La Provincia desobedece a la Justicia y pone en riesgo la salud de una riocuartense

La severa enfermedad de Natalia, de 33 años, estaba siendo controlada con un tratamiento que cubría el Ministerio de Salud. En marzo, le cambiaron intempestivamente el medicamento y desde entonces no puede llevar una vida normal. Un fallo ordenó volver a la anterior terapia, pero la Provincia no lo cumple
El inexplicable incumplimiento de un fallo que lo obliga a darle un tratamiento específico a una riocuartense con esclerosis múltiple dejó al Gobierno de la Provincia en una posición de rebeldía que no sólo ha perjudicado la calidad de vida de la paciente sino que estaría poniendo en riesgo su salud.

Así lo entendió la jueza del Juzgado Civil y Comercial de segunda nominación, Mariana Martínez de Alonso, quien -debido la pasividad del gobierno- debió dar instrucciones a la fiscalía del Fernando Moine para que investigue el llamativo comportamiento del Ministerio de Salud provincial.

El 14 de diciembre último la jueza en su Sentencia 422 hizo lugar al amparo que presentó una riocuartense de 33 años (a quien identificaremos con su nombre de pila, "Natalia") y ordenó al Gobierno de la Provincia de Córdoba y a su Ministerio de Salud que "en forma inmediata, continua e ininterrumpida" le suministre el medicamento "Avonex Interferón Beta 1a 6.000.000 UI 1 amp IM".

La reacción de la Provincia fue impensada porque se llamó a silencio, dejó pasar el tiempo previsto por la ley para apelar la sentencia, pero nunca cumplió el fallo.

La misma actitud de desobediencia viene mostrando desde el 7 de julio de 2009, cuando el juez José Peralta hizo lugar a la medida cautelar y le dio la orden de que entregara la droga, mientras se resolvía el amparo.

"Hoy, Natalia está librada a su suerte", dijo su madre, María del Carmen Acosta.

Por los efectos adversos, la profesional que atiende a Natalia debió suspenderle el nuevo medicamento y, a consecuencia de la interrupción de esa droga, la paciente presentó un nuevo brote y debe ser medicada con altas dosis de corticoides.

Peregrinando por una droga

Natalia acudió a los tribunales a mediados de 2009, después de que en forma intempestiva el Ministerio de Salud decidiera dejar de suministrarle el remedio con el que había logrado mantener a raya su grave enfermedad.

Eso ocurrió en marzo, cuando la paciente viajó a Córdoba a buscar el medicamento que se inyectaba en forma semanal, pero en su lugar le entregaron otro denominado "Rebif IFNB 1-a" que se aplica, en forma subcutánea, tres veces a la semana.

El cambio no obedece a una estrategia para minimizar costos porque el Rebif IFNB 1-a es bastante más caro que el Avonex Interferón Beta, sino a un acuerdo comercial que la Provincia cerró con otro laboratorio, según aseguró el abogado de la paciente, Angel Bassino.

Aunque la droga es la misma, los efectos que le provocó a la paciente el cambio del tratamiento fueron muy perjudiciales.

Ese fue el aspecto crítico que la jueza Martínez debió evaluar para resolver el amparo. Para eso fueron cruciales las intervenciones de la doctora María Elena Masih, la jefa del Servicio de Neurología del Hospital Córdoba que viajó a Río Cuarto exclusivamente para declarar en la causa, y del perito oficial Juan Ernesto Beratti.

Masih conocía el caso de primera mano porque es la especialista que le prescribió a Natalia el medicamento que le ayudó a controlar durante dos años los devastadores efectos de su dolencia.

La doctora fue la primera sorprendida por el cambio de tratamiento y de inmediato hizo un pedido al Ministerio para que se le restituyera la anterior medicación.

Nunca fue respondido.

Sobre el deterioro en la salud de Natalia, Masih declaró: "El cambio de medicación le produjo fiebre de más de 48 horas, marcada astenia y dolores musculares que le impiden realizar sus tareas habituales porque no se recupera entre dosis y dosis".

La propia Natalia fue más gráfica cuando describió en el recurso de amparo: "Dejé de ser una persona para convertirme en un ente que se dedica únicamente a preparar el cuerpo para una nueva inyección".

La pericia médica que ofreció el doctor Juan Ernesto Beratti es concluyente y asegura que "no debió cambiarse en ningún momento la prescripción del medicamento Abonex indicado en su momento en forma unisemanal con buena tolerancia, pues el cambio le produjo trastornos psicofísicos por intolerancia", y agrega que "debería proseguir con esa indicación semanal con la mayor brevedad posible".

Esa pericia nunca fue impugnada por la Provincia, pero la indicación del médico fue ignorada por las autoridades sanitarias.

