En el escrito alegaron incumplimientos formales y ausencia de pretensión procesal de la acción, falta de legitimidad activa de los actores, inexistencia de conflicto de poderes y de gravedad institucional, e incompetencia de la Corte de Justicia para resolver la cuestión.

El informe lleva la firma del propio fiscal Denett, del asesor general de la Provincia, Mario Mayorga, y del abogado Andrés Navarro. Los letrados entienden que los senadores del FCS invocaron un fallo del caso Terragno y un comentario de Bidar Campos fragmentado, y que es opinión minoritaria en contraposición a toda la doctrina nacional y la posición sostenida por la Corte Suprema de la Nación, desde hace años, negando legitimación a los legisladores nacionales para promover acciones judiciales que corresponden a los cuerpos legislativos y no a interés o derecho personal o propio.

Sostienen que los legisladores alegaron la existencia de conflicto de poderes, pero no formularon pretensión procesal en términos claros y positivos como resulta de la existencia del Art. 330 inc. 6 CPC, como condición de admisibilidad de la acción, por lo tanto se ha planteado una cuestión meramente abstracta, ajena a la decisión de los jueces. En síntesis, afirman que no plantearon en concreto la declaración de nulidad del decreto de designación del Fiscal de Estado.

Además subrayan la falta de “legitimación activa” para actuar por sí de los senadores del bloque opositor. Indican también que para presentar el conflicto debió haberse seguido el procedimiento legislativo a fin de que en sesión se disponga la promoción de acción en caso de que la Cámara de Senadores, como poder, planteara el conflicto de poderes y sólo por medio del presidente, como establece el artículo 144 del Reglamento Interno que determina que sólo el presidente habla en nombre del Senado.

Por ello, los abogados aseguran que no existe conflicto de poderes porque no lo ha planteado la Cámara de Senadores sino un grupo de senadores, así sea la mayoría, pues no la hicieron valer en una sesión.

Asimismo, resaltan el antecedente Brizuela del Moral y Jalile del año 1998, cuando Ricardo Cáceres sentenció que no puede haber conflicto de poderes si las cuestiones son de naturaleza política, y en el caso del fiscal de Estado, entienden que los senadores pusieron en ejercicio esas facultades políticas cuando declararon que Denett “no daba el perfil”, definición obviamente política.

Asimismo niegan gravedad institucional, cuando los senadores invocan que sería nula la actuación del fiscal designado, con lo cual correría peligro la defensa de los intereses del Estado. Los abogados del Estado entienden que sostener que se puede perder juicio por presunta falta de legitimación sólo consultará el mero voluntarismo de los jueces y se sustentará en la simple invocación de un hecho inexistente, que implicará un escándalo político jurídico, grave peligro para las instituciones y hasta podría incurrirse en la figura de prevaricato, sentencias contradictorias para resolver casos similares.

Finalmente, plantearon que en caso de un fallo adverso, recurrirán ante la Suprema Corte de Justicia.