La Provincia se endeuda para reimpulsar las obras públicas.

Desde ahora, los fondos que envíe la Nación para construir casas deberán ser devueltos.
"Por la crisis internacional hay que recurrir a nuevos financiamientos, para poder seguir dándole soluciones a la gente. Nuestras propuestas buscan preservar el nivel de actividad en la construcción, donde se perdieron 3.000 puestos de trabajo en los últimos meses", afirmó la legisladora peronista Beatriz Avila, al justificar la toma de un crédito con el Gobierno de la Nación para levantar 1.348 viviendas, sobre un total de 5.000 que le corresponden a la Provincia.

La nueva operatoria, aprobada por el oficialismo legislativo el sábado, pese al rechazo opositor, tiene como novedad que los aportes nacionales son reintegrables. Los recursos surgirán de un fideicomiso financiero administrado por el Banco Nación a partir de los aportes a la Anses.

Como la ley prescinde del llamado a licitación pública y admite la contratación directa para las obras (con un máximo de 100 viviendas por empresa), los referentes opositores están indignados. El radical José Cano apeló a la ironía: "se debería eliminar la Ley de Presupuesto y de Administración Financiera, y aprobar otra que le dé facultades al Poder Ejecutivo para que sea absolutamente discrecional". También Esteban Jerez objetó la nueva operatoria y reivindicó la transparencia en la gestión pública.

"Obviar la Ley de Obras Públicas y las licitaciones y evitar los mecanismos de control administrativo y legal son las constantes en este Gobierno, cuando el mandato del pueblo fue que respetemos las normas", protestó el laborista Osvaldo Cirnigliaro.

El presidente de la bancada Tucumán Crece, Roque Alvarez, refutó las críticas. "Hay leyes que deben ser reformadas y no lo hacemos", admitió y convocó a los opositores a trabajar en el tema para agilizar las adjudicaciones.

Según el convenio firmado entre el Poder Ejecutivo y la Nación, cada vivienda, de 47 metros cuadrados, tendrá un costo de unos $ 120.000 (la Nación aportará $ 108.000, por lo que $ 12.000 es lo que, se estima, afrontará el PE con recursos propios). El texto aprobado por la Legislatura establece que la Provincia pone como garantía para la devolución de los recursos un porcentaje de los fondos que le corresponden del Fonavi. No obstante, la pretensión del Gobierno es devolver el dinero a la Nación mediante el recupero de las cuotas que, mensualmente, pagarán los adjudicatarios de las casas.

Programas viales

La aprobación de una línea crediticia del Banco Macro por $ 20 millones, con garantía de la Provincia para las empresas constructoras abocadas a trabajos en las rutas del interior aún genera roces entre referentes del oficialismo y de la oposición.

El mecanismo es similar al que se aplicó en los planes de vivienda, y comienza a ejecutarse cuando hay un retraso mayor a los 180 días en los certificados pagos que debe abonar la Nación. "Estas obras son de vital importancia para tener mayor seguridad y para el desarrollo del turismo y del comercio", aseveró el legislador José Teri (PJ), al tiempo que su par Manuel Fernández destacó el buen funcionamiento de la experiencia con el Instituto Provincial de la Vivienda.

"Lo previsible es que se ejecuten las obras públicas cuando se sabe que los fondos llegan. Uno tiene derecho a pensar que se le está ofreciendo un muy buen negocio financiero al grupo Macro, sin exigirle una tasa diferencial para los créditos", advirtió Cano. Cirnigliaro criticó que no se haya hecho ninguna compulsa con los otros bancos que hay en la provincia, incluso estatales, sobre la oferta crediticia, y que no haya un techo a los intereses que se puedan cobrar. Jerez aclaró que hay obras que no fueron adjudicadas, pero que quedan comprendidas en la ley.

"Buscan el pelo en la leche -se quejó Alvarez-. Tenemos la posibilidad de que ingresen $ 338 millones en fondos no reintegrables, tras largas gestiones".

Comentá la nota