Provincias reclamarán fondos que cedieron para financiar a la ANSES

Son millonarios recursos que en los 90, cuando los aportantes eligieron pasar a las AFJP, fueron para cubrir el desfinanciamiento de los jubilados. Con la eliminación de las administradoras, la ayuda de las provincias deja de tener sentido. El stock que podrían reclamar es de $ 32 mil millones, y el flujo alcanzaría los $ 5 mil millones anuales. La batalla que se viene.
Santa Fe. “Llegó la hora de hacer justicia”, dijo el gobernador Hermes Binner.

Se abrió la caja de Pandora. Tras el anuncio del Gobierno nacional de la estatización de las AFJP, el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, anticipó que demandará que la Nación le devuelva la porción de la recaudación de impuestos que su provincia, al igual que el resto de los estados del interior, cede desde los 90.

Son fondos que se destinaban para financiar el bache de recursos de la ANSES como consecuencia de la derivación de aportes a las AFJP.

En el caso de Santa Fe, se trata de un flujo de fondos anuales de $ 2.100 millones. De acuerdo con cálculos de la ONG CIPPEC (ver siguiente el articulo de Miguel Braun ), existe un stock global susceptible de ser demandado del orden de los $ 32 mil millones.

Otras provincias, y más cerca el gobierno de Mauricio Macri, podrían acompañar un planteo.Y otras más alzarían la voz también porque, a diferencia de las AFJP, la ANSES podría trabar sus colocaciones de bonos.

En diálogo con PERFIL, el jueves pasado, Binner recordó que “cuando se crearon las AFJP, la caja de la ANSES quedó desbalanceada porque había muchos beneficiarios y pocos aportantes. Entonces, se les quitó recursos a las provincias para sustentarla”. Y sostuvo que ahora “es el momento de hacer justicia” y reclamó: “Que nos devuelvan lo que nos están reteniendo”, dijo.

Binner precisó que “a Santa Fe le retienen $ 2.100 millones por año. Con esa cifra, nosotros podríamos hacer escuelas, construir hospitales, mejorar la calidad de vida incluso para los propios jubilados”, le dijo a PERFIL.

En el mismo sentido, se manifestó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, además, exigiría la cancelación de los $ 15 mil millones de deuda de la Nación con la Ciudad.

Si se aprobara el proyecto original del Ejecutivo, avanzaría el centralismo fiscal K: manejarían más caja para disciplinar a los gobernadores. Por eso, crece el consenso de que las provincias intentarían recuperar un 15% de la coparticipación que se destinaba a sostener el sistema. No suena lógico para las provincias que el superávit de la ANSES se destine a prestarle dinero a la Nación a tasas bajas, del 5 por ciento.

Hasta supuestos aliados K dejan entrever su interés por estos fondos frescos. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, si bien consideró que “no es el momento” para este tipo de discusión porque “hay que pensar en el bien público que es la estabilidad macroeconómica”, agregó que “si se debate el sistema de coparticipación, podría verse”.

En tanto, el ex gobernador de Entre Ríos Jorge Busti, que apoya el proyecto de estatización, también consideró que “las provincias deben recibir lo que merecen”.

Los gobernadores también tendrían dificultades para colocar bonos para financiarse. Como la Argentina no tiene acceso al mercado internacional, las AFJP eran los únicos inversores institucionales importantes para colocar títulos públicos. La desaparición de las AFJP complicaría las emisiones de deuda de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Chubut, entre otras provincias.

Desde la Ciudad, destacan que “no es lo mismo que tome las decisiones la ANSES que las AFJP” y se quejaron de que el Gobierno nacional actúa en forma espasmódica y no estratégica.

En una jornada sobre federalismo fiscal la semana pasada en la Cámara de Diputados, “todo el mundo –incluso peronistas– estaba de acuerdo en que deberá darse una devolución a las provincias”, confió uno de los asistentes.

Si se aprueba el proyecto de estatización, los recursos acumulados en las cuentas de capitalización individual –$ 95 mil millones a agosto de 2008– pasarán a formar parte de los activos del régimen público de reparto.

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Una demanda legítima

La reforma del sistema jubilatorio propuesta por el Ejecutivo genera un beneficio de caja de corto plazo para el Gobierno nacional, a costa de poner en riesgo la sostenibilidad fiscal futura, debilitar el mercado de capitales y enrarecer el clima de negocios.

Además, su legalidad es dudosa, ya que nacionaliza cuentas individuales que hoy tienen un valor cierto a cambio de una promesa de pago futuro de un monto incierto.

Pero, ¿es genuino el beneficio de caja de corto plazo? Si se aprueba la reforma, ¿a quién le correspondería cobrar esos fondos?

Cuando se privatiza un sistema jubilatorio, se produce un déficit fiscal transitorio, porque los que aportaban al sistema público para financiar las jubilaciones actuales pasan a aportar al sistema privado para su propia jubilación futura, pero los jubilados actuales siguen cobrando.

Por lo tanto, el Estado debe hacerse cargo del bache con otros impuestos.

Durante los años 90, las provincias cedieron recursos a la Nación para financiar este déficit. Ahora que se vuelve atrás con la privatización, lo que era un bache se convierte en ganancia, y es legítimo que las provincias reclamen su parte.

De los $ 13 mil millones anuales adicionales que recaudaría la ANSES por el traspaso de las AFJP al sistema público, las provincias podrían reclamar al menos $ 5 mil millones y, del stock de más de $ 90 mil millones que se transferiría, podrían pedir al menos $ 32 mil millones.

Historia. Esto sucede porque, a partir de la Ley N° 24.621, las provincias cedieron, a partir de 1996, el 20% del Impuesto a las Ganancias para financiar el déficit transitorio que generó la privatización del sistema jubilatorio.

Si se revierte la privatización, entonces la razón de ser de esta transferencia desaparece.

En 2007 la recaudación de Ganancias fue de alrededor de $ 44 mil millones. Siendo pesimistas y suponiendo una recaudación igual en 2009, a las provincias les correspondería 20%, o sea, $ 8.800 millones entrarían en la masa coparticipable, de la cual 56%, o casi $ 5 mil millones, iría a las provincias.

Si además la ANSES se apropia del stock de las AFJP, se estaría quedando con los recursos que dejaron de ingresar en el Estado y, por ende, generaron el déficit previsional.

Recuperados estos fondos, sería razonable restituirles a las provincias el 56% del 20% de Ganancias recaudado entre 1996 y 2007. A precios de 2007 (usando la inflación oficial), esta cifra asciende a $ 32 mil millones.

Estos cálculos son además una hipótesis de mínima, porque desde 1998 el 70% del Monotributo también se afectó al sistema previsional. Lo mismo ocurrió en 1999 con el Impuesto Adicional a los Cigarrillos, con lo cual estos fondos también podrían ser reclamados.

Además, antes de la reforma previsional de 1994, las provincias cedieron 15% de la masa coparticipable de recursos en el Pacto Fiscal de 1992, y 10% de la recaudación del IVA y parte del Impuesto a los Combustibles por la Ley N° 23.966 de 1991.

Las provincias podrían argumentar que el gobierno de Carlos Menem tenía ya en mente la privatización del sistema jubilatorio y, por lo tanto, se adelantó al bache fiscal que ésta significaría. Es, sin embargo, un argumento rebatible, porque el sistema ya estaba en déficit por los atrasos en los pagos en los años ochenta.

En el Congreso ya hay legisladores que discuten este tema. Habrá que ver si prima la lealtad partidaria o si, como ocurrió durante el conflicto con el campo, algunos priorizan los intereses de sus provincias.

*Director ejecutivo de CIPPEC.

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