El proyecto oficial para los medios audiovisuales desató la polémica

Le da al Gobierno poder discrecional para condicionar a la prensa.
La Presidenta Cristina Kirchner metió de lleno en la campaña electoral una polémica reforma a la Ley de Radiodifusión. Lo hizo en un acto partidario en La Plata, al que invitó hasta a embajadores para darle un pretendido carácter institucional. Pero los mismos tres meses que ella fijó para debatir el proyecto oficial coinciden con los que van de aquí hasta los comicios del 28 de junio.

Es difícil despegar esto de las aspiraciones siempre vivas del Gobierno por controlar lo que se publica y difunde por los medios independientes. El eslogan del kirchnerismo es que está reformando una ley de la dictadura. Y es cierto. Lo que no dice es que va, en muchos sentidos, en la misma dirección de la norma que pretende abolir.

Y marcha también a contramano de otro de los argumentos que desde el poder político se esgrime, como decir que se ajusta a los actuales parámetros internacionales. En los Estados Unidos y en España, por ejemplo, los legisladores están avanzando en flexibilizar y modernizar las normas audiovisuales para sostener los medios en este contexto de crisis. Aquí, las cosas son opuestas. Se dibujó un escenario que más bien parece un ring de box, en el que la prensa ocupa el lugar de un poder desafiante, y no parte imprescindible de la democracia. Como si la tutela oficial fuera una garantía democrática para el pluralismo y la libertad de prensa.

El texto pretende legitimar el poder discrecional del Gobierno para aceptar o no el otorgamiento de licencias en el espectro audiovisual. Son superpoderes mediáticos. Es decir, si un medio gráfico quiere participar en una radio, un canal de TV abierta o en una señal de cable, deberá someterse a la decisión del Gobierno. Así de simple. El Ejecutivo decidiría el destino de cada licencia. Los gobiernos podrían silenciar o premiar a determinados grupos por su línea editorial. Además, el proyecto abre la posibilidad a todas las empresas de servicios públicos de ingresar al mercado de los medios. A contramano de lo que había legislado el Congreso en 2005 en la última modificación de la ley actual. Ahora, prestadoras de gas, agua, electricidad y telefonía podrían dar televisión, aprovechando su envergadura económica y los subsidios cruzados para depredar el mercado. En el caso de las telefónicas, esto además violaría expresamente el pliego de licitación de ENTEL y el precio pagado por ella, como explica el especialista Henoch Aguiar (ver aparte). En otras palabras, en vez de desalentar la concentración y los monopolios que tanto dicen preocupar, se incentivan los mismos en manos de las grandes operadoras de servicios públicos.

Cuando se sancionó la actual Ley de Radiodifusión en 1980, la dictadura militar buscaba voces débiles y férreamente controladas. De allí que por primera vez se restringió el acceso de las empresas periodísticas a las licencias de radiodifusión, una tradición que reconocía antecedentes desde los 60.

Paradójicamente el anteproyecto conocido el miércoles retoma ese espíritu restrictivo, concentrando en el Poder Ejecutivo la decisión discrecional de aceptar o no el ingreso de otros actores mediáticos a las licencias de radio y TV.

Respecto de la cantidad de licencias en manos de un mismo operador, las idas y vueltas de la legislación sorprenderían a cualquiera. El proyecto prevé el límite en 10 (frente a las 24 actuales), pero con algunos condicionamientos curiosos: en el cómputo incluye a las señales de cable, que nunca estuvieron reguladas por el Gobierno y que no utilizan espectro radioeléctrico. ¿Existe la pretensión de controlar a los canales de noticias? Otro dato: no se permitiría tener un canal de cable y otro abierto en la misma área de cobertura, un esquema que no registra antecedentes, aquí ni en ninguna parte.

Mientras que la TV satelital puede llegar a todo el país con una sola licencia, al cable se le impone un límite de 24 a nivel nacional, pero lo llamativo es que no se aclara la extensión territorial de esas mismas licencias. Otra vez, destinadas al arbitrio del Gobierno.

Otro costado polémico está vinculado a la inseguridad jurídica, ya que el nuevo proyecto no reconoce las inversiones realizadas. De esa manera, además de vulnerarse derechos, se favorecería la toma hostil de compañías de medios por parte de eventuales aliados del poder político .

La televisión móvil por celular no podrá ser prestada por los licenciatarios actuales, pero tampoco se explicita quiénes serían los encargados de hacerlo.

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