Una proyecto arbitrario que no tiene ningún antecedente en el mundo

La libertad de expresión está ahora bajo amenaza por el intento de avanzar sobre a la prensa.
La transformación eventual del esquema de circulación de la información y de la opinión operaría una metamorfosis de los marcos que garantizan hasta hoy la libertad de expresión en el país.

El espíritu legal de los países democráticos tiende a restringir las posibilidades de control gubernamental sobre la prensa. El proyecto de ley kirchnerista apunta a ampliar la potestad del poder político sobre lo que dicen o dejan de decir los ciudadanos a través de los medios.

Una recorrida por los puntos salientes del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lo evidencia.

El proyecto oficial tiene varios artículos que no registran antecedentes de peso en el plano internacional. Si la ley kirchnerista fuera universal, en los Estados Unidos la Time Warner, que tiene el principal sistema de cable de ese país, debería vender la CNN o HBO, entre otras señales. La cadena de TV abierta Fox tendría que entregar Direct TV; en Brasil, la TV abierta Globo debería desprenderse de su operador de TV por cable (Net). En España, el grupo Prisa, que es dueño de la cadena de TV Cuatro tendría que vender Sogecable, que es el principal operador de cable español. En Uruguay, los tres canales de TV abierta deberían vender los respectivos cables que cada uno de ellos posee. Lo mismo ocurriría en Chile, Colombia, México y en muchísimos otros países.

Hasta hoy, en la Argentina, las señales de cable que emiten deportes, noticias o entretenimientos son de libre creación y circulación. Se las asimila a los diarios, revistas y sitios de Internet. ¿Por qué son libres? Porque no utilizan el espectro radioeléctrico. Este un punto crucial. El espectro está regulado por el Estado, porque es limitado. Hay una cuestión tecnológica que así lo determina: el éter es finito. Entonces, debe regularse la administración de las autorizaciones de uso para salir al aire, para que no haya yuxtaposición de frecuencias que impidan oír o ver todo lo que se oferta. Si la demografía del espectro creciera sin límites, todo sería ruido y confusión. Pero las señales de cable no operan en el espectro radioeléctrico.

A la vez, el campo del periodismo impreso depende hasta ahora de cuestiones de mercado, pero no de restricciones estatales. Si se aprueba el proyecto, la producción de señales y la prestación de servicios de cable se computarán como si fueran licencias de radiodifusión, como si usaran éter, y el Gobierno podrá entonces obligar a desprenderse de ellas.

Por cuestiones arbitrarias se limita al operador de TV por cable la producción de contenidos audiovisuales a una sola señal. Las empresas poseedoras de un canal abierto no podrían tener un operador de cable en la misma área, una restricción que no existe en toda la legislación mundial.

¿En qué consiste el capricho oficial? Un operador de TV por cable produce contenidos propios y distribuye señales de múltiples fuentes distintas. La diversidad no se protege silenciando algunas de esas fuentes.

Se establece un año de plazo para que las empresas se ajusten a la nueva legislación, desde que la autoridad de aplicación establezca cuáles son los mecanismos de transición para que los operadores se adapten a la nueva normativa. Deberían entonces abandonar unidades de negocios, desinvirtiendo o vendiendo a precios de remate, puesto que efectivamente no tendrían otro remedio que salir y rápidamente. Se violaría así el principio de seguridad jurídica, porque la nueva ley impone retroactividad. Lo que se sancione, vale para atrás.

Con "lógica" surrealista, lo que se hizo legalmente en el pasado, será considerado ahora ilegal e irregular. Las empresas deberían perder sus inversiones anteriores. Todas las garantías constitucionales relativas a la seguridad jurídica se verían transgredidas.

El proyecto kirchnerista debilita a la industria audiovisual argentina en el mercado de habla hispana. Al reducir las inversiones y la escala de las empresas argentinas, disminuirá su capacidad para competir en mercados cada vez más globalizados. Las restricciones de escala a las empresas locales licuarían su potencial competitivo en el mercado internacional y favorecerían a operadores globales de países hispanoparlantes (Telefónica, Televisa o Telmex) en el mercado local, con ventajas de costos derivadas de su escala no replicables por parte de las empresas domésticas.

Las empresas de servicios públicos, especialmente las telefónicas, serán beneficiadas al permitirles ingresar a una actividad que hasta ahora tenían vedada por sus pliegos de licitación. Habrá un nuevo Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), que tendrá cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo y sólo dos de ellos propuestos por una comisión bicameral.

El Ejecutivo concentrará su poder sobre las informaciones y opiniones de todo el resto. Todo se gestiona con apuro político, en un contexto de graves hostilidades contra la prensa, con la pretensión de no pasar por todas las comisiones que requiere una norma estratégica y de largo plazo, aprovechando la composición parlamentaria actual y desoyendo el mensaje electoral.

Todo eso no es democracia sino autoritarismo.

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