Provincia y municipios racionalizarán recursos

Acordaron el manejo de los fondos provenientes de la renegociación de los contratos petroleros y de la coparticipación de las retenciones a la soja

Al encabezar el primer encuentro de la comisión creada la semana pasada en la reunión del gobernador Jorge Sapag y los intendentes neuquinos, el ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya, junto a los integrantes de este cuerpo, establecieron una agenda de trabajo para consensuar y administrar los recursos que ingresarán a la provincia por la renegociación de los contratos petroleros y la coparticipación federal del fondo solidario que surgirá de las exportaciones de soja.

Allí se evaluaron una serie de medidas que procuran la racionalización de los recursos y el achicamiento de la masa salarial de cada municipio. Se habló, por ejemplo, de jubilación anticipada, congelamiento de planta, e ingreso a planta permanente únicamente por concurso público.

Bertoya apuntó que estos temas serán objeto de trabajo conjunto y consenso con los municipios; y a la vez agregó que se contemplará la posibilidad de confeccionar "un registro único y un aporte universal para los planes sociales con capacitación y no con contraprestación".

El intendente de la capital neuquina, Martín Farizano, evaluó que las medidas procurarán reducir la masa salarial y compensar erogaciones que actualmente asfixian a las comunas. En Zapala, el jefe comunal Edgardo Sapag hizo mención a las mismas alternativas que precisó Bertoya, y advirtió sobre la responsabilidad fiscal municipal y la norma que regulará a las comisiones de fomento.

"El encuentro sirvió para avanzar sobre la responsabilidad de las comunas", sostuvo el intendente de Junín de Los Andes, Enrique Campos. Sucede que se depende cada vez más de los recursos provinciales para afrontar los embates de la crisis y los reclamos salariales, según expresó.

Lo mismo fue advertido por Bertoya, quien indicó que existe una "altísima dependencia" para atender sueldos con estos recursos. La problemática, según consideró, es grave. Es que existen "casi 50 mil empleados públicos, 15 mil municipales y más de 20 mil subsidiados", detalló.

"Hay que proponer alternativas comunes, a los efectos de paliar la crisis y racionalizar los gastos. Esto es, seguro de desempleo, jubilación anticipada, congelamiento de vacantes y ajustes financieros", añadió Campos.

El ministro de Desarrollo Territorial aseguró que, sin perjuicio del pago de las obligaciones con el personal, se busca definir políticas en común que permitan destinar los 300 millones que proceden de la renegociación de los contratos petroleros; y el destino de los fondos provenientes de la coparticipación de las retenciones de la soja, a "infraestructura social, obra pública y equipamiento".

"La ley nos marca esta restricción en el destino de los recursos. Estos, además, son finitos. Por tanto acordamos ser fuertemente cuidadosos, porque destinar una parte a salarios generaría a futuro un conflicto mayor", manifestó Farizano.

Campos reiteró que la ley no permite hacer uso de estos ingresos para facilitar aumentos salariales, y adelantó que en lo que a su comuna respecta, estos fondos serán destinados a paliar la problemática habitacional.

Comentá la nota