El proyecto para extraer cobre y oro en Uspallata ante la consulta pública

El proyecto para extraer cobre y oro en Uspallata ante la consulta pública
Hasta el 13 de octubre podrán hacerse observaciones, antes de la audiencia. Esperan dictamen técnico de UTN

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Desde hoy, entidades científicas y académicas, ONGs y el público en general tienen por delante 54 días hábiles para interiorizarse de los detalles del proyecto minero San Jorge, que pretende explotar cobre y oro en Uspallata durante 17 años. La consulta pública es vinculante con la audiencia que seguramente sellará el futuro del emprendimiento presentado por Coro Minning en setiembre de 2008.

Hasta el 13 de octubre (el plazo fijado es de 60 días y comenzó el 20 de julio) los detalles de la iniciativa y el informe de impacto ambiental estarán disponibles en la Dirección de Minería, la Dirección de Protección Ambiental (que depende de la Secretaría de Ambiente), y la Municipalidad de Las Heras, tanto en la sede comunal como en su delegación de Uspallata.

Mientras tanto, desde principios de abril un equipo de profesionales de la UTN lleva adelante un dictamen técnico en base al informe, que finalizaría en unos 20 días; su falta es, por ahora, una objeción inicial de algunas ONGs, aunque para los ejecutivos de Coro no es un impedimento para avanzar.

Sin embargo, el texto de la propuesta de la empresa minera debió introducir no menos de 66 modificaciones hasta aquí relativas a pedidos de ampliación de información.

Cabe recordar que la manifestación de impacto ambiental ingresó a la Secretaría de Ambiente el 22 de setiembre del 2008. Uno de sus fundamentos es la baja incidencia que, según técnicos de la minera, asegura el método de flotación propuesto para extraer, como pretenden, hasta 40 mil toneladas de cobre y unas 40 mil onzas de oro por año.

Es la carta de presentación más fuerte de la compañía de capitales canadienses para salir al cruce de los planteos de contaminación, ya que, de acuerdo a lo expuesto hasta ahora, permite prescindir del uso de ácidos.

"Nuestra función es facilitarle al público el acceso a la documentación, recoger las inquietudes y trasladarlas a la empresa, que deberá responderlas o acatarlas si son irrefutables", explicó José Bucca, de la Dirección de Minería y miembro de la CEIAM (Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera), que también integran funcionarios de Ambiente, de la UNC, CCT (Centro Científico Tecnológico)-Conicet Mendoza y el INA (Instituto Nacional del Agua), entre otros entes.

En tanto, el titular de Minería provincial, Pablo Navarra, estimó que antes de fin de año el informe final de la Comisión (incluidas las oposiciones de cada sector) estará listo, y, de no haber demoras,la audiencia será a principios de 2010.

Si bien luego del 13 de octubre habrá 15 días hábiles para presentar los planteos sectoriales por escrito, Pablo Alonso, gerente de Relaciones Comunitarias de Coro Minning, señaló que "vamos a contestar todos los cuestionamientos más allá del dictamen, y pretendemos hacerlo antes de la audiencia pública, si bien es lógico que la Comisión así lo exija".

Paralelamente, la firma gana tiempo y ya anticipó la discusión legislativa mediante distintas reuniones con senadores y diputados. Es que su plan de iniciar la construcción de la planta en el primer bimestre del 2010, dicen, en caso de lograr la habilitación a tiempo, arrancará casi un año después.

Desde el punto de vista económico-financiero, Alonso también defendió la propuesta "porque no es contaminante ni saqueante, como se dice por ahí, ya que dejará el 57% de su flujo de caja en el país".

Por su parte, Eduardo Sosa, presidente de la organización ambiental Oikos reconoció que "estamos evaluando la iniciativa y ya encontramos algunas inconsistencias en el estudio que plantearemos durante el proceso". Sin adelantar detalles, Sosa dio algunas pautas vinculadas al impacto ambiental, al plan de desarrollo que involucrará y a la inexistencia de un plan de cierre de la mina a futuro.

"Aún no tenemos una conclusión, pero hay que recalcar que, si bien el decreto 820/06 lo permite, sin el dictamen técnico se hace difícil una evaluación completa. Si ésta es minuciosa y rigurosa científicamente, es crucial para cotejarlas con las preocupaciones de los ciudadanos, que hasta ahora sólo son percepciones", finalizó.

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