La provincia sacará 20 inspectores a la calle

El boom de la construcción viene rezagado en el cumplimiento de la normativa vigente. Un día después de que La Capital publicara un relevamiento en el área central donde la mayoría de los carteles de edificios están en infracción, el Ministerio de Trabajo provincial anunció que el lunes próximo comenzará un operativo de rastrillaje, con 20 inspectores que barrerán la ciudad en seis zonas, para detectar si las empresas cuentan con permiso de edificación, los responsables del proyecto, la dirección técnica y el responsable de higiene y seguridad. El poder de policía de la cartera se redobla a seis meses de la puesta en marcha de una norma consensuada en la Comisión Tripartita por el Trabajo Decente.
Un rápido recorrido por parte de la asociación civil Manos a la Obra reveló que sólo una de 30 construcciones exhiben el cartel de obra con los requisitos aprobados en el decreto 1.732. La norma surgió tras las sucesivas muertes de albañiles y fue sancionada "para separar la paja del trigo", tal cual habían publicitado funcionarios y empresarios de la vivienda.

Sin embargo, existe cierto letargo para ponerse al día. En cada cartel readecuado a la disposición debe figurar título, matrícula, proyectista, director y representante técnico. También los permisos de edificación y un número telefónico para reclamos (ver aparte).

Tras el informe de este diario la provincia anunció la implementación de un operativo para sancionar a los infractores.

"Comenzamos el lunes con un rastrillaje a pleno en las obras en construcción", indicó el director provincial de Inspección de Trabajo, Fernando Muruaga.

Habrá seis grupos para recorrer las obras desperdigadas por la ciudad, con la incorporación de 14 nuevos agentes de la cartera laboral. En total, unos 20 inspectores harán foco en el rubro que más crecimiento viene registrando en los últimos años.

En falta. La ausencia de los datos que exige el decreto también está tipificado en el marco del pacto federal del trabajo. En rigor, una infracción por la ausencia de la información exigida impone una multa de 250 a 1.000 pesos por trabajador inscripto y afectado a la obra.

Según adelantó Muruaga, la norma vigente desde hace seis meses "tiene ya las primeras resoluciones por estos incumplimientos".

El trámite tiene sus demoras administrativas y, tras la constatación de la irregularidad y la constancia de la falta del cartel, se abre un período sumarial, luego una segunda visita, una audiencia de descargo de la empresa multada y, finalmente, la resolución.

Desde Trabajo prometen que los operativos serán permanentes, haciendo hincapié en garantizar condiciones seguras para los obreros, más allá del pago de las multas. "Nuestro objetivo está centrado en controlar todo el proceso laboral", apuntó Muruaga.

El decreto que regula los requisitos y el tamaño que deben tener los carteles de las obras fue aprobado en julio pasado en la Comisión Tripartita para el Trabajo Decente, que conforman las cámaras empresarias, el gremio de la construcción y los funcionarios santafesinos.

La norma entró en vigencia en un 2008 teñido por la fatalidad: durante esos 12 meses murieron en la provincia diez albañiles como consecuencia de los accidentes laborales.

Para denunciar

Entre los datos que deben exhibirse en los carteles de obra figura un número para que los vecinos y transeúntes puedan denunciar anomalías y el Ministerio de Trabajo provincial las recepcione para corroborarlas con una inspección. Cada chapón frente a la calle debe tener impreso el 0-800-555-3846.

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