La gobernación bonaerense avanza hacia la municipalización de los comedores escolares. Para esto, los funcionarios provinciales ya han comenzado a entablar contactos con intendentes para poner en marcha una prueba piloto que durante 2017 abarcaría a doce distritos.

El argumento para la implementación de esta medida es tener una relación más cercana y aceitada con los proveedores, contar con un seguimiento minucioso del menú que se otorga, eliminar barreras burocráticas e imprimirle a los consejos escolares un rol más protagónico y enfocado en lo que refiere a lo pedagógico y el control del ausentismo docente.

Según informan distintos medios provinciales, la intención en principio es firmar convenios para las prueba piloto en enero del próximo año, de modo que los municipios elegidos comiencen a recibir los recursos en febrero. Asimismo, se estipula que los distritos en cuestión sean dos del Conurbano y los diez restantes del interior bonaerense. En estas comunas, el Servicio Alimentario Escolar (SAE) será quitado de la órbita de los consejos escolares y pasará a los ejecutivos municipales, que recibirán mensualmente de la Provincia las partidas correspondientes a este fin.

En cuanto al rol que tendrían los consejos escolares, se comentó que se apunta a una redefinición de las acciones, enfocando en el aspecto pedagógico y monitoreo del ausentismo docente, para consolidarse así como “un órgano político que controle la calidad de la educación que reciben los chicos”. En este punto, se alegó que la mayoría de los consejeros y consejeras son docentes que “hacen algo que no tiene nada que ver con la formación profesional”.

Rechazo docente

El Presidente del Consejo Escolar de General Paz, Adrián Giménez, quien explicó que esta medida sería en principio “una prueba piloto, pero en el 2018 serían los 136 Consejos Escolares. Tanto los comedores como la infraestructura se los pasarán a las municipalidades, sin ningún tipo de justificación”.

En este sentido, Giménez destaca que “el Consejo Escolar en su totalidad está en desacuerdo con que le pasen los proveedores a la Municipalidad de General Paz. Si bien no emitimos ningún comunicado, se charló y están de acuerdo hasta los mismos oficialistas”, aclaró.

La decisión de municipalizar los Comedores escolares se tomó “sin comunicado oficial, ni consulta, ni resolución, ni disposición. Va en contra de la Ley, porque el Artículo 203 de la Constitución de la Provincia nombra a los Consejos Escolares como administradores de los bienes en Educación. Si no reformás la Constitución Nacional ni la Ley Provincial de Educación, no podrían hacerlo y sin embargo lo hicieron. Esto no condice con el diálogo prometido”, recalcó Giménez.

El pasado viernes, se llevó adelante una reunión de Consejeros Escolares de la Quinta Sección Electoral en Chascomús, donde participaron funcionarios de todos los signos políticos. Allí se firmó un comunicado en contra de la medida que impulsa María Eugenia Vidal. El próximo 29 de noviembre habrá otro encuentro, esta vez a nivel provincial, en Mar de Ajó, donde se volverá a tratar la problemática.

Suteba, por su parte, difundió un comunicado en donde dice que “el Estado provincial se desentiende de sus obligaciones y busca responsabilizar a los municipios del Servicio Alimentario Escolar”, agregando que el de Vidal es un “gobierno que no escucha ni se hace cargo. Los municipios no son quienes deben garantizar el Servicio Alimentario Escolar, esta es una responsabilidad del gobierno provincial”.

“Nos hace poner en alerta el proyecto de transferencia de responsabilidades a los municipios. Esto no forma parte de la legislación que está vigente”, subrayó la secretaria de Educación y Cultura de Suteba, Silvia Almazán, al advertir que actualmente “hay una necesidad de incrementos de cupos en algunos distritos y la actualización del monto por prestación porque hubo una en mayo pero ahora con el proceso inflacionario va quedando desactualizada”.

Asimismo, alertó sobre una actual “trasferencia de responsabilidades con fundaciones y ONG que asumen o empiezan a desarrollar acciones pedagógicas que son propias de Educación”. “¿Empieza a quitarse el Estado provincial la responsabilidad de garantizar el derecho social de la educación?”, se preguntó la dirigente gremial.