La ley provincial de Educación está "fuera de la agenda"

La ley provincial de Educación está

Así lo indicó el titular de la DGE, Jaime Correas. Señaló que el proyecto de 273 artículos que tiene media sanción de Diputados "genera derechos y no obligaciones" y que no hace aportes importantes. Sin ley, el Gobierno Escolar avanzó en la evaluación de la calidad educativa.

El gobierno de Alfredo Cornejo considera que está "completamente fuera de agenda" la necesidad de sancionar la ley provincial de Educación, un extenso proyecto que se viene discutiendo desde hace casi una década y que tiene sanción de la Cámara de Diputados desde fines de 2014.

El director general de Escuelas, Jaime Correas, sostuvo que no es prioritario este nuevo marco legislativo y reiteró críticas al texto de 273 artículos que navega en la Legislatura, sin destino.

"Es una ley plagada de derechos y carente de obligaciones. Además es un tema que desde el SUTE no me lo han vuelto a plantear", expresó el funcionario. Y agregó: "El debate nacional va por otro lado y el aparato educativo necesita otras cosas, por ejemplo, que no les peguen a los docentes".

Siguiendo con su análisis del proyecto votado en Mendoza hace casi dos años, Correas indicó que la ley nacional de Educación sancionada en época del kirchnerismo "no está mal", pero que la ley provincial (a la cual la primera invitaba a adherir) "la duplica en artículos, pero no va mucho más allá".

Dejó claro en este sentido Correas que aquel texto necesita una revisión, pero aclaró que eso dependerá exclusivamente de los legisladores, ya que en la DGE no existe la intención de darles impulso a esos cambios.

La norma, de ese modo, volvió a quedar en manos de quienes animaron una verdadera novela en torno a esta ley en los últimos años.

El debate legislativo en una comisión bicameral fue larguísimo (8 años), hasta que, en 2014, asomó un consenso entre justicialistas y radicales que derivó en una aprobación amplia del proyecto en Diputados.

La ley planteaba una serie de enunciados generales sobre la educación, entre ellos, que este servicio debe ser una política de Estado. "Educación gratuita, laica, obligatoria, integral, permanente, inclusiva y de calidad para todos sus habitantes", proclamaba el texto, con reconocimiento y respeto de la "libertad religiosa".

Se planteaba por otro lado que el financiamiento asignando ascendiera al 8% del PBI provincial y uno de los puntos más debatidos fue el de la creación de un órgano que evaluara la calidad educativa, el cual fue muy resistido por el SUTE.

Pero el consenso quedó dinamitado apenas unos meses después, en febrero del año pasado. En el Senado, el radicalismo propuso cambios respecto de la evaluación de la calidad educativa y, en una votación dividida, provocó el archivo del proyecto de Diputados. El entonces gobernador Francisco Pérez se quejó de la interna radical y la iniciativa terminó en la nada.

A mediados de 2015, en el Senado, el peronismo consiguió desarchivar el proyecto. Pero no pasó casi nada más desde entonces.

La gestión actual prácticamente desconoce que esta ley haga aportes de peso, incluso en materia de fondos para el sistema educativo. Correas dijo en ese sentido que hoy "se respeta el financiamiento".

En todo caso, el problema es que el 98 por ciento de los 13.000 millones de pesos destinados a la DGE en el presupuesto de este año (sin contar los aportes nacionales) se van en sueldos. Reducirlo al 95 por ciento, como en otras épocas, sería para el Gobierno un logro.

En cuanto a la evaluación educativa, el Gobierno provincial ha avanzado, a su modo, sin necesidad de la ley. Hace poco se realizaron evaluaciones en todas las escuelas públicas y públicas de gestión privada. Las pruebas fueron de lectura en voz alta para alumnos de tercer grado y de lengua y matemáticas para los de séptimo grado.

Correas sostuvo que el 90 por ciento de los alumnos de las escuelas mendocinas fue evaluado en este operativo. Señaló además que los resultados se conocerán dentro de un mes y medio y prometió que serán difundidos, al menos en general, a la población.

La Nación hará su propia evaluación de los alumnos mendocinos en octubre y la DGE dice que los datos obtenidos se van a complementar y utilizar en políticas educativas.

Según el Gobierno provincial, ya no hay miedo a difundir los datos y marcó diferencias con el Operativo Nacional de Evaluación (ONE), que se realizó por última vez en 2013 y "no se conocieron los resultados".

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