Un proyecto busca poner límites a la encarcelación de menores.

Mientras en el Congreso nacional, en los medios de comunicación y en la calle se discute sobre la posibilidad de bajar a los 14 años la edad de imputabilidad de los menores de edad y crear un régimen penal juvenil, el diputado provincial justicialista, Pedro Mellado, presentó un proyecto que busca ponerle límites a la detención de jóvenes punibles que no cumplieron la mayoría de edad.
La iniciativa, denominada "Principios Generales del Sistema de Responsabilidad Penal del Menor", establece que la prisión preventiva será dictada como última instancia y que no podrá exceder los 180 días. "Transcurrido este plazo, si no se hubiere realizado el juicio, el niño será puesto en libertad sin más trámite por el juez de la causa, sin necesidad de requerimiento fiscal o de la defensa".

La iniciativa prevé una prórroga de este plazo por 10 días más sólo si "la complejidad de los hechos investigados o la pluralidad de presuntos autores el plazo establecido resultare insuficiente".

En lugar de la institucionalización del joven en conflicto con la ley penal, la norma propone que las medidas adoptadas por el magistrado sean las de prohibir la salida del país o de la localidad en la cual residiere el menor; impedir que asista a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, o de visitar determinados lugares; negarle la posibilidad de aproximarse al ofendido, a su familia o a otras personas; la prohibición de comunicarse con determinadas personas "siempre que no se afecte el derecho de defensa"; o el arresto domiciliario. Esta última no está prevista por el Código Procesal Penal vigente.

Además, la norma plantea la creación de fiscalías y defensorías de menores, para que estén especializados en tratar con jóvenes.

"En Argentina el tema de la responsabilidad penal de los niños y los adolescentes no surgió como consecuencia de un intenso y preciso trabajo de técnicos o penalistas para quienes tradicionalmente el tema de los menores fue considerado, precisamente, un tema menor al que sólo trataron en un esfuerzo por traducir algunos dispositivos legales y resolver la cuestión de los niños infractores de la ley penal, debatiéndose el tema desde aspectos falaces de la problemática: que los jóvenes y adolescentes "entran por una puerta y salen por la otra" o la creencia de que la discusión tiene que ver con bajar y subir gradas de imputabilidad", se lamenta Mellado en los fundamentos del proyecto. El diputado agrega que "la acción estatal frente al conflicto del niño con la Ley Penal debe abordarse dentro del marco de un sistema de protección integral de derechos, donde se considere expresamente que niños, niñas y adolescente resultan sujetos de derecho".

Por eso propone que los niños y adolescentes gocen de los mismo derechos que los adultos, con un "extra de derechos específicos", entre los que menciona a las sanciones "que se enfoquen en su inclusión social y lo alternativo, excepcional y por tiempo breve y determinado, es la privación de la libertad en un centro especializado".

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