El proyecto de los Kirchner para acotar las críticas de la prensa

Si hoy rigiera el proyecto de ley de radiodifusión K, el grupo Clarín debería optar entre Canal 13 o su empresa de cable "unificada" Cablevisión-Multicanal.
En el caso de que retuviera la operadora privada de TV, el multimedio tendría que reducir sustancialmente su cartera de clientes porque la iniciativa que mandó al Congreso Cristina Fernández de Kirchner establece que una misma firma no puede tener más del 35% de los abonados del país. Tras la fusión, Cablevisión se quedó con más de la mitad de los inscriptos. Una alternativa para bajar el número de abonados sería, para Clarín, la de vender cables por regiones. Un ejemplo: podría desprenderse de la operadora de la señal en La Plata, Berisso y Ensenada.

La nueva ley además les abre la puerta a las empresas de telefonía al triple play, es decir, a la posibilidad de brindar a los usuarios en un mismo paquete el servicio de telefonía fija, Internet y cable. Por eso se entiende que estas empresas de servicios públicos (otras también podrán hacerlo, como las cooperativas eléctricas) son las que más rédito pueden sacar del texto elaborado por el Poder Ejecutivo.

El único inconveniente que este tipo de compañías podrían afrontar sería el límite que la ley les pone a las acciones en manos internacionales. Ninguna empresa con más del 30% de su capital en manos extranjeras podrá ser propietaria de licencias de radios o canales de TV, a menos que esos capitales provengan de países que tengan tratados de reciprocidad con Argentina. Otro obstáculo para el caso de Telefónica, por ejemplo, es que si accede al triple play debe deshacerse de Telefé.

Uno de los puntos fundamentales del proyecto es la reducción de 24 a 10 en la cantidad de licencias de radios y/o canales que una misma empresa puede tener. Eso no perjudica a Clarín, sí en cambio a otros grupos.

En uno de sus ítems salientes, la flamante iniciativa oficial reserva un 33 por ciento del espacio radioeléctrico para canales y radios de organizaciones sin fines de lucro, como sindicatos e iglesias, que hasta ahora no podían ser propietarios de licencias para operar canales de televisión y radio.

El organismo encargado de aplicar la normativa será la Autoridad Federal de Comunicación, creada para tal fin. La dependencia revisará cada dos años las reglas por las que son otorgadas las licencias, su duración, y los criterios para ser licenciatarios con el objeto de resguardar la competencia y el interés público.

Sin embargo la posibilidad de que los parámetros de la obtención de licencias se revisen cada dos años es una de las cosas que los especialistas advierten se podría convertir en la herramienta para presionar a los medios de comunicación. La definición de radiodifusión es muy amplia y ese es un aspecto muy criticado.

Las otras iniciativas

El proyecto oficial de radiodifusión no es el primero en desembarcar en el Congreso durante la era K. La diputada radical Silvana Giudici presentó su propia iniciativa el 3 de marzo del año pasado.

El 7 de mayo de 2008 mandó su propuesta el diputado de la Coalición Cívica Horacio Alberto Alcuaz.

A fin de ese año la diputada radical K Silvia Vázquez –junto a los legisladores del FpV Claudio Morgado y Silvestre Begnis– elevó un proyecto de radiodifusión similar al del Poder Ejecutivo.

El último expediente sobre el tema se inició con un proyecto del socialista Roy Cortina.

"Pino" Solanas anunció que en breve enviará su propia iniciativa.

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