Proyecto de coparticipación equivale al blanqueo de aportes provinciales

Proyecto de coparticipación equivale al blanqueo de aportes provinciales

La coparticipación sigue siendo un tema álgido de consensuar. Existen dos proyectos muy diversos entre sí. Mientras uno se limita sólo a la actualización de los índices por población, el otro plantea agrandar la porción de reparto. Ambos, combinados, establecerían un reparto de fondos casi similar al que hoy realiza la Provincia.

A lo largo de las últimas décadas, la distribución de los recursos fiscales ha sido un tema de debate que se reitera por épocas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Esto ocurre desde las reformas constitucionales de 1994 a nivel nacional y la de 1998 a nivel provincial, en las que se fijaba que la relación de ingresos entre Nación y Provincia debía ser del 60-40 a favor de los distritos del país, no pudiendo ser inferior al 40%.Pero para poder cumplimentar ese precepto se debía concretar una nueva ley de coparticipación federal, antes de 1998. Esto nunca ocurrió. Es que para poder avanzar en esa reforma se debe contar con la aceptación de la totalidad de los distritos provinciales y de la Nación. Ese consenso nunca se logró, aunque en rigor de verdad, tampoco se puso mucho empeño en lograrlo.En Santa Cruz no fue diferente. Con un régimen de coparticipación que viene desde el año 1983 en su estructura, si bien ha tenido algunas variaciones, estas no han sido significativas.La estructura base de la coparticipación municipal no ha sido debatida ni siquiera en su origen, de forma democrática, por la Legislatura Provincial, ni mucho menos surge de un pacto entre las comunas y el Ejecutivo tal como ordena la Constitución.Esto es debido a que la Ley 1.494 fue sancionada el 31 de diciembre de 1982 y publicada en el Boletín Oficial el 11 de enero de 1983, aún en plena dictadura militar. Es de hecho una ley de facto. Con alta dependencia de recursos nacionales en los ingresos totales de Santa Cruz, la relación de distribución es notablemente desfavorable con las comunas, ya que por cada 10 pesos que ingresan al Tesoro, sólo 1 es enviado a los municipios en concepto de coparticipación.En la reforma constitucional de 1998 se incluyó en el Art. 141 el reconocimiento de la “autonomía política, administrativa, económica y financiera de todos los municipios”, agregando que dicha autonomía “no podrá ser limitada por ley ni autoridad alguna”. Con el paso del tiempo, el crecimiento poblacional, la mayor demanda de servicios y sin dejar de lado las administraciones deficientes, hicieron que las comunas se hicieran altamente dependientes, ya sea de la Provincia o de la Nación (en la última década), al establecer presupuestos por encima de lo que sus propios recursos le permitieron. Hoy, salvo una o dos, la inmensa mayoría de las localidades no puede ni siquiera afrontar el pago de sus masas salariales. El peor ejemplo de todos es Caleta Olivia, hoy sumida en un caos total, a partir de que las asistencias a las que estaba acostumbrada se esfumaran.

Lo que dice la leyLa distribución de los recursos federales y provinciales, por la Ley 1.494 y sus modificatorias, se hace de la siguiente forma:1- Desde 1988, del total de recursos que llega en concepto de “Coparticipación Federal de Ingresos”, el 11% va a la masa primaria de coparticipación municipal para luego ser distribuido entre las comunas.2- Del total de los ingresos tributarios provinciales coparticipables, se redistribuye el 40%, pero por la Ley 2.401 de intransferibilidad de la Caja de Previsión Social, sancionada en 1995, se descuenta del monto resultante y antes de ir a la masa primaria de coparticipación municipal un 20%, por lo que resulta que sólo el 32% del total de ingresos provinciales coparticipables termina yendo efectivamente a las comunas santacruceñas.3- En tanto, del total de regalías petroleras y gasíferas (no se incluyen las mineras) que percibe la provincia de las operadoras, sólo el 7% de ese monto se gira a los distritos comunales.La sumatoria de esos tres ítems da lo que se llama la “masa o reparto primario” de la coparticipación, que luego debe ser distribuida entre los quince municipios y las cinco comisiones de Fomento.Para hacerlo, se determinó un método por el cual el 83,15% de ese monto se distribuye en proporción directa a la población de cada ciudad. Y establece que será actualizado en base a los censos poblacionales (hoy en día aún está en base al de 2001), existiendo una autorización implícita para provocar una variación de hasta el 1% en los índices en caso de crearse nuevas comisiones de Fomento. Pese a prever la posibilidad de nuevas poblaciones, nada dice la norma sobre el cambio de estatus de comisión a municipio, como pasó con El Chaltén, y su impacto en el índice de coparticipación.Un 11% de la masa coparticipable se distribuye a razón del 1% para cada una de las municipalidades, con excepción de Río Gallegos, Caleta Olivia y Pico Truncado.En tanto que el 5,85% restante se reparte de manera directamente proporcional a la diferencia poblacional de cada localidad con Río Gallegos, con excepción de las comisiones de Fomento “a crearse”.

