En pueblo chico, el infierno es grande

Una cooperativa tomaba depósitos en dólares aunque su estatuto lo prohíbe. Tras la devaluación, perjudicaron a los socios para proteger a los financistas.
Una de las cooperativas más grandes del país, motor de la agroindustria del norte santafesino, Chaco y Santiago del Estero, tiene un muerto en el placard que hace tiempo provoca comentarios en la zona y que por estos días reavivó los murmullos con la reactivación de una causa penal (entre varias) que se sigue en su contra. Se trata de la Unión Agrícola de Avellaneda (UAA), una entidad que supera el millar de socios, fuerte en el acopio de algodón y oleaginosas, con capacidad para operar 146 mil toneladas de granos. La Justicia investiga a miembros de su anterior Consejo de Administración de haber cobijado un negocio financiero paralelo –a pesar de que su estatuto de cooperativa lo prohíbe– y de haber perjudicado a los productores asociados para proteger los depósitos en dólares de los inversores, entre los que se contaban algunos directivos de la entidad. El reciente dictamen de un perito contable confirmó el desmanejo y puso a la poderosa cooperativa en la picota.

La investigación alumbró un incipiente desenlace con la última novedad: la declaración indagatoria de Héctor Braidot, actual presidente de la UAA y quien por aquellos años fuera el síndico. Según fuentes del caso, Braidot acabó por admitir la existencia de esas operaciones financieras y la discrecionalidad adoptada a la hora de cumplir los compromisos, en perjuicio de los socios. Asumido el juez Virgilio Palud en el juzgado de instrucción reconquistense, se aguarda que en los próximos días desfilen por el tribunal varios de aquellos directivos de la cooperativa involucrados en el asunto.

LA TABA SE DIO VUELTA. La historia que ha generado denuncias cruzadas, expulsiones de socios, juicios civiles y penales empezó a hervir en 2001. La conducción de la cooperativa –cebada por la liquidez que generaba su envergadura productiva de entonces– había ofrecido en los años previos unas cuentas especiales en dólares para inversores, con tasas de interés que competían con las de cualquier banco, aunque esa actividad le está vedada a una institución de su tipo. La devaluación del peso a finales de ese año descolocó el equilibrio de la UAA, fundamentalmente por haber tomado aquellos depósitos en dólares, cosa que no debería haber hecho. El ejercicio cerró con déficit y, según la investigación que trasciende en el ambiente judicial de Reconquista, el Consejo optó por afrontar la tormenta de litigios que iniciaron varios asociados, antes que defraudar a los depositantes en dólares que lucraban con la actividad financiera, explícitamente vedada por la ley.

Algunos agricultores como el ex presidente Ángel Gregoret, Carlos Serafini, Roberto Dolzani y Miguel Nalli tienen la certeza de que los directivos decidieron a conciencia perjudicar a los socios para salvar a los financistas, entre los que había integrantes del propio Consejo de Administración. En lugar de aplicar por aquel entonces el método del 1 a 1 más el CER, la UAA les reconoció cada dólar de los especuladores y ahorristas a $2,82. Por otra parte, dolarizó las deudas que los productores tenían con ella, a razón de $2,42 por dólar, por encima de lo que fijaba la ley en ese momento.

Las irregularidades fueron confirmadas el año pasado por un peritaje contable ordenado por quien cubrió la vacancia del juzgado, Fabiana Pierini. De allí surgió que la UAA en agosto de 2001 había captado depósitos en dólares por $5,28 millones. Al año siguiente, devaluación mediante, ese importe traducido en pesos se había inflado hasta representar $12,5 millones. Alguien debía sangrar, y fue el bolsillo (las cosechas y los campos también) de los productores.

A Gregoret, por ejemplo, la UAA le notificó una deuda de $250.000 pesos; luego de revisar los números, resultó que era la cooperativa la que le debía a él $150.000. Serafini, en cambio, no aguantó la espera ni tuvo fuerza para darse otra oportunidad: perdió todo, hasta la voluntad. El año pasado decidió acabar con su vida. Los denunciantes sostienen que son alrededor de 600 los productores afectados por estos desmanejos, y que una décima parte ya abandonó la actividad agropecuaria.

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