Un proyecto de Ley presentado en la Legislatura porteña busca garantizar el acceso gratuito e “informado” al cannabis –la marihuana- y sus derivados con fines medicinales, terapéuticos y científicos, al igual que la producción pública, “garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud”.

 

 

“El dolor no espera a las burocracias estatales. El Estado llega tarde y mal porque lo único que hace es criminalizar a los usuarios, pero no garantiza el tratamiento de quienes precisan al cannabis y sus derivados con fines medicinales y terapéuticos”, señala el impulsor de la iniciativa, Leandro Halperin, diputado porteño por Evolución (el partido de Martín Lousteau).

 

 

El texto propone la incorporación al sistema de salud pública y sus hospitales del “medicamento paliativo de cannabis y sus derivados, de entrega gratuita, para el tratamiento médico de convulsiones, crisis motoras, dolores crónicos, náuseas y vómitos derivados de quimioterapia y otras afecciones relacionadas con enfermedades tales como epilepsia refractaria, síndrome de West, cáncer, VIH-SIDA, esclerosis múltiple, autismo y enfermedades psiquiátricas como esquizofrenia”, entre otras afecciones y patologías.

 

 

De convertirse en ley, los pacientes -o sus representantes legales- que tengan alguna de esas patologías, las que determine la reglamentación o “las prescriptas por médicos que cuenten con matrícula habilitante” estarán además habilitados a “sembrar, cultivar o guardar cannabis y sus derivados, en las cantidades que determine el tratamiento indicado”.

 

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El proyecto además crea el “Consejo Asesor de Políticas relacionadas al Cannabis”, que estaría integrado por “especialistas en la materia y miembros de universidades públicas y privadas” y tendría por objetivo “el estudio, seguimiento, control de calidad y asesoramiento del proceso de implementación y cumplimiento de la ley que se propone”.

 

 

Los argumentos

En la argumentación del proyecto, Halperin destaca que “el debate sobre la regulación del cannabis medicinal se ha profundizado en los últimos años” y señala que “cada vez existen más países que permiten su uso terapéutico y medicinal porque puede colaborar en aliviar síntomas negativos de tratamientos de enfermedades, reducir dolencias o mejorar la calidad de vida de los pacientes”.

 

 

Tras citar “la creciente disponibilidad de evidencia científica”, cuestiona que “a pesar de los fundamentos científicos y jurídicos (…) para excluir al cannabis y sus derivados de las sustancias que amenazan al usuario con la prisión”, la ley considera como delito “el tráfico, siembra, cultivo, guardar semillas y comercialización sin autorización o con fin ilegítimo”.

 

 

Según Halperin, entre los usos y beneficios del cannabis medicinal sobresalen:

1) Mejora de la calidad de vida de los pacientes

2) Reducción de efectos secundarios

3) Tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas

4) Acciones en el aparato digestivo

5) Reducción de daños

Y después de mencionar que “el Congreso Nacional resolvió la cuestión sancionando en 2017 la ley 27.350 sobre ‘investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados’”, sostiene que “la autorización del uso medicinal del cannabis y sus derivados está resuelta desde lo jurídico”.

 

 

Pese a eso, agrega, “el Estado no asegura la provisión del cannabis con fines medicinales y terapéuticos y se ha desatendido las principales demandas de las personas usuarias de cannabis y madres de niños con padecimientos que podrían ser tratadas con la sustancia hoy autorizada con esos fines”.

 

 

“Actualmente, gran parte de quienes precisan acceder al cannabis se encuentran en la ilegalidad”, apunta el legislador y advierte: “Una madre que cultiva cannabis para el tratamiento de su hijo puede recibir una pena de cuatro a quince años de prisión, similar al máximo legal establecido para el delito de violación. Si quisiera trasladar la sustancia, la ley penal establece uno a seis años de prisión. En el caso de las madres que se reúnen para cultivar, abaratar costos o compartir información, existe un agravante de seis a veinte años de prisión”.