Martes a las 17. Ése es el horario para el cual fue convocado el plenario de comisiones que comenzará a discutir la nueva Ley de Abastecimiento y los proyectos vinculados con Defensa del Consumidor. La primera iniciativa busca mayores facultades estatales para intervenir en la dirección de las empresas. Contempla la posibilidad de incautar productos, determinar niveles de producción y precio sin autorización previa de un juez. También elimina la pena de prisión -vigente actualmente- para los delitos previstos en la norma.

El resto del paquete normativo incluye la creación del fuero de defensa del consumidor para equilibrar la relación entre usuarios y empresas. De acuerdo a lo que anunció el Gobierno, el plan incluye un proceso más rápido para que los compradores puedan hacer respetar sus derechos. El régimen administrativo actual se queda corto y la mayoría de los consumidores rehúsan del mecanismo porque los beneficios son prácticamente nulos.

La reforma a la ley de abastecimiento es la que concentró más críticas. Las principales entidades empresarias se unieron para criticar al proyecto porque creen que generará mayor recesión en un momento complicado de la economía. La semana pasada hubo pronunciamientos expresos de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Argentina de Empresas (AEA), y la Copal.

El Poder Ejecutivo dice que el paquete de leyes tiene el fin de proteger a la parte más débil en las relaciones de consumo. Además creen que se trata de una herramienta eficaz para intervenir en el mercado de precios en un año con una inflación oficial altísima, superior al 15% en los primeros siete meses. Y del doble en los registros de las consultoras privadas.

La oposición está en contra de las reformas. El Frente Renovador de Sergio Massa anunció que votará en contra. Incluso adelantó que también irá por la derogación de la Ley Antiterrorista que el Gobierno quiere aplicar contra la imprenta Donnelley. El presidente del bloque radical de la Cámara de Diputados, Mario Negri, anticipó que también se pronunciarán en contra sobre tablas en la sesión prevista para el 27 de agosto.

Uno de los más duros fue el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri. El líder del PRO dice que el proyecto oficial "viene a poner por escrito las barbaridades que hacía Guillermo Moreno". La descripción no es antojadiza: en las últimas semanas algunos empresarios empezaron a notar que el funcionario exiliado en Roma recuperó ciertos espacios de poder.

El secretario de Comercio, Augusto Costa, se transformó en la voz de defensa del proyecto. dice que el nuevo proyecto no prevé mayores avances sobre la propiedad privada que los que rigen actualmente. Y reiteró que están abiertos a debatir cambios con las entidades empresarias. En el mismo sentido se había pronunciado la presidente Cristina Kirchner en su último discurso público.