En las últimas horas, el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, anticipó que la provincia exigirá recursos por “el decreto de hace más de 20 años que plantea el compromiso de Nación de financiar a las cajas previsionales provinciales”.

“Estamos trabajando en esta línea para ver el financiamiento que podríamos recibir de Nación por la mantención de la caja previsional provincial”, dijo.

El funcionario también refrescó recientes dichos de Macri respecto de lo que se viene en materia de la relación entre las provincias y Balcarce 50.

“Si el Presidente cumple con el anuncio que hizo en Córdoba de ayudar a las provincias que tienen las cuentas en orden, Misiones está en inmejorable condición porque tenemos las cuentas ordenadas”, disparó.

La intención misionera es elevar la pretensión en la reunión que el titular de la cartera del Interior, Rogelio Frigerio, mantendrá el próximo miércoles 17 con ministros de Economía de las provincias. A la cumbre asistiría además Alfonso Prat Gay (Hacienda y Finanzas).

Allí el macrismo buscará comenzar a consensuar un nuevo reparto de fondos al interior, que contemple incluso el traspaso de nuevas competencias a las provincias, en pos de encontrarle una “salida política” a la tensión por los recursos.

En sintonía, en Chaco, en los últimos días el Fiscal de Estado provincial, Jorge Alcántara, sostuvo que “ya que se va a reclamar por la inconstitucionalidad de la retención del 15 por ciento, la idea es efectuar -en paralelo, en el caso de Chaco- el planteo de reclamo monetario por el tiempo transcurrido con el Estado provincial haciéndose cargo de la caja, y la falta de participación en ese gasto de Nación”.

“Es una obligación que había asumido a través de un convenio”, recordó el funcionario del mandatario justicialista Domingo Peppo.

Hoy 13 distritos mantienen sus cajas previsionales en manos provinciales, mientras que otras 11 las transfirieron a la órbita nacional a mediados de los noventa, con el consiguiente financiamiento de su déficit por parte de la ANSES.

El primer lote está integrado por Buenos Ares, Chaco, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego.

Buena parte de esos distritos cuenta con convenios de financiamiento nacional, marcados por incumplimientos durante la gestión kirchnerista que ahora algunas buscan judicializar.

El segundo grupo, en tanto, lo integran la Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Luis, San Juan, Santiago del Estero.

En Argentina, coexisten los sistemas jubilatorios nacional (Anses) y provinciales (cajas estatales). A mediados de los ’90, 13 provincias transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación.

A cambio, el resto de las jurisdicciones firmaron convenios de armonización para que la Anses les financie sus déficit. Desde 2011, la Nación incumplió con varias provincias, sin guardar relación con el nivel de avance de la armonización. Córdoba y Santa Fe no reciben un peso desde ese año, mientras Santa Cruz recibió 360 millones y Entre Ríos 185 millones y Chaco, 150 millones.

El otro tema de discusión entre las provincias y el gobierno de Macri es el sistema de reparto. La distribución secundaria de los fondos (entre las jurisdicciones locales) tiene criterios que distan de ser racionales: no son ni redistributivos (atentos a los más pobres) ni devolutivos (a quienes generan los ingresos).

Los coeficientes de cada provincia se fijaron hace 30 años y no surgen de indicadores objetivos. Así, por ejemplo, Catamarca recibió, en 2015, 2,4 veces más coparticipación que Salta siendo que su nivel de pobreza (medido por las Necesidad Básicas Insatisfechas –NBI) es de 11,3 y 19,4 por ciento, respectivamente. Salta, Misiones y Tucumán, con NBI elevados reciben casi la misma coparticipación por habitante que Santa Fe, Córdoba o Mendoza.

Junto con la baja de la coparticipación relativa a las provincias, la Nación transfirió en los últimos años cada vez más recursos discrecionales. Sin criterios objetivos e iguales para todas las jurisdicciones, se privilegió el criterio de premios y castigos políticos.

En el esquema actual, no hay incentivos a gastar mejor, sobre todo, en provincias donde los recursos nacionales son su principal fuente de ingresos. El caso más extremo es La Rioja que en total recibió de la Nación el 90,8 por ciento de todos sus recursos, similar a Santiago del Estero y Jujuy.

Por la suma de estos factores, varias provincias hicieron juicio a la Nación para recibir el 15 por ciento. Córdoba, Santa Fe y San Luis ya obtuvieron fallos a favor. Otras provincias, renunciaron a las demandas cuando el gobierno nacional les refinanció deudas.

Ahora, estas tres jurisdicciones ya están recibiendo ese 15 por ciento pero el resto también lo reclama. En 2015, los 130.206 millones de pesos que resignaron todas las provincias equivale al 43 por ciento de los recursos tributarios propios. El tema no es fácil porque, para la Anses, equivale a un tercio de sus recursos. Dejar de contar con ellos le generaría un fuerte déficit. Analistas económicos y financieros proponen, entonces, una nueva transferencia automática a las provincias con sistemas jubilatorios no transferidos, equivalente a su déficit ajustado por jubilados.