El gobierno provincial ofreció colaborar con la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés) para que el próximo 1º de mayo las familias que cobran la asignación universal por hijo (AUH) y no acreditaron la escolaridad y vacunación del 2015 no pierdan el beneficio. La propuesta, presentada la semana pasada por el ministro de Desarrollo Social santafesino, Jorge Alvarez, apunta a cruzar los registros provinciales de las áreas de Salud y Educación con los listados de unos 31 mil titulares de la asignación que no cumplimentaron esos requisitos, obviando la instancia de tramitación familiar. Se calcula que en Rosario 24 mil chicos tienen riesgo de que se les suspenda esa ayuda.

Durante todo el mes pasado (y ahora también en abril) la Ansés encaró sucesivos operativos barriales para acercar la posibilidad a los hogares de regularizar su situación.

La decisión del organismo de imponer un plazo tope a los hogares que adeudan los certificados de escolaridad y vacunación del 2015 se conoció hace unos días.

En toda Santa Fe esas familias rondan las 31 mil. En Rosario no se conoce cuántas son, pero se estima que el universo de beneficiarios de la AUH representa del 35 al 40 por ciento del total. A razón de dos hijos promedio por titular, la cifra ronda los 24 mil menores de 18 años o con alguna discapacidad sin límite de edad.

La ley nacional que reglamenta el régimen de asignaciones familiares otorga, entre otros beneficios, un aporte mensual del 80 por ciento de la ayuda total (996,80 pesos, sobre 1.246) por cada niño (en el caso de hijos discapacitados los montos son de 3.251,20 y 4.064 pesos respectivamente). El otro 20 por ciento se cobra cuando se acredita, anualmente, el cumplimiento de la escolaridad y la vacunación.

Pero este año la Ansés resolvió poner un límite a los deudores del 2015 y suspender el pago total del beneficio partir del 1º de mayo.

Al respecto, Alvarez llamó a "diferenciar" en primer lugar "cuántos de esos niños asistieron a la escuela y cumplieron con los controles médicos y cuántos no". Pero "no se puede excluir" del cobro de la asignación, dijo, a quienes respetaron esos requisitos y no presentaron la documentación por el mero "incumplimiento de una formalidad, máxime con los niveles de indigencia y pobreza" que hay en el país.

Más grave resultarían los casos en que las constancias no se presentaron porque en efecto los chicos no fueron a la escuela y no tuvieron controles de salud. Con ellos, se deberá "extremar un trabajo conjunto y un abordaje especial, no sólo para que cobren, sino especialmente para no profundizar la marginalidad".

Por eso, el gabinete social santafesino expresó "la voluntad y posibilidad del gobierno provincial de colaborar" para intentar que "los niños no pierdan sus beneficios".

Según afirmó Alvarez, el ofrecimiento ya fue elevado a las autoridades de Ansés, previa consulta con sus pares de Educación, Claudia Balagué, y de Salud, Miguel González.

La propuesta consiste en cruzar la lista de los deudores de la Ansés

con las bases de datos provinciales y "certificar a través de Educación y Salud quiénes están en regla y sólo dejaron de cumplir con el trámite administrativo de acreditación".

Alvarez destacó que "no cabe duda de la importancia de la inclusión a través de una mayor escolarización, los controles de vacunación y de salud". Sin embargo, razonó, "la falta de cumplimiento de un trámite administrativo no puede menoscabar derechos, y menos aún de niños en estado de vulnerabilidad".

Con ese eje, dijo el "nivel de informatización" de Santa Fe "permite allanar" esas cuestiones, jugando "a favor de una mayor inclusión, determinando quiénes aún están fuera del sistema e ir a buscarlos".

La idea, sostuvo el ministro, es "eliminar trámites burocráticos usando la propia información del Estado, que es en definitiva el que brinda a los padres la documentación a entregar a la Ansés".