La jornada de ayer estuvo marcado por una dura advertencia enviada por el gobierno español sobre el costo que podría tener la reestatización de la empresa controlada por Repsol. Además la iniciativa oficial habría encontrado el rechazo de los gobernadores de las provincias productoras de petróleo, ya que el proyecto que trascendió les daría un mínima cuota en las decisiones de la empresa.

Durante la jornada circuló en el Congreso Nacional un proyecto completo -sin membretes a la vista- en el que se definía la compra del 50,11% de las acciones por parte del Estado argentino.

Los titulares de los bloques oficialistas negaron la iniciativa fuera la del Ejecutivo nacional, pero trascendió que los legisladores del FpV ya tenían conocimiento de esta iniciativa, que declara de "utilidad pública" las acciones de la empresa YPF.

Compuesto por 62 artículos, el texto, que se iniciaba con el título "De la recuperación del control de YPF", sostenía "Declárese de utilidad pública y sujetas a expropiación el 50,11 por ciento de las acciones 'clase D' de la empresa YPF SA".

En otro punto, la iniciativa oficial establece que el Estado se apropiará de las acciones de la empresa distribuidas del siguiente modo: 100.145.077 "pertenecientes a Pertersen Energía SA y sus sociedades afiliadas" y 96.558.291 "acciones pertenecientes o controladas por Repsol YPF SA en forma directa o indirecta". "El Poder Ejecutivo Nacional actuará como expropiante, quedando facultado para transferir la titularidad de las acciones, una vez expropiadas, a cualquier organismo o empresa publica de propiedad del Estado Nacional", indica el artículo 2 del proyecto.

No obstante, alrededor de las 19, una fuente de la oposición señaló que "parece que dieron marcha atrás con el proyecto porque los gobernadores se plantaron", en discrepancia con la iniciativa que circuló.

Anoche, la jefa de Estado se reunió con los gobernadores petroleros, quienes previamente habían acordado con De Vido disminuir la presión sobre la compañía petrolera.

Allí estaban los gobernadores de la región, Jorge Sapag y Alberto Weretilneck. El neuquino había adelantado días atrás que YPF se iba a convertir en una sociedad mixta con fuerte presencia del Estado argentino.

El clima de tensión se evidenció por la escasa información pública que se dio tras el encuentro. Promediando el mismo, pareció poco casual la presencia del vocero Alfredo Scosimarro, comunicando que el gobierno norteamericano solicitó una reunión de Barack Obama con su par argentina (ver página 4), para luego decir que no tenía nada más que hablar.

A última hora, la presidenta recibió al embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Arguello. De pronto todo pasó trasladarse al plano internacional. Un dato para tener en cuenta: los numerosos inversores norteamericanos en Repsol. Hace veinte días un diario ibérico de negocios publicó que España le pidió a Obama que interceda ante el gobierno argentino por YPF.

Durante la jornada, el titular de la empresa Repsol-YPF, el español Antonio Brufau, se había reunido con el ministro de Planificación e Infraestructura Julio de Vido, quien había rechazado el plan de inversiones que la empresa se apuró a presentar en medio de la ofensiva oficial.

El ministro rechazó la oferta del holding español al considerarla como insuficiente para las necesidades del país, sin especificar cuáles eran las demandas oficiales, sea para la producción de petróleo como para la extracción de gas.

Paralelamente se conoció la dura postura que adoptó el gobierno español de Mariano Rajoy, que a través de su ministro de Industria, José Manuel Soria, advirtió desde Varsovia que cualquier "hostilidad" contra una empresa ibérica, entre la que figura Repsol YPF, será considerada una "hostilidad contra España y su gobierno" y aseguró además que este tipo de acciones tendrán "consecuencias". (Ver nota aparte)

Repsol posee un 57,4% de YPF y el grupo Petersen (familia Eskenazi), el 25,5%. Hasta ahora, el Estado posee el 0,02% y la acción de oro, que le permite aprobar o denegar operaciones grandes sobre YPF.