El proyecto del oficialismo mantiene todos sus aspectos más polémicos

Plantea un control discrecional sobre los medios, inseguridad jurídica y avance del poder estatal.
Con algunas modificaciones -ninguna de fondo- respecto del anteproyecto presentado el 18 de marzo, en el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual siguen apareciendo riesgos para la libertad de expresión y la independencia de los medios. En el texto subsisten amplios márgenes de arbitrariedad del gobierno a la hora de manejar las licencias. También hay afectación a la seguridad jurídica y una apuesta a generar medios dependientes de la pauta estatal. Las principales críticas se centran en tres aspectos:

Intervencionismo y control sobre los medios: La ley le da amplias facultades al poder político para diseñar un sistema mediático a medida. Esto se observa, por ejemplo, cuando permite autorizar o no la existencia de señales de cable (hoy de libre generación, como los canales de noticias). O cuando impone restricciones que no existen a nivel internacional, como la imposibilidad de tener un cable y un canal abierto en la misma área. Los especialistas en defensa de la competencia, como Gabriel Bouzat, consideran esta restricción arbitraria y explican que ambos mercados (cable y TV abierta) son diferentes, ya que uno produce contenidos y otro los distribuye.

Entre las escasas novedades, aparece un nuevo gravamen a las señales de cable, lo que podría desalentar su producción. Otras directamente deberían desaparecer, ya que sus licencias se computan como si utilizaran espectro radioeléctrico.

Con la idea de forjar un sistema comunicacional adicto, el proyecto no sólo amplía la cantidad de medios estatales sino que deliberadamente omite regular la publicidad oficial, lo que le permitirá al Gobierno controlar medios comunitarios y privados, que ahora serán más débiles. Además, al avanzar sobre los actuales licenciatarios, obligándolos a desinvertir aunque estén cumpliendo la ley, permite que esos medios sean comprados a precio de remate por empresas cercanas al poder, como ya sucedió con radios y canales de TV.

Otra de las críticas es que la autoridad de aplicación siga siendo dependiente del poder político y no un organismo técnico. Uno de los artículos retocados es el 40, que establecía una revisión de las reglas de licencias cada dos años. Ahora se mantiene ese plazo, pero se agregó que sea en virtud "de la aplicación de nuevas tecnologías, preservando los derechos de los titulares de licencias". No queda claro, de todos modos, qué implicancias o efectos tendría esa revisión bianual.

Un punto polémico que ni siquiera se tocó fue la discrecionalidad del Poder Ejecutivo cuando los solicitantes de una licencia sean medios de comunicación, como diarios o revistas. Aquí el Gobierno podría usar un sistema de premios y castigos, autorizando a los leales y castigando a los críticos.

Presiones y arbitrariedad: La amplia y reiterada delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, y el gran espacio que se le reserva al nuevo Comfer a la hora de otorgar y renovar las licencias, se traduce en una herramienta de presión sobre las emisoras. El ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Asdrúbal Aguiar, señaló las similitudes de este proyecto con la ley venezolana de medios (aprobada por el chavismo en 2005), que abrió la puerta para el control de contenidos y el acallamiento de voces.

Amenaza a la seguridad jurídica: Como sostuvo el constitucionalista Gregorio Badeni, "en la Argentina las leyes no pueden tener efecto retroactivo si afectan derechos adquiridos o garantías constitucionales, por lo que la norma supone una lesión grave". Este fue uno de los puntos más cuestionados y sin embargo no fue modificado. Obliga a los licenciatarios a desinvertir en menos de un año, ignorando inversiones hechas en base a un marco legal y económico vigente. Según ADEPA, "más que normas generales se trata casi de medidas de presión frente a situaciones particulares. El peligro es que voces nacidas al amparo de la ley terminen restringidas bajo criterios ex-post".

El proyecto mantiene, con pequeños cambios de redacción, la polémica autorización a las empresas telefónicas para ingresar en el mercado de medios, a pesar de la prohibición establecida en sus pliegos y de la asimetría económica que presentan, por ejemplo, frente a los cables.

En definitiva, el proyecto no modifica en lo sustancial lo conocido hace cinco meses en el Teatro Argentino de La Plata. Meses donde el gobierno pareció elegir a los medios de comunicación como otro de sus blancos predilectos para la confrontación.

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