La Provincia duda en demandar los K y Busti se suma a la presentación de senadores nacionales

Diputados pidió a Urribarri que demande a los Kirchner. El Fiscal de Estado cree que es una cuestión política y advierte que si se pierde hay que pagar millones. Ahora Busti va por su cuenta ante la CSJN como hicieron Senadores nacionales.
Como trasfondo de la discusión del Presupuesto 2010, en la Cámara de Diputados de la provincia, volvió a ponerse el acento en la negociación de recursos con la Nación. "¿Esto es asunto jurídico o es político?", se preguntó el fiscal de Estado, respecto de la discusión de recursos con Nación y ante los proyectos que le reclaman judicializar el asunto. Rodríguez Signes dijo que el Foro de Fiscales analizó el tema pero hizo notar el perfil político de lo que estaría requiriendo una ley.

El oficialismo en el cuerpo, por iniciativa del presidente, Jorge Busti, levantó la mano para aprobar la ley de leyes. Pero no sin hacer notar los límites del mismo si no se llega a una distribución más justa de recursos entre Nación y provincias. Fue en este marco que se presentó y aprobó un proyecto de resolución por el cual se solicita al Ejecutivo que requiera a Fiscalía de Estado la demanda contra el Pacto Fiscal de 1992 rubricado entre el ex gobernador Mario Moine y el ex presidente Carlos Menem que implicó una sustracción del 15% de los recursos de coparticipación correspondientes a las provincias.

Apenas conocido el texto, la bancada radical le sacó el polvo a una iniciativa presentada un año y medio antes, en otro contexto político, sin que se consiguiera nunca su tratamiento. Abarca otros aspectos de la problemática –más allá del pacto fiscal del ’92- a través de un proyecto de ley por el que se "instruye" al Ejecutivo para que demande judicialmente a la Nación recursos de las provincias cedidos a través de distintas normas, pactos, delegación de facultades, etcétera.

"Hace bastante que lo estamos estudiando a este tema", dijo el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que contó que "desde principios de año, además, se está hablando de esto en el Foro de Fiscales".

"Se está analizando el tema. Y si encontramos que hay elementos para hacer la demanda la vamos a hacer", enfatizó el funcionario que subrayó que "el tema es de una altísima complejidad".

Dijo desconocer si hay provincias que ya han presentado demandas ante la Corte Suprema, particularmente en denuncia del mencionado pacto fiscal, más allá de la causa general iniciada por San Luis.

"Se ha considerado el tema en el Foro de Fiscales", insistió Rodríguez Signes que explicó que se trata de "un ámbito de consideración de temas comunes de los fiscales de provincia que es presidido por Osvaldo Simoni, de Chaco".

"Desde principios de año que se estudia el tema. La última vez que se trató este asunto fue en el marco del Congreso de Derecho Administrativo", dijo en alusión al encuentro internacional que sesionó en septiembre en Paraná.

"Se reinstala esta discusión acerca de ese pacto que implicó que se detrajera una importante masa de recursos destinados a las provincias de la coparticipación primaria (la que determina índices de distribución entre, por un lado, la Nación, y por el otro el conjunto de provincias, más allá de la coparticipación secundaria que fija los índices de partición entre las distintas jurisdicciones). Eso se realizó para atender los déficit del sistema previsional producto de la privatización del sistema", repasó. "El argumento central que se plantea es que como ahora se ha dejado sin efecto el sistema de operación por administrativas, hay quienes plantean que corresponden modificar aquel pacto", contó el fiscal de Estado a El Diario.

Tras afirmar que el debate no está cerrado en el Foro de Fiscales, Rodríguez Signes planteó sus dudas respecto de la mejor vía: "Acá hay una ley nacional. Entonces ¿cómo se resuelve esto? ¿por vía de una demanda judicial o por una ley nacional? ¿Esto es un asunto jurídico o un asunto político? Porque en todo caso habría que plantear la inconstitucionalidad de la ley o algo por el estilo pero no es que automáticamente podamos plantear la demanda judicial". "No puedo adelantar una postura porque es un tema muy complejo. Lo estamos estudiando pero no descartamos para nada", aseveró.

