La Provincia evalúa iniciar una demanda por la situación de OSM

Los casos de contaminación e incluso el manejo financiero de Obras Sanitarias pueden convertirse en un nuevo argumento para la guerra fría que hace rato sostienen los concesionarios del servicio de agua y cloacas, con Saur International a la cabeza, y el Gobierno.
Mientras éste analiza cómo armar la defensa de los intereses de la Provincia ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) por la demanda internacional de más de u$s 200 millones que el grupo francés mantiene contra la Nación desde hace tiempo, el EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) y asesores de la intervención estudian pedir un resarcimiento por daños ante la Justicia provincial, y no descartan una acción por responsabilidad penal.

Mientras tanto, en el ente regulador están atentos al dictamen que debe presentar el auditor externo de la empresa, José Puliafito, sobre las condiciones de funcionamiento de la empresa al iniciarse la intervención, para fundamentar la ingeniería legal.

Igualmente, luego deberá intervenir el Comité Asesor multidisciplinario que empezó a trabajar el pasado 8 de setiembre. "Hay tiempo para acumular documentación... mientras se avanzará en las ´negociaciones amistosas´ propuestas por los privados", explicó una fuente del EPAS.

Esas "negociaciones amistosas" son parte de la estrategia iniciada días atrás por Saur, quien lo solicitó por nota a la Presidencia de la Nación para resolver la controversia entre las partes.

Por su parte, el titular del ente de control, Javier Montoro, y el asesor de la intervención de OSM, Aldo Rodríguez Salas, se reunieron el jueves con Adolfo Scrinzi, el n°2 de la Procuraduría del Tesoro de la Nación, autoridad que responde las acciones internacionales contra el Estado, para analizar el alegato (motivo de la intervención, situación de la empresa, auditoría) de defensa ante el Ciadi. Según Scrinzi, "los tribunales arbitrales se rigen por principios de buena fe, exigen gestión responsable y confiabilidad".

La importancia de accionar a tiempo también es clave. "No se puede dejar de reclamar por perjuicios causados, como ocurrió en Tucumán", señaló Rodríguez Salas, en cuanto a ese antecedente por el que la Nación perdió y tuvo que pagar.

Paralelamente, los funcionarios mendocinos anticiparon que se estudia iniciar acciones de resarcimiento por daños ante el foro local por incumplimiento de deberes del operador técnico. Scrinzi las avaló por no contradecir acuerdos internacionales.

Para Rodríguez Salas, "se privatizó la gestión, no la infraestructura. Pero la falta de mantenimiento genera responsabilidad civil". Y más: si la auditoría contable- técnico- ambiental arroja negligencias administrativas y de contaminación, sería suficiente para basar una demanda penal.

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