La Provincia quiere poner bajo vigilancia a todo el conurbano

El gobierno de la Provincia exigió que antes de fin de año todo el conurbano esté monitoreado por cámaras de alta calidad y para ello, cuentan con importantes socios vinculados a los multimedios. Morón, Ituzaingó, Hurlingham y La Matanza ponen sus reparos a la tendencia e intentan esquivar negocios turbios con el Estado.
El futuro ya llegó y el oeste no se lo quiere perder. La sociedad de control se puso en marcha y no se detendrá hasta que el gran entramado urbano –que componen las ciudades del Gran Buenos Aires– quede bajo la atenta mirada de la tecnología.

Diferentes abogados constitucionalistas consultados por El diario, aseguran que es legal y legítimo registrar todo, absolutamente todo lo que pase en los espacios públicos. Las dudas surgen sobre si se debería advertir en las zonas donde la gente está siendo monitoreada. Según ironizó uno de los especialistas, "con un cartelito que diga: sonría, a partir de este momento lo estamos filmando por su seguridad", bastaría para que los municipios o los diferentes Estados eviten más de un dolor de cabeza y un juicio. Es que la reproducción de cierto material puede provocar un daño a una persona y se podría, por caso, realizar una demanda por la "responsabilidad del Estado por su actividad lícita". Hay que tener en cuenta que los registros pueden convertirse en un elemento clave en una causa judicial o simplemente evitar un delito. Lo cierto es que existe un vacío legal porque aún no hay una normativa –ni nacional, ni provincial– clara al respecto.

Una cosa no quita la otra. La cuestión se oscurece cuando los grupos económicos –multimedios– encargados de difundir y dar a conocer las bondades de las cámaras de seguridad, son los mismos que ofrecen el servicio de instalación. Hasta el hartazgo, en los últimos días pudo observarse en diferentes medios la reproducción de golpizas a la salida de un boliche o las eficaces actuaciones policiales. Como si fuera Ley, todas estas noticias fueron tratadas con el menor profesionalismo y rigor periodístico posible.

Al parecer, Daniel Haddad y Sergio Spol-zky, hoy con fuerte incidencia en gran parte de los principales medios gráficos, televisivos y radiales, habrían visto con buenos ojos las posibilidades de las nuevas tecnologías para renovar los negocios. En estricto off, desde diferentes municipalidades hay quienes aseguran que "los muchachos salieron a competir con todo por el negocio de las cámaras y hacen cualquier cosa por cerrar negocios con el Estado".

Miedo, control y muchos millones en juego. Algunos meses atrás, la presidenta Cristina Kirchner anunció un jugoso desembolso de 400 millones de pesos para las arcas bonaerenses. Con ese dinero, el gobernador Daniel Scioli debe implementar un eficaz y rápido programa contra la inseguridad. De la mano de Néstor Franco, director general del Ministerio de Seguridad, se impuso la idea que las video cámaras en la vía pública eran esenciales para prevenir el delito. No es azaroso, en 2003 Franco fue funcionario del municipio de Ezeiza que se convirtió en el primero en instalar un sistema integral de seguridad. Ante la urgencia del problema y la presión de los medios, desde Provincia –quien deposita el dinero en dos etapas y por mitades– no exigieron licitaciones públicas y hasta llegaron a recomendar a ciertas empresas.

Así planteadas las cosas, los partidos de Morón, Ituzaingó, Hurlingham y La Matanza están tomando sus recaudos. Según coincidieron, se intenta tener el sistema más moderno y que quede exclusivamente en manos municipales.

Morón a la cabeza

Morón tiene más de 30 cámaras adquiridas por licitación pública, instaladas en zonas céntricas y controladas por una sala de mo-nitoreo propia bajo la tutela de funcionarios municipales y efectivos policiales. Hoy, la comuna iba a anunciar la futura adquisición de otras 124 videocámaras. Diego Spina, secretario privado del municipio, aclaró que si bien no hay una reglamentación, desde la comuna "no se distribuye ninguna de las imágenes porque asumimos una responsabilidad política y social con respecto a las libertades públicas". Y ejemplificó: "Hace poco una chica con un bebé en un cochecito vendía droga cerca del centro de Morón en la plaza La Roche. Ese caso fue descubierto por nuestras cámaras, se le dio parte a la policía y quedó detenida. Sin embargo, nadie dijo que eso salió de la central de monitoreo de Morón ni se han conocido las imágenes".