"Tendremos que tomar una decisión acerca de si demandamos o no a la Nación", dijo el fiscal al tiempo que insistió, luego, con la veta política del debate: "Yo he visto muchos proyectos de ley, el último de Atilio Benedetti, respecto de recursos de coparticipación y otros recursos provinciales. Si voy como fiscal y hago una demanda judicial, la mejor defensa que yo haría si estuviera del otro lado es hacer notar que, por un lado, hay una demanda y por el otro los diputados de la provincia de Entre Ríos presentan un proyecto de ley para modificar otra ley que está vigente", marcó como contradicción.

Rodriguez Signes intenta mostrarse independiente de Urribarri

El fiscal de Estado aseguró no haber tenido órdenes del Ejecutivo respecto del punto. "La Fiscalía es un órgano autónomo de control. Yo no estaré diciendo que si el gobernador Sergio Urribarri tiene excelente relación con la Presidenta no voy a demandar. Nunca he recibido esa instrucción", dijo Rodríguez Signes.

"Se hará una valoración jurídica y si tengo que demandar, en interés de la provincia, demandaré. Si no corresponde, no. Pero insisto con que sería importante debatir en un ámbito común este tema", aconsejó en función en plantear una estrategia provincial. "Hay que analizar un problema, además, como es el tema de las costas. Si ganamos el juicio, bien, ¿y si lo perdemos? Las costas se estarán determinando en relación a los montos en juego, y hablamos de cifras siderales", advirtió Rodríguez Signes que, finalmente, concluyó: "El debate de los recursos con Nación está planteado. Y es un debate que tiene aspectos jurídicos, si, pero sobre todo un perfil político al que hay que atender".

Entonces Busti va por su cuenta

El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Jorge Busti, anunció en u correo enviado a INFORME, luego de las declaraciones de Rodríguez Signes, que el próximo 29 de diciembre se presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación , invocando la figura jurídica Amicus Curiae (Amigos del Tribunal), en razón del interés público y notorio en aquellas causas vinculadas al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, referidas a la distribución de fondos entre el estado Nacional y las provincia.

Cabe consignar que el amicus curiae, es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso. La información proporcionada puede consistir en un escrito con una opinión legal, un testimonio no solicitado por parte alguna o un informe en derecho sobre la materia del caso.

Este tipo de presentaciones la pueden realizar ONG o personalidades que tengan interés en las causas que se tramitan; ante esos requerimientos el titular de la Cámara Baja entrerriana, pondrá de manifiesto mediante las certificaciones correspondientes que ejerció tres veces la gobernación de Entre Ríos, sin cláusula de re elección, Presidente de la Convención Constituyente de Entre Ríos en el 2008; actual Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia y con iniciativas presentadas, referidas a la temática en cuestión.

Busti , hizo notar que en la Ley del Presupuesto Nacional alcanza un total de 353.700 millones de pesos donde se distribuye en forma directa 83.000 mil millones de pesos a las provincias, "configurándose de esta forma el porcentaje más bajo de distribución desde el año 1974 hasta la fecha".

El ex mandatario entrerriano consideró como "absolutamente ilegal e ilegitimo" que se siga aplicando el Pacto Fiscal del 12 de agosto de 1992. "En el párrafo primero de la Ley, en su Inciso A dice que el 15% de los fondos retenidos a las provincia serán para atender los pagos previsionales y otros gastos operativos que resultaren de ellos; claramente, esto perdió sentido y razón de ser al estatizarse los fondos de las Administrados de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP)".

Para no dejar mal a sus colegas diputados

Finalmente Busti, sostuvo que "Esta iniciativa no invalida, ni se contrapone con la acción parlamentaria realizada por los legisladores ni tampoco con una eventual acción que pueda llevar adelante el Fiscal de Estado de la provincia", concluyó Busti.

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