El futuro de los salarios depende de tres variables complejas: recaudación, inflación y resultado final de la reforma de Ganancias.

La relación de los gremios estatales con el Centro Cívico atraviesa su peor momento en los últimos años y todo preanuncia que puede endurecerse aún más cuando se negocie la paritaria 2017. En la Provincia buscan poner paños fríos al vínculo y señalan que hay “un diálogo permanente”, pero admiten que es incierta cómo será la negociación salarial que arrancará formalmente en febrero.

Los estatales concluyen el año con un frustrado reclamo de suba salarial compensado con un bono de fin de año promedio de dos mil pesos para activos y pasivos, con un costo de 365 millones para los contribuyentes.

Además de factores como la inflación, la recaudación y la reforma del Impuesto a las Ganancias, el perfil de la futura paritaria estará condicionada a que el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) acuerden antes de fin de año con el Gobierno cómo se abonarán subas por reescalafonamiento, cuyo pago fue diferido para febrero.

Esos pagos, dispuestos por decreto por José Manuel de la Sota, debían efectivizarse en noviembre; y la Provincia pretende incluirlos dentro de la paritaria 2017, lo que es rechazado por los gremios.

El Presupuesto 2017 prevé una suba de salarios de 18 por ciento, pero todos los años anteriores ese porcentaje terminó siendo muy superior al incluido en la ley.

En Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal firmó una suba salarial del 18 por ciento por 15 meses, pero se comprometió a efectivizar a 15 mil agentes.

Los estatales cordobeses quieren recuperar entre seis y 10 puntos que dicen que perdieron por la inflación. Para el Centro Cívico, sueldos y precios empataron.

El alineamiento de Juan Schiaretti con la Casa Rosada, por un lado, y las críticas de los gremios cordobeses a la gestión de Mauricio Macri, por el otro, es también un factor que incide en el vínculo.

Con un nuevo marco político, el reclamo salarial y el rechazo al recálculo del 82 por ciento dispuesto por ley a instancias de Schiaretti fueron los dos ejes que generaron uno de los años más conflictivos de, al menos, los últimos cinco.

Los dos sectores más afectados por las protestas fueron la salud y la educación. Por salarios, hubo innumerables asambleas y huelgas en hospitales que resintieron la atención. La educación –de gestión pública o privada– sufrió siete paros. La UEPC lideró las movilizaciones.

El rechazo de todos los gremios al recálculo previsional reflotó la Coordinadora de Gremios Estatales piloteada por la UEPC y el Sindicato de Luz y Fuerza. UEPC y SEP acusaron al Gobierno de incumplir un acuerdo de marzo, que preveía rediscutir salarios si en julio la inflación superaba la mejora salarial, sobre lo cual hubo interpretaciones divergentes.

El Gobierno dio un 25 por ciento de aumento sobre la masa salarial pero en la distribución que realizan los gremios los incrementos promediaron 32 por ciento.

La paritaria 2017 formalmente arrancará el 1° de febrero. Por lo pronto el jefe del SEP, José Pihen, anticipó que no se sentará a discutir si el Gobierno no define antes del 31 de este mes cómo abonará el reescalafonamiento. El pago de esa mejora implica, según el gremio, subas que van de 200 a 2.000 pesos mensuales.

El Gobierno quiere convocar al SEP antes de fin de año para discutir cómo se computará ese incremento y, si se concreta esa reunión, habrá un indicio sobre cómo será la próxima paritaria.