Pueblos aborígenes dicen que las tachas de Jorge violan la ley

La misiva ingresó el lunes a la Casa de Gobierno. Surgió del desagrado que causó a los representantes de los pobladores originarios la decisión del mandatario de omitirlos en el proyecto de la nueva Ley de Educación.
"No se puede infringir ninguna Ley sin atenerse a las consecuencias". Con esa advertencia, el presidente de las Comunidades Indígenas de La Pampa, Oscar Guala; el dirigente Germán Canhué, recientemente reconocido por su larga militancia a favor de los derechos de los pueblos originarios; y Ana María Domínguez, representante pampeana en el Consejo Coordinador Nacional, se pusieron a disposición del Poder Ejecutivo Provincial para consensuar la inclusión de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en el proyecto de Ley Provincial de Educación que la Cámara de Diputados trataría este año.

Tal como informara este diario días atrás, el proyecto original, remitido por el Ministerio de Cultura y Educación (MCE) a la Legislatura, no contenía ni un párrafo dedicado a la EIB. Esa situación fue enmendada por los diputados que, tomando como base la Ley Nacional de Educación (Nº 26.206), incorporaron un capítulo denominado Educación Intercultural Bilingüe. Allí definen a la EIB como "la modalidad del sistema educativo de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígenas (...) a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica...".

Cuando los diputados llevaron las correcciones a Jorge para su análisis, éste decidió tachar la referida a la EIB, entre otras, dejando el texto tal cual estaba al principio. De ese modo, el proyecto habla de Educación Intercultural (omite la palabra "bilingüe") pero no se menciona en ella a los pueblos indígenas ni a otra fórmula que aluda específicamente a las comunidades aborígenes, sino a "preservar y fortalecer las pautas culturales, la cosmovisión e identidad de distintos grupos sociales".

Derechos.

La decisión de Jorge y el MCE alarmó a las comunidades. En su misiva, con carácter de pronto despacho, las organizaciones aborígenes explican que el Pueblo Ranquel, "habitante desde tiempos inmemoriales del Centro de la actual Argentina, decidió su retorno como Pueblo" para lo cual creó sus propias organizaciones y trabajó con otros Pueblos de Argentina y el mundo. "Esto nos ha posibilitado ser protagonistas de acciones diversas en la consecución de instancias legales que reconocen nuestros Derechos como Pueblo Preexistente. Está en la Constitución Nacional y en la Provincial. Significa lisa y llanamente que estábamos antes que la actual organización nacional y provincial. Nuestras demandas no son privilegios sino derechos que poseíamos antes que nos lo arrebataran por la fuerza, sin nuestro consentimiento libre e informado", sostienen.

El escrito hace además un repaso por las leyes y organismos que reconocen los derechos de los pueblos originarios en todo el mundo: la Ley Nacional 23.302, el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), declaraciones de la OEA (Organización de Estados Americanos) y de la ONU (Naciones Unidas) y la Constitución Argentina. "Tanto las leyes mencionadas como las recomendaciones de dichos organismos internacionales, así como la Constitución Argentina, se expiden muy claro sobre el tema que nos ocupa: la Educación Intercultural y Bilingüe es un Derecho Indígena, no una gracia, y debe ser aplicado como tal con la plena participación indígena. Lo concibe la Ley Nacional de Educación, que le dedica un capítulo completo al tema. No se puede infringir ninguna Ley sin atenerse a las consecuencias", advierten.

"Se viola la Ley".

"Al no aceptar el PEP los aportes que hicieran los señores legisladores al proyecto de Ley de Educación de la Provincia de La Pampa, se viola la Ley Nacional 23.302/85 a la que La Pampa adhiriera en 1990 mediante Ley provincial 1228; la Ley Nacional 24.071 por la que Argentina adhiere al Convenio 169 de la OIT; la recomendación de la OEA del año 2002 en México, en la que el Pueblo Ranquel estuvo presente; la declaración de la ONU del 13 de septiembre de 2007, y el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional que expresamente ordena una educación Intercultural y Bilingüe para los Pueblos Indígenas", añaden.

Los firmantes de la carta acusan al gobierno de proponer al Poder Legislativo que ponga a una ley provincial por encima de otra de carácter nacional. "Por estos fundamentos, pedimos que, en el capítulo "Interculturalidad y Bilingüismo" se apruebe como lo dictaminó la Comisión de Educación de la Legislatura con los aportes que ha llevado el Consejo Educativo de los pueblos indígenas locales. Quedamos enteramente a su disposición para consensuar el respeto por el derecho adquirido de la forma más pacífica posible", finaliza el documento.

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