Un proyecto que suma interrogantes

El "Memorandum de entendimiento" y los "Puntos centrales del acuerdo de gas" celebrado entre la Provincia y la empresa Tierra del Fuego Energía y Química Sociedad Anónima, plantean diversos interrogantes cuyas respuestas no surgen de los instrumentos que fueran ratificados por la Gobernadora por Decreto, por lo que es de esperar que estas dudas sean evacuadas ante el Parlamento, antes de que los legisladores los aprueben.

El memorandum de entendimiento y los puntos centrales del acuerdo de gas celebrado entre la Provincia y la empresa Tierra del Fuego Energía y Química Sociedad Anónima, plantean diversos interrogantes cuyas respuestas no surgen de los instrumentos que fueran ratificados por la Gobernadora por Decreto, por lo que es de esperar que estas dudas sean evacuadas ante el Parlamento, antes de que los legisladores los aprueben.

De una primera lectura del memorandun de entendimiento firmado el pasado viernes de 10 octubre parece desprenderse que el Poder Ejecutivo Provincial decidió resignar voluntariamente la jurisdicción de la Justicia Provincial e inclusive de la nacional, al acordar que cualquier diferendo que surja de la aplicación del convenio será sometido a un mecanismo de arbitraje internacional.

También plantea algunas dudas el alcance de la cláusula en la que se estipula que en caso de que la Provincia no exigiera a los productores de hidrocarburos el pago de las regalías gasíferas en especie, o si aquellas no cumplieran "con dicho pago", la empresa Tierra del Fuego Energía y Química (TFEQ)"quedará automáticamente subrogada en los derechos de la provincia para reclamarle a dichos productores, por la vía que estime pertinente, el pago de las regalías en especie".

Tampoco surge de los mencionados instrumentos qué sucederá si ante una supuesta declinación de la producción de los yacimientos fueguinos, la provincia se viera imposibilitada de cumplir con el compromiso "de suministrar a TFEQ 1,5 millones de metros cúbicos de gas natural por día". En el memorandum sólo se establece que "en ningún caso se admitirá la reducción del volumen acordado, sin previo consentimiento de ambas partes". ¿Si la empresa no consintiera esa disminución forzada, la provincia debería entonces adquirir gas a un tercero para cumplir con la obligación asumida, o la cuestión será materia de resolución por la vía del arbitraje internacional?

Pago por adelantado, ¿y si el proyecto no se concreta?

Uno de los principales interrogantes que planta este acuerdo es qué sucederá con el pago adelantado de la compra de 38 meses de gas comprometido por la empresa (unos 330 millones de pesos), si el proyecto de instalación de la planta de metanol finalmente no se concreta.

En el documento "Puntos centrales del acuerdo de gas" se precisa que el mencionado adelanto se hará efectivo un 33% "a la fecha de la aprobación legislativa del presente acuerdo"; un 33% "durante el mes de diciembre de 2008" y el 34% restante "durante el mes de mayo de 2009".

Pero en ningún momento se prevé un mecanismo de devolución de esos fondos en caso de frustrase la inversión.

Desde diciembre 1992 rige en la provincia la ley de medioambiente, que estableció la obligatoriedad de realizar "estudio del impacto ambiental previo" de los proyectos "de desarrollo energéticos" y de "industrias químicas, farmacéuticas y petroquímicas", entre otras.

Estos estudios e informes de "evaluación del impacto ambiental en todas las etapas de desarrollo de cada proyecto y del impacto del ambiente sobre el proyecto, obra o acción de referencia" deben ser presentados por "las personas físicas o jurídicas responsables de proyectos, obras o acciones que degraden o sean susceptibles de degradar el ambiente".

Por la información brinda hasta ahora por el Gobierno, no trascendió que la empresa TFEQ haya presentado antes las áreas pertinentes del Estado provincial ningún estudio de estas características, lo que se ve agravado por el hecho de que en ninguno de los documentos suscriptos se haga la más mínima mención la tipo de tecnología conque contará la planta de metanol que se pretende instalar en Tierra del Fuego.

En el supuesto de que la Legislatura ratifique estos acuerdos, la empresa libere parcial o totalmente el adelanto de más de 300 millones de pesos, pero el proyecto se frustre por no resultar aprobado el estudio de impacto ambiental qué sucederá; la provincia ¿deberá devolver el dinero percibido o no?

Y si una vez ya realizado algún pago del adelanto el proyecto no se concreta por decisión de la empresa, qué sucederá con el dinero en cuestión.

Estas parecen ser algunas de las cuestiones que deberían ser aclaradas por el Gobierno a la brevedad, poniendo para ello a disposición de la sociedad toda la documentación vinculada a este potencial emprendimiento.

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