados por el censo de agosto- la mayoría son radicales aunque los hay peronistas como Eduardo Accastello (Villa María) y juecistas como Sergio Cornejo (Salsipuedes)-, existe un dato contundente que despeja cualquier posible duda sobre la imparcialidad del gobierno cordobés a la hora de asignar los habitantes de cada localidad.

De los 127 municipios y comunas que bajaron la cantidad de pobladores al comparar los censos de 1996 y 2008, 72 son administrados actualmente por el Partido Justicialista y sus aliados de Unión por Córdoba, la misma fuerza que conduce desde hace casi 13 años y medio los destinos de la provincia. Esta cifra equivale al 56% del total de administraciones locales que no recibirán ningún incremento en los fondos de coparticipación a partir de la aplicación de los flamantes datos demográficos.

El radicalismo, como principal partido de oposición, gobierna 38 de los pueblos que perdieron habitantes en relación a 12 años atrás. Este número implica el 30% de los supuestamente perjudicados. Las restantes 17 localidades que experimentaron un retroceso demográfico son gobernadas por partidos vecinalistas locales.

En otras palabras, si el censo provincial de agosto tuvo algunos resultados polémicos es por cuestiones estrictamente técnicas

-errores en la adjudicación de habitantes de las zonas rurales o de barrios limítrofes entre una localidad y otra- y no por la aplicación de criterios políticos reñidos con la legislación vigente, como algunos líderes opositores dejaron entreveer en los últimos días.

Unos y otros

Entre los pueblos administrados por el peronismo y sus aliados que experimentaron un retroceso en la cantidad de habitantes pueden nombrarse las municipalidades de Wenceslao Escalante, Ordóñez, Noetinger, Idiazabal, Colonia Bismark, Capitán O’ Higgins, Chilibroste, Benjamín Gould, Ballesteros Sud, Lucio V. Mansilla, Las Peñas, Colonia Almada, Corralito, Saturnino María Laspiur, Quebracho Herrado, La Paquita, Miramar, Matorrales, Costasacate, Elena, Las Acequias, Las Vertientes, Sampacho, Berrotarán, Chaján, La Cumbre, Melo, Rosales, Guatimozín, Isla Verde, Alejo Ledesma, Camilo Aldao, Cavanagh, Huanchillas, Luca y Pasco. El listado se completa con 36 pequeñas comunas.

La UCR retrocedió en cambio con la población estable de municipalidades como Colonia Caroya, Reducción, Bulnes, Italo, Chazón, Bengolea, Saira, La Cautiva, Calchín Oeste y Los Zorros y otras 28 comunas.

Finalmente, las fuerzas vecinalistas retrocedieron demográficamente en municipios como Inriville y Villa Rossi, junto a otros 15 estados comunales.

Si bien es cierto que las localidades peronistas, radicales o vecinalistas que experimentaron una reducción en la cantidad de residentes son de escasa relevancia poblacional, también es verdad que constituyen una interesante muestra del total de pueblos existentes en Córdoba.

La situación de las ciudades de mayor tamaño que elevaron su queja públicamente deberá analizarse con otros parámetros técnicos. En este contexto no debería soslayarse la posible explicación de que muchos padrones electorales estén inflados por no tener en cuenta los votantes que emigraron hacia otras provincias o países sin realizar los correspondientes cambios de domicilio.

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