Prunotto propone expropiar el C.A.S.M.

El proyecto de la senadora fue aprobado por unanimidad en la Cámara Alta provincial. La propia Prunotto informó de la situación del Club San Miguel a Scioli y a Balestrini.
Mediante la iniciativa se intenta lograr la declaración de utilidad pública y la expropiación de los inmuebles en los cuales funciona el complejo de deportes del club Atlético San Miguel como los servicios educativos pertenecientes a dicha institución: Jardín de Infantes, Primaria y Polimodal, todos con el reconocimiento de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de Gestión Privada dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

“La situación económica ha afectado particularmente al Club Atlético San Miguel como lo ha hecho con otras instituciones deportivas de nuestra provincia, lo que debe sumarse quizás, una administración deficiente de la entidad por parte de sus autoridades que finalmente la ha llevado a la situación jurídica de quiebra”, fundamenta el proyecto.

La realidad de la institución deportiva sanmiguelina, quizás una de las más importantes del distrito, entró en quiebra y está bajo la decisión del Juez Sergio Pratto, en un proceso judicial que tampoco le encuentra la vuelta a la situación y que terminaría en el peor destino para la institución. Para la expropiación la provincia debe afrontar los 4 millones de deuda que tendría el club.

Hasta el momento, oficialmente, el poder político no había tenido ingerencia en la búsqueda de soluciones, pero ahora parece que algunos dirigentes comprendieron el valor de una institución como la del Atlético y comenzaron trabajar en pos de su salvataje.

“Resulta inminente la actuación del Estado provincial a los efectos de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios educativos de marras, que albergan una población de aproximadamente 800 alumnos, salvaguardar la fuente laboral de los docentes que allí trabajan como asimismo preservar este espacio social e histórico para la comunidad local de San Miguel, cuyos derechos deben contemplarse y respetarse”, reclamó la legisladora en su proyecto.

También se advierte “el sistema educativo provincial está integrado por todos los establecimientos educativos de todos los ámbitos, niveles y modalidades de gestión estatal y de gestión privada, en el caso particular que nos ocupa, la provincia a través de la Dirección General de Cultura y Educación garantizará la continuidad de estos servicios, como también el mantenimiento de la matrícula estudiantil y la fuente laboral, porque la educación es una prioridad para el Estado provincial”.

La medida se justifica también en “que el mayor pasivo de la entidad es como consecuencia de deudas impositivas tanto con el estado nacional como provincial, es que se procura brindar una solución inmediata a la situación promoviendo el presente proyecto de ley sobre expropiación de los inmuebles ubicados en la localidad de San Miguel”.

En los fundamentos del proyecto se asegura que “esta herramienta legal resulta necesaria para allanar el camino hacia una resolución pronta y eficaz que ponga fin al cuadro actual de conflicto, pero que sobre todo permita al Estado provincial cuidar la observancia de derechos de envergadura constitucional y dar respuesta a las necesidades sociales de la comunidad de esta parte del conurbano bonaerense”.

El próximo miércoles el expediente tendrá tratamiento por Diputados de la provincia y, de aprobarse sin modificaciones debería contar con la promulgación del Ejecutivo, que ya fue informado por la propia legisladora autora del proyecto.

Siendo así, en su artículo segundo se sanciona claramente que “los inmuebles que se expropian por la presente ley serán transferidos a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires con el fin de garantizar la prestación educativa que se brinda en los establecimientos educativos mencionados en el artículo primero y el uso y goce de las instalaciones con destino a deporte y cultura”. Además, demostrando celeridad en la decisión, se asegura, en el artículo segundo “autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar en el Presupuesto general de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio vigente las adecuaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente ley”.

Además de conseguir unanimidad en la aprobación en el senado provincial, la Senadora Prunotto logró que el proyecto sea acompañado con la firma de los legisladores Jorge Luis Pirozzolo y José Manuel Molina (Vicepresidente 2º del cuerpo). Como dato anecdótico, si se quiere, debe hacerse mención a un seguro conflicto entre este último senador y su asesor, Aldo Rico, quien fue uno de los mentores del plan Fénix para salvar al Club, que no prosperó.

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