El próximo lunes se conocerá la sentencia a Varizat

El ex funcionario kirchnerista estrelló, en agosto del año pasado, su 4x4 contra 24 estatales que manifestaban en la capital santracruceña.
El próximo lunes 29 se conocerá la sentencia del Tribunal Oral que juzga la conducta del ex funcionario kirchnerista Daniel Varizat, quien -en agosto del año pasado- atropelló con su 4x4 a 24 estatales que manifestaban en la capital santacruceña.

Los jueces determinarán si Varizat actuó en legítima defensa, como alegó el abogado Dr Miguel Arce Aggeo, inconciente de sus actos y bajo los efectos del pánico que le provocó la situación de encierro a la que fue sometido.

O, como reclama el fiscal Ricardo Camutti, si el ex senador y ministro de gobierno deberá cumplir una pena de 5 años de prisión efectiva por ser autor penalmente responsable de cometer 23 lesiones, 7 graves y 16 leves reiteradas, ya que si bien Varizat fue víctima del pánico, en todo momento tuvo conciencia de sus actos.

LAS PRUEBAS LO CONDENAN. Entre las pruebas con las que cuenta el tribunal para emitir su veredicto se encuentran las pericias al vehículo en cuestión, que sostienen que Varizat se desplazó en 13 metros con una fuerza de aceleración de aproximadamente 50 km, según las marcas de la frenada existentes sobre el pavimento.

Las pericias demostraron que si el vehículo se hubiera desplazado a la velocidad que le impone la tracción automática, ante un obstáculo de 6 centímetros de alto se hubiera detenido abruptamente.

También comprobaron que los seguros de las puertas no se destraban con el movimiento oscilante provocado por personas que sacuden la camioneta tal, como argumentó Varizat.

EXÁMENES DE LOCOS. Fuertes contradicciones surgieron en el resultado de las pericias psicológicas realizadas por los dos peritos a instancias de un nuevo dictamen pedido por la defensa.

Si bien ambos coinciden en la presencia de un estado emocional en el momento en que Varizat atropelló a mas de 20 personas con su camioneta el año pasado, no acuerdan a la hora de hablar del nivel de conciencia y responsabilidad que tenía cuando arrancó la camioneta cherokee y pasó sobre el cuerpo de varias personas.

Para el perito presentado por la defensa, Enio Linares, quien actuó en causas como las del odontólogo Ricardo Barreda y el cura Julio Grassi, cuando Varizat decidió arrancar la camioneta y atropellar a la multitud estaba bajo un trastorno mental transitorio (T.M.T.) situación que le impidió dirigir su voluntad. “Varizat no pudo comprender la criminalidad de sus acciones”, afirmó.

Linares definió el perfil de personalidad de Varizat como un hombre con “dotes intelectuales, tranquilo y de reflexión”, aunque admitió que nunca vio los videos que circularon por la web y por la Televisión que muestran las escenas del incidente protagonizado por Varizat.

Por su parte, el perito judicial Gastón Mendicoa coincide en el estado emocional caracterizado por el miedo pero mantuvo el primer diagnóstico realizado el año pasado y aseguró que “las facultades mentales de Varizat no estaban alteradas y que tenía capacidad de comprensión sobre los hechos”.

A la hora de los alegatos, Arce Aggeo –defensor de Emilio Massera en una causa por apropiación de bebés- redordó el ejemplo del “insectofóbico”, que para escapar huye sin ver y a su paso va causando daños, “la víctima tiene comprensión de la criminalidad del acto pero no lo puede evitar porque las cucarachas se le vienen encima” argumentó.

UN TRIBUNAL CONFIABLE. El tribunal que sentenciará a Varizat está integrado por los jueces Jorge Chávez, Alicia de los Ángeles Mercau y Marta Dávila.

Chávez, ex concejal y candidato a intendente por el PJ, ministro de Asuntos Sociales durante la gobernación de Néstor Kirchner, fue recientemente designado a propuesta de la presidenta Cristina Fernández para integrar el futuro Tribunal Oral Federal de Río Gallegos.

Mercau ganó la terna promovida por el actual gobernador Daniel Peralta para ser promovida al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. En tanto, Dávila adquirió notoriedad pública por ser la jueza que con el argumento de la legítima defensa sobreseyó a los funcionarios y militantes que en abril de 2002 golpearon a caceroleros que se manifestaban frente a la radio de Rudy Ulloa.

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