Proyecto de nueva Ley de Alquileres ya provoca polémicas

Consultado por Cazador de Noticias, el martillero Alejandro Acampora -vicepresidente segundo de la Cámara Inmobiliaria de la Pcia. de Buenos Aires y su representante en nuestra ciudad- habla ya de polémicas que está provocando el proyecto de una nueva ley de alquileres.
El profesional, indicó que "el mismo fue presentado en el Senado de la Nación por la senadora del FPV por la Rioja, Teresita Quintela y ha comenzado a ser tratado en la Comisión de Asuntos Municipales que ella misma preside".

De acuerdo a los datos obtenidos, dice "que este proyecto (S-337-09) modifica el plazo de las locaciones ampliándolo a 5 años para las viviendas familiares y a 6 años para los estudios y locales comerciales en vez de 2 y 3 como es ahora y que la renovación del plazo será automática, a menos que el locador tenga motivos fundados para no hacerlo".

Además, "el precio del alquiler para el caso de las unidades actualmente alquiladas, resultara de dividir el valor de la propiedad por 150, de acuerdo a la Tasación Fiscal o Revalúo Urbano de cada municipio, pudiendo el locador solicitar que este valor se actualice anualmente".

Entre otros cambios, la Ley pone a los Bancos como garantes, ofreciendo obligatoriamente una forma de Seguro de Caución cobrando por ello un mes de alquiler con este motivo, lo que hará que sea imprescindible que todos los alquileres se depositen en la cuenta especial del banco.

También este proyecto propone crear una Organización Estatal de Locaciones Urbanas para Alquilar, que tendrá la responsabilidad de construir anualmente 10 millones de metros cuadrados destinados a viviendas urbanas, estudios profesionales y locales comerciales.

El martillero Acampora, que cuenta con 36 años de trayectoria en nuestro medio, entiende que "este proyecto de ley es retroceder en el tema a la década del ’40, que tanto daño ha hecho al mercado locativo nacional" y adhiere a los comentarios y declaraciones que desde distintos sectores se han levantado en contra de este proyecto.

"La intervención del estado en este tema, siempre ha sido conflictiva y contraproducente", dijo, "volviéndose en contra del interés de ambas partes, locador-propietario y locatario o inquilino".

Bien lo han declarado públicamente diversas entidades, como la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, la Cámara de Propietarios de la República Argentina, la Cámara Inmobiliaria Argentina y el Centro Argentino de Derecho Inmobiliario y Propiedad Horizontal, -entre las primeras que se han pronunciado-, las que consideran que "se trata de un proyecto cuasi dictatorial y al parecer concebido sin sentido común, carente de visión económica general y alejado del mundo empresario y productivo, tanto industrial como comercial, ya que es acometedor contra la construcción (actualmente uno de los principales motores económicos), agresor de la propiedad privada (ataca el derecho constitucional de comerciar), ahuyentador de inversiones en general (aleja más a nuestra nación del mundo moderno, negando a las empresas su importante misión en el crecimiento económico, como enriquecer al Estado y promover el trabajo y la producción), es amedrentador de la ciudadanía, aniquilador de actividades comerciales lícitas, castiga a los inversores en propiedades inmobiliarias que prefirieron arraigar sus finanzas sin girar sus ahorros al extranjero, es arremetedor a la iniciativa privada y la producción, burocratizante, confiscatorio de bienes, congelador de sinnúmero de industrias, creador de nuevos entes públicos sobre los muchísimos inoperantes y costosísimos existentes (crea un burocrático y costoso ente público con facultades para administrar, construir, confiscar y alquilar inmuebles, con delegaciones en casi todas las ciudades del país o sea muchísimos más gastos y numerosos nombramientos, agregando más sujetos a funciones administrativas de bienes ajenos que alientan la corruptela y gestión de "influencias")".

También, estas entidades expresan que "el proyecto es destructor de empresas, discriminatorio, estatizante, irracional, paralizador de inversiones inmobiliarias, potenciador del gasto público, violador de los derechos constitucionales de propiedad, arremete contra el patrimonio de los ciudadanos, confisca los recursos de vida de quienes ahorraron en inmuebles para vivir de sus rentas, corrompe la seguridad jurídica, desmemoria sobre el empobrecimiento edilicio producido por las rechazadas leyes de alquileres confiscatorias, destruye el mercado de las locaciones y desvanece cualesquier tipos de inversión en inmuebles para alquilar empobreciendo las ciudades porque dejarán de mantenerse los edificios destinados parcial o totalmente a locación".

"No es menos cierto, -expresan-, que frustra numerosísimas actividades afines, fulmina a los inversores que construyeron o compraron edificios para alquilar y esos ingresos eventualmente comprometidos en otros negocios, impulsando la quiebra de empresas y personas con activos inmobiliarios en alquiler, liquida a casi todas las empresas constructoras de inmuebles, cuales seguramente desaparecerán del mercado por falta de inversores, paraliza la construcción de inmuebles para alquilar y al dejar de construir se paralizan también todas las industrias afines y complementarias, niega la realidad de un Estado propietario con muchísimos inmuebles mal administrados y casi todos usurpados o con numerosísimos alquileres irrisorios, con legítimas sospechas de connivencia entre los administradores oficiales y los seudoinquilinos beneficiados, entre otras muchas consideraciones".

La pregunta obligada fue ¿en qué perjudica esta ley a los inquilinos? y Acampora rápidamente recuerda que, "cada vez que el Estado, en los últimos veinte años, intentó hablar de una regulación del mercado locativo, la respuesta de los propietarios fue inmediata: se retiraron prácticamente todos los inmuebles que se estaban ofreciendo, lo que hace totalmente dificultosa a los inquilinos la posibilidad de contratar y aumenta considerablemente los valores de lo poco que queda ante la falta de mayor oferta".

El empresario inmobiliario recuerda que "dentro de la ley vigente -23.091- uno de sus artículos promueve la construcción de inmuebles con destino a la locación , para lo cual se brindan diversas exenciones impositivas" y finalmente, dice que "hoy tenemos una vasta gama de inmuebles que se presentan para alquilar y los valores los está fijando el mismo mercado de oferta y demanda; los inquilinos tienen diversas opciones para elegir y proponen un valor razonable de acuerdo a sus posibilidades económicas, ante lo cual, los propietarios meritan entre seguir esperando o alquilar si las referencias y garantías son buenas".

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