El funcionario diferencia el sistema propio. "Acá somos los dueños de nuestro sistema informático. Otros municipios le compran a la empresa de Spolzky o a la empresa de (Mario) Montoto (ex montonero, devenido en empresario y posiblemente vinculado a Haddad) o a determinadas firmas del negocio informático". Spina explica que las comunas contratan, en millones de pesos, el servicio de cámaras de seguridad en la vía pública. Luego, estas empresas montan su red sobre las de telefonía celular y desde allí se capturan las imágenes; y crean una oficina que las digite. "De modo tal, que entregan sólo una réplica porque en realidad tienen otro dueño".

"Yo no sé por qué lo hacen, pero sé que lo hacen", indicó Spina y agregó: "Lo cierto es que los municipios no son dueños de esas imágenes sino que alquilan ese servicio". Desde Morón, afirman que la idea es completar la instalación de fibra óptica en todo el distrito para montar sobre esta red (paralela a la de las telefonías) las cámaras que a su vez, van a permitir, entre otras cosas, el acceso gratuito a internet de los contribuyentes.

Ituzaingó digital

En diálogo con El diario, Alfredo Almeida, secretario general de Gobierno de Ituzaingó, advierte que la comuna viene desarrollando un sistema de seguridad integral, inclusive desde antes que existiera el programa nacional. Para despejar cualquier tipo de dudas y distanciarse de la contratación sin competencia, el Municipio firmó un convenio con la Universidad de Morón para que elaborara los pliegos de licitación.

El trabajo, encargado a la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Facultad de Ciencias Informáticas y de las Comunicaciones, intentará dejar asentado la base para que Ituzaingó se convierta en una "Ciudad Digital". El pliego deberá contemplar que "la red quede en manos del Municipio" para que se monten las futuras cámaras. Además, se dejará el camino allanado para que toda la comuna tenga acceso a internet gratuito y se abaraten los costos de las comunicaciones internas en el Municipio.

Según Almeida, la inseguridad merece urgencia, pero no tanta como para terminar cerrando acuerdos estériles y confió que una vein-tena de empresas ya acercaron sus propuestas. "No queremos quedar presos de nadie, pretendemos que sean equipos actualizables y que se vayan adaptando a las nuevas tecnologías, por eso estamos poniendo tanto ímpetu en los pliegos", aseveró el funcionario.

De la misma manera, el material registrado en las videocámaras de seguridad será confidencial y "se descarta cualquier uso de las imágenes que resulten escabrosas o morbosas que puedan llegar a darle un punto más de rating a algún medio".

Almeida también aseguró que de esta manera los contratos van a representar menores costos que los que hoy ofrecen las empresas "que vienen de parte de» o «recomendadas por...".

Hurlingham

Claudio Branda, secretario de Gobierno de Hurlingham, aporta su visión y explica que en la comuna tampoco se quiso pecar por la urgencia: "Antes de las elecciones, algunos municipios hicieron compras directas para aflojar la presión de los medios". Aquí, la licitación pública contempla "un monto global" de dos millones y medio de pesos que incluye la instalación de más de 60 cámaras (como mínimo); unos 18 GPS (para los móviles policiales) y la contratación de 12 personas –en su mayoría ex agentes retirados–, para que apoyen a la policía en calle.

A grueso modo, es similar a los sistemas de Morón y lo que se pretende en Ituzaingó. "Estamos adquiriendo un sistema de Seguridad Urbana y exigimos la garantía de un año en el funcionamiento y tres para los equipos. Este es un tema relativamente ajeno a los municipios y por eso llevó su tiempo", informó Branda y añadió que el plan consiste en cuatro subsistemas: video-vigilancia; comunicaciones; red privada de comuniciación (radios); y el monitoreo del personal y vehicular.

"Queremos llegar a ser una Ciudad digital, pero estamos pidiendo un sistema escalable para contar con la tecnología primaria y que luego se pueda ampliar. Los equipos estarán en poder del municipio aunque una vez que pase la garantía, seguramente contrataremos a una empresa para realizar mantenimiento", añadió Branda. Al mismo tiempo, reconoció que varias empresas se adelantaron y se comunicaron con el Municipio: "Alguno que otro se puso nervioso porque tiene que adaptarse al pliego, pero es lo más justo".

La Matanza

La Matanza también elaboró un proyecto a partir de "políticas con-sensuadas y moderna tecnología"; se creó un Consejo Municipal de Seguridad que funciona en el 1º piso del edificio comunal y desde allí, el Centro de Operaciones Municipales (COM), monitoreará las 82 cuadrículas del distrito durante las 24 horas.

El COM estará conectado a un circuito de video de 328 cámaras (una docena de las cuales ya han sido instaladas) y un patrullero con tecnología GPS estará destinado a cada cuadrícula. El diario pudo saber que las imágenes se borrarán en un plazo de 30 días y que actuamente se está trabajado en los pliegos para comprar en 90 días, unas 80 videocámaras más.

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