Los proyectos de edificios posteriores a mayo de 2006 deben gestionar Certificado Ambiental

Los proyectos de construcción de edificios que se empezaron con posterioridad al 3 de mayo de 2006, cualquiera sea el uso y el estado en que se encuentren, con superficie superior a los 400 metros cuadrados en el Área Central y de más de 1000 metros en el resto de la ciudad y que aún no tengan el final de obra, deberán iniciar los trámites para obtener el Certificado de Aptitud Ambiental Municipal.
Así lo establece la resolución 25 de la Secretaría de Planeamiento Municipal, de fecha 8 de agosto de este año, que dispone además la realización de un estudio de Impacto Ambiental y Social Acumulativo del Área Central de la ciudad, a fin de evaluar las afectaciones sobre el ambiente y las redes de infraestructura de servicios para determinar las medidas de corrección o mitigación que resulten necesarias.

La fecha del 3 de mayo de 2006 es la de la promulgación de la ordenanza 12745, que Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Social -EIAS- para la jurisdicción de la Municipalidad de la Ciudad de Salta.

La decisión de la secretaría de Planeamiento Municipal se conoció seis días después que la Procuración General produjo un informe en el que detalla que la Municipalidad autorizó la construcción de 40 edificios, a través de un denominado "sistema de transición legislativa", obviando los requisitos establecidos por las normas urbanísticas.

Esas excepciones fueron otorgadas mediante las comisiones CASA y CAT (Comisión de Análisis de Situaciones Atípicas y Comisión Asesora Técnica).

La Procuración informó además que "se omitió toda referencia a si dichas obras contaban o no con el certificado ambiental municipal ó provincial, lo que sería determinante para verificar si estas actividades tuvieron una evaluación social y ambiental preventiva que asegure su sustentabilidad, para poder permitirlas".

Con posterioridad, la Procuración hizo a la Municipalidad un requerimiento más completo sobre la información ambiental relativa a la totalidad de las edificaciones en la Ciudad de Salta.

En ese sentido la Procuración sostuvo que "resulta de fundamental importancia para poder conocer el impacto acumulado, real y global en el medio ambiente urbano, y poder proteger de una manera correcta los derechos colectivos relativos a la calidad de vida de los salteños y salteñas".

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