La organización periodística, con sede en Washington, publicó la base de datos con direcciones, nombres, fechas de inscripción, de cierre o el tiempo de inactividad de empresas de más de 200 países, desde China a Chile, que aparecieron en los documentos de un estudio de abogados panameño filtrado por una persona anónima a un diario alemán hace más de un año.

El ICIJ informó que no divulgaron datos personales en masa, ni registros de cuentas bancarias o transacciones financieras, sino que se limitaron a divulgar "información seleccionada de acuerdo al interés público".

La presunción que sobrevuela a toda la investigación es que estas empresas, fundaciones y fondos de inversión offshore pudieron ser creadas para eludir al fisco de los países de origen de esos capitales.

Un primer análisis de la base de datos reveló que el mayor caudal de empresas y personas vinculadas a las entidades offshore mencionadas por la filtración se encuentran en el hemisferio norte, en países como Suiza, China, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.

Las cifras son llamativas en esos países.

Por ejemplo, en Suiza el buscador encontró 4.595 ciudadanos o empresas suizas vinculadas a alguna offshore, pero al mismo tiempo más de 38.000 entidades en paraísos fiscales que pusieron como contacto una dirección en ese pequeño y rico país europeo. Algo similar aunque menos marcado pasa en Reino Unido y Rusia.

Al revés sucede en China, donde las entidades offshore con un domicilio de contacto de ese país apenas superan las 4.100, mientras las personas y las empresas chinas encontradas son casi 33.230.

Las cifras son mucho menores en América latina, con la evidente excepción de Panamá, el epicentro del actual escándalo mundial.

Después de este paraíso fiscal utilizado por ricos y famosos de todo el planeta, el país latinoamericano que le sigue es Uruguay, con más de 4.900 entidades offshore con domicilio de contacto en ese territorio y más de 2.000 ciudadanos o empresas suizas vinculadas a empresas, fundaciones y fondos de inversión offshore.

Los tres países que le siguen son Brasil, con 1399 y 2.056; Colombia, con 1.854 y 1.245, y Ecuador, con 1.852 y 928.

Por el contrario, uno de los países de la región que menos movimientos registra es Cuba, con apenas 11 entidades offshore con domicilio de contacto en la isla y 19 ciudadanos o empresas nacionales vinculadas.

Con la nueva base de datos, cualquier usuario que desee registrarse en la página web https://offshoreleaks.icij.org puede utilizar el buscador online según la nacionalidad de las personas involucradas en las empresas y cuentas offshore o según el paraíso fiscal en el que estas fueron inscritas.

Si un usuario selecciona el país Argentina, por ejemplo, tiene acceso, en la primera columna titulada "offshore entities" (entidades offshore) a todas las empresas, las fundaciones y los fondos de inversión que tienen un domicilio de contacto en el país, por ejemplo el de un estudio de abogados que participó en la operación legal.

En la siguiente columna, titulada "officers" (personas), se puede acceder a la lista de todos los individuos de nacionalidad argentina o empresas radicadas en el país que aparecen vinculados a una de las empresas, fundaciones o fondos de inversiones creadas en un paraíso fiscal a través del estudio panameño Mossack Fonseca.

Cliqueando en los nombres de individuos o de empresas, el usuario puede informarse sobre los datos básicos de esa entidad offshore y de las conexiones que tiene con otras compañías o intermediarias, que aparecen mencionadas en los millones de documentos filtrados en el escándalo bautizado como Panamá Papers.

La filtración, que sacó a la luz 214.488 compañías offshore creadas por el estudio panameño en los últimos 38 años, llegó al diario alemán Sueddeutsche Zeitung hace más de un año de manos de una persona, cuyo nombre aún no se conoce, que "lo hizo para exponer a esa criminalidad del mundo de los paraísos fiscales", contó la periodista argentina Marina Walker, vicepresidenta del ICIJ.

Esa persona publicó un manifiesto que se conoció la semana pasada y en el que aseguró que no trabaja ni trabajó "para ningún gobierno o agencia de inteligencia".

Correos electrónicos, cuentas bancarias, pasaportes y registro de clientes revelados tras un año de trabajo colaborativo de 376 periodistas de 77 países pusieron en jaque a 140 políticos, reyes y familiares, ganadores de premios Nobel y más de 500 bancos mencionados como poseedores de empresas offshore.

Entre los nombres más resonantes, el affaire salpicó a los presidentes de la Argentina, Mauricio Macri; de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Petro Poroshenko, así como al primer ministro británico, David Cameron, y a su ex par islandés Sigmundur Gunnlaugsson, éste último el primero en renunciar por el escándalo.

También figuran en esta filtración de datos -que es 47 veces más grande que la famosa de Wikileaks de 2011- los reyes de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, la hermana del rey emérito de España, familiares de nueve líderes chinos que estuvieron en el poder desde el gobierno de Mao Tse-tung al actual de Xi Jinping, herederos del dictador Francisco Franco, el escritor Mario Vargas Llosa y hasta el astro argentino del fútbol Lionel Messi.

En la región, además, también resonaron nombres como el del hasta hace poco jefe de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, impulsor del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff; el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, y Pedro Miguel Delgado Campaña, ex gobernador del Banco Central de ese mismo país sudamericano y primo del presidente, Rafael Correa.

El escándalo mundial sólo provocó una renuncia en América latina, la del presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau Swett, titular del órgano del gobierno que se ocupa del acceso a la información pública.