Las provincias cerraron 2008 con rojo fiscal por primera vez en cinco años

Las provincias cerraron 2008 con rojo fiscal por primera vez en cinco años
El gobierno nacional es el mayor acreedor y la administración K pone condiciones a los mandatarios para refinanciar la deuda en un año electoral. Temor a las cuasimonedas
El peso de la deuda pública condujo a las provincias a cerrar el 2008 con el primer desequilibrio desde 2003. Los pasivos crecieron hasta llegar a 93.200 millones de pesos y triplicaron así los valores de 2001. El aumento fue ocasionado por la pesificación, la indexación por inflación y las colocaciones de bonos previas a la crisis internacional. El freno de la actividad se sintió con fuerza en el norte del país y algunos distritos amenazaron con volver a imprimir cuasimonedas para financiarse y eludir las restricciones de crédito durante el año electoral.

El deterioro de las cuentas del sector público provincial se profundizó sobre el cierre del ejercicio por la caída en el ritmo de la recaudación tributaria y su consecuente impacto en los giros de coparticipación. En términos consolidados, el déficit financiero pasaría de $ 600 millones en 2007 a $ 3.040 millones en 2008 (2,1% del gasto total). Mientras que el resultado primario, antes del pago de intereses de la deuda, sería deficitario por primera vez desde 2003, revirtiendo una senda de cinco años consecutivos de excedente primario a nivel provincial. En términos absolutos, se ubicaría en los $ 140 millones (0,01% del PIB), lo que implica una variación negativa de $ 2.060 millones respecto al año previo.

“No sólo se volvió a observar una mayor tasa de variación de las erogaciones frente a los recursos, 26,7% y 24,6% respectivamente, sino que también se registró una expansión en la brecha de crecimiento de ambas variables respecto a 2007”, comentó el análisis de la consultora Economía & Regiones.

La región Pampeana, compuesta por Buenos Aires y la Capital Federal, es la que determinaría el déficit financiero del consolidado de provincias, dado que presentaría un déficit primario cercano a $ 2.100 millones, y un déficit financiero de $ 3.360 millones.

En el peor de los escenarios trazados por la entidad en 2009, las provincias no podrían honrar sus compromisos y es de esperar que se den refinanciaciones de deuda pero con el Gobierno Nacional o que éste encare la reprogramación de los Bogar 2018.

No obstante, el stock de deuda se redujo en valores nominales si se la compara con el Producto Interno Bruto (PIB) y respecto de los Ingresos totales que perciben las provincias. Tras alcanzar un nivel equivalente al 22% del PIB nominal en 2002, el stock de la deuda provincial redujo esa equivalencia a sólo 11% en 2007 y llegaría en 2008 a 9% del PIB. Asimismo, de una equivalencia al 212% de los ingresos totales en 2002, el stock redujo su peso a 79% en 2007 y 66% en 2008.

El canje de la deuda bancaria provincial por Bogar 2018, junto con el rescate de las cuasimonedas y los Programa de Financiamiento Ordenado (PFO) y Programa de Asistencia Financiera (PAF) transformaron al Estado Nacional en el principal acreedor de las provincias por valor de $ 64.300 millones (69% del stock). En 2001, los bancos y los tenedores de títulos públicos eran los principales acreedores de las provincias.

Los gobernadores buscan una refinanciación a largo plazo y sin indexación, pero las negociaciones se complican con la administración K en un año electoral.

Este proceso de concentración de la deuda en la Nación se vio acentuado por el bajo acceso de las provincias a los mercados financieros de deuda voluntaria después del default de 2001, donde sólo se registraron algunas colocaciones hacia fines de 2006 y 2007, como las Neuquén y Buenos Aires.

La mitad de la deuda provincial se encuentra nominada en pesos ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Otro 26% de la deuda esta nominada en moneda extranjera adquiriendo relevancia en un escenario de suba de tipo de cambio nominal como el actual. “Durante los 90, la mayor parte de los préstamos y títulos públicos fueron concertados en dólares estadounidenses, ya que permitía a las provincias bajar significativamente los costos del financiamiento al eliminar el riesgo potencial de una devaluación”, explicó E&R.

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