Propuestas de cambioEn la actualidad hay dos proyectos presentados, uno de resolución y otro de ley. El primero, surgido del oficialismo, cuyo autor es el diputado de El Calafate Jorge Arabel, sólo impulsa que el Poder Ejecutivo haga la “actualización” de los índices de reparto secundario (del 83,15%) en base al censo poblacional del año 2010, pero no avanza en modificar el índice primario de coparticipación, es decir, la masa a repartir entre las comunas.Esto quiere decir que mientras el monto a distribuir permanece inalterable, cambian los porcentuales de esos recursos que van a cada localidad, perjudicando esencialmente a la capital provincial que deberá ceder casi el 15% de sus recursos coparticipables a favor del resto de las ciudades, aunque algo similar ocurrirá con otras cinco localidades. Las más beneficiadas serían El Calafate, El Chaltén y Cañadón Seco. Esta última casi duplicaría sus fondos actuales.En tanto, el proyecto de ley presentado por el diputado Gerardo Terraz plantea, al igual que Arabel, actualizar los índices de reparto secundario según el censo 2010. La diferencia está en el reparto primario. El proyecto de Terraz mantiene los tres ítems en que se basa la constitución de la masa coparticipable provincial. Pero mientras duplica los de origen nacional y las regalías, mantiene el porcentual de los provinciales. Así iguala a provincias como Chubut, llevando al 14% la coparticipación de las regalías hidrocarburíferas y establece que la redistribución de la CFI alcanzará al 22%.El proyecto de Terraz mantiene el mismo espíritu que la ley original y tampoco incluye la coparticipación de las regalías mineras a las comunas, ni siquiera las afectadas por la explotación.En lo que hace al índice secundario, el proyecto de ley que se encuentra en las comisiones de la Legislatura, aún sin tratamiento, incorpora a El Chaltén, mantiene el 83,15% de reparto directamente proporcional a la población de cada una de las localidades y plantea la base de un 1% para cada uno de los municipios, dejando el restante 1,25% para cada una de las comisiones de fomento, a razón de 0,25% para cada una.También incorpora a la ley nuevos artículos. El más esencial es que plantea que “el Ministerio de Economía y Obras Públicas de la provincia de Santa Cruz transferirá los fondos en forma automática a cada municipio y comisión de Fomento, a medida que vayan ingresando al Tesoro”. Hoy las transferencias se hacen cada quince días la provincial, una vez al mes las regalías y cada 10 días la nacional.

Sin consensoMás allá de la mesa de diálogo que se planteó en un encuentro en la sede del Ministerio del Interior, donde hubo un principio de compromiso de comenzar a debatir este tema, por el momento ningún legislador apunta a hacerlo realmente efectivo, aunque por su calidad de Ley Convenio, el acuerdo debe llegar primero entre el Gobierno y las 20 localidades involucradas en el reparto. La realidad es que hoy, en la práctica, el reparto entre coparticipación y aportes, reintegrables o no, a los municipios por parte de provincia ha sido de 223 millones de pesos en promedio.Por la ley Terraz, el monto a repartir, por caso en el último mes de setiembre, hubiera sido de 235 millones de pesos, lo que implica que la norma propuesta absorbe, en cierta forma, lo que hoy la provincia ya dispone girar a las comunas, aunque esos aportes “extra” no son para todas por igual, sino que van dirigidos a ciertos municipios con más urgencias, como el caso de Caleta Olivia. 

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