El proyecto mantiene la inseguridad jurídica

Por Adrián Ventura

Aun cuando se elimine el ingreso de las telefónicas en el mercado de los medios audiovisuales, la ley seguirá provocando una fuerte inseguridad jurídica; obligará a malvender canales de aire y de cable; violará derechos adquiridos y contendrá otros muchos puntos discutibles.

La modificación quizás esté dirigida a atraer los votos de los partidos de izquierda y, tal vez, logre ese objetivo. Pero centrar allí todo el problema es crear una trampa: la ley, aún sin el desembarco de las telefónicas, continuará siendo una herramienta para destruir el actual mercado de medios:

* El texto del proyecto, del artículo 2 hasta el 156, sigue sometiendo a la radiodifusión a un reglamentarismo excesivo y permite la interferencia del Poder Ejecutivo (PEN) más allá de las pocas necesidades técnicas que puedan derivarse de la administración del espectro radioeléctrico.

* De varios artículos surge expresamente que las empresas no podrán invocar derechos adquiridos, con lo cual la ley violará retroactivamente sus derechos.

* La autoridad de aplicación de la ley, con cinco miembros, estará dominada por el PEN (artículo14). Incluso si la Comisión Bicameral nombra a dos de los cinco, es claro que estará dominado por la mayoría política de turno. Lo que necesita la libertad de expresión, precisamente, es menos injerencia del poder político, nomás.

* El artículo 16 fija un Consejo Federal de Comunicación, con carácter asesor; un megaorganismo con representantes de cada provincia, las ONG, las universidades, los medios públicos, los sindicatos, Argentores y de los pueblos originarios. Allí, los medios privados sólo tendrán tres representantes. Será un remedo de nuevo Consejo de la Magistratura y el oficialismo saldrá a controlar esos representantes, como hizo con los del Consejo.

* El artículo 19 permite que la Comisión Bicameral designar al defensor del público. Así, un funcionario oficialista podría ser intérprete, aun de oficio, de los reclamos del público, casi una paradoja. Basta con pensar si el público, en la actualidad, quiere ser interpretado por un hombre del Gobierno.

* El artículo 24, si no prospera el pedido de algunos sectores de izquierda, continuará permitiendo que haya empresas de medios audiovisuales donde capitales extranjeros tengan participación mayoritaria (si existe un tratado bilateral de inversión).

* El artículo 38.2.c., sin motivo técnico alguno que lo justifique, establece algo que no ocurre en ninguna otra parte: una empresa no puede ser titular de un canal de aire y de uno de cable. Y un cable no podrá transportar más de una señal propia. Además, los canales de cable se computan a los efectos de los topes que radios y canales que se pueden tener. Todo ello provocará la venta de muchos medios, que estarán disponibles para el ingreso de los capitales amigos del Gobierno.

* Si realmente se pretende que las telefónicas no ingresen en el mercado audiovisual, el texto de la ley debería establecer un recaudo: una empresa argentina que tenga licencia de radiodifusión no debería poder arrendar a las telefónicas las redes para transportar sus señales, porque éstas, por su peso, pasarían a ser dueñas reales del negocio del empresario argentino, quizás un mero testaferro de aquéllas.

* El articulo 40, si bien el oficialismo promete revisarlo, autorizará a la autoridad de aplicación a revisar las licencias cada dos años.

* El artículo 41 tiene una redacción confusa, que permitirá que el Ejecutivo, con la excusa de evitar la concentración indebida de medios, pueda negarle una licencia a un diario (léase Clarín o cualquier otro). Y expresaemnte sostiene que no se podrán invocar derechos adquiridos.

* El artículo 152 establece que los grupos de medios deberán vender sus empresas para ajustarse a la ley, en un plazo de un año.

El anuncio de la Presidenta no cambia nada de esto.

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