La prueba escrita será clave para elegir los postulantes a magistrados

El examen otorgará 55 puntos, mientras que 35 serán por antecedentes y 10 por la entrevista.
Ha quedado en claro que, para mayor objetividad de la selección que concretará el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), la prueba de oposición escrita que rendirán los postulantes será el aspecto más relevante de los concursos públicos que han de celebrarse para la cobertura de las vacantes en el Poder Judicial.

Según la Ley 8.197, por el examen escrito podrán ser concedidos hasta 55 puntos; por los antecedentes, hasta 35 puntos, y por la entrevista, hasta 10 puntos. Pero, para acceder a la última fase (la de la entrevista con los consejeros), los aspirantes deberán sumar como mínimo 60 entre los puntos que les asignaran por la prueba y por los antecedentes.

La entrevista tendrá por fin conocer qué los motiva a los concursantes, cómo desarrollarían eventualmente la función, así como sus conocimientos sobre interpretación de cláusulas constitucionales, y sobre la jurisprudencia de las cortes supremas nacional y tucumana. Luego, el CAM determinará "fundadamente el puntaje de cada uno", según el artículo 44 de su reglamento.

Un rico debate

El primado de la prueba de oposición se advertirá en el momento de la confección del orden de mérito definitivo, a partir del cual el CAM remitirá al Poder Ejecutivo "un dictamen fundamentado y motivado" con los nombres de los cinco que hubieran obtenido el mayor puntaje entre las tres etapas. Entonces, si hubiera dos o más postulantes con la misma calificación prevalecerá el que hubiera conseguido mayor puntaje en el escrito.

Esta disposición generó una polémica el miércoles. Mirtha Ibáñez de Córdoba, representante de los magistrados del sur, propuso que se desempatara mediante una nueva entrevista o con otra prueba. "¿Por qué hay que inclinar la balanza hacia la oposición si la Ley 8.197 ya ha concedido más puntaje a esa fase? Todo es importante. Nada lo es por sí solo. Los antecedentes también lo son y no implican sólo la antigüedad en un cargo, sino también los cursos y la capacitación", esgrimió.

Con contundencia, Antonio Gandur, presidente del CAM, replicó que, precisamente, si la Ley 8.197 asigna mayor puntaje a la oposición a ella hay que priorizar. "Eso es lo que debe gobernarnos. De otro modo, se desvirtuaría la primacía que la ley otorgó a esa etapa", retrucó.

Pese a que Antonio Bustamante, consejero por los abogados de la capital, se mostró más conciliador respecto de la propuesta de la magistrada, Jorge Cinto, referente de los letrados del sur, selló y reforzó la suerte de la tesis de Gandur. "Es en la prueba de oposición donde debe advertirse la relevancia de esos antecedentes", remató.

Comentá la nota