¿Existe alguna estrategia detrás de la peligrosa decisión de la Provincia de ignorar completamente -y en reiteradas ocasiones- una orden judicial o se trata de simple indolencia?

El abogado que inició la acción judicial no le encuentra respuesta a este interrogante: "Es increíble que hayan desobedecido la medida cautelar y ahora estén incumpliendo un fallo que quedó firme".

Ajena a los vericuetos legales, María del Carmen Acosta apela a la sensibilidad de quienes tienen la responsabilidad de subsanar la crítica situación en la que colocaron a su hija: "Lo estamos sobrellevando lo mejor que podemos porque somos muy creyentes, pero es muy triste como madre ver cómo mi hija había alcanzado una calidad de vida que le permitía llevar un ritmo prácticamente normal y ahora tener que soportar que sea víctima de una injusticia como ésta".

"Se priorizó la droga por sobre el nombre"

En la demanda la Provincia intenta demostrar que el cambio de medicamentos no produce efectos nocivos en los pacientes con esclerosis múltiple.

Señaló que en Argentina esa enfermedad se trata con dos productos en venta que se encuentran supervisados por la Superintendencia de Servicios de Salud, y que la única diferencia entre el Avonex y el Rebif está dada por su vía y frecuencia de administración "pero ambos contienen el mismo interferón glicosilado".

Agrega que el Ministerio, a través de su farmacia, priorizó la entrega de las drogas en base a sus componentes por sobre el nombre comercial bajo el cual se distribuyen y entiende que tiene la atribución de suministrarle a la paciente "el mismo remedio que ella solicita, bajo otro nombre comercial, sin que ello signifique alguna alteración en el tratamiento y de esa forma no se produzca un daño en su salud".

Por ese motivo, dijo que el amparo debía ser rechazado.

Pero la jueza Mariana Martínez de Alonso dijo que la posición adoptada por la Provincia no tiene pruebas que la avalen.

"Concretamente, no logró acreditar que el producto biotecnológico de que se trata no tenga variación en su proceso de fabricación, o lo que es lo mismo, que no exista riesgo para la salud de la paciente, o que no traiga nuevas complicaciones".

La magistrada aclaró que en su resolución no ignoraba la vigencia de la Ley de Genéricos pero destacó que resulta decisivo que la prescripción médica y el tratamiento específico con Avonex haya tenido resultados favorables, en tanto que el cambio a otra medicación le haya provocado serios inconvenientes a la salud de Natalia.

Un tratamiento que no debió cambiarse

En octubre de 2003, Natalia tuvo el primer indicio de una enfermedad cuyo diagnóstico conocería recién cuatro años después.

Se levantó de la siesta con las manos adormecidas y pensó que a lo mejor se había recostado con su cuerpo encima.

Pero esa tarde el adormecimiento siguió hacia sus brazos y empezaron las incontables consultas de especialista en especialista y una mezcla de incertidumbre y desesperación por no poder dar con el origen de los frecuentes adormecimientos que no tardaron en trasladarse también a las piernas.

Se lo atribuyeron al estrés laboral.

Empezó a tener problemas en la vista, parálisis faciales del lado izquierdo, luego adormecimiento de la parte derecha de su cuerpo, pérdida del equilibrio, hasta que en noviembre de 2007 fue internada en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, de Córdoba, donde le diagnosticaron esclerosis múltiple.

La profesional que la atiende desde entonces, la neuróloga María Elena Masih, comenzó a tratarla con interferon beta 1a cada siete días.

Se inyectaba todos los viernes y luego de cada aplicación sufría un estado pseudo gripal y decaimiento por la potencia de la droga.

Ya el día domingo amanecía en buenas condiciones, lo que le permitía llevar una vida normal hasta la próxima aplicación.

Ese medicamento era suministrado por el Ministerio de Salud de la Provincia porque Natalia se encuentra desocupada y sin obra social.

"Ese tratamiento se venía realizando con total normalidad y con resultados muy satisfactorios para mi salud", destacó ella.

Hasta que en marzo de 2009, Natalia viajó al Instituto Pizzurno de Córdoba, donde todos los meses le entregaban su medicación, y se topó con la desagradable sorpresa.

El nuevo producto farmacéutico la obliga a realizarse tres aplicaciones semanales que prácticamente no le dejan margen para recuperarse entre dosis y dosis y llevar una vida normal.

Por indicación de su médica, debió suspender esa droga.

El primer derecho de una persona

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que la tutela del derecho a la salud "conlleva por encontrarse íntimamente relacionado, el resguardo de la autonomía personal y de la vida misma".

La Corte señala que constituye el primer derecho de una persona, "preexistente a toda legislación positiva", y resulta garantizado por la Constitución Nacional y por diversos tratados de derechos humanos.

"La vida de los individuos y su protección -en especial el derecho a la salud- constituye un bien fundamental en sí mismo", señaló la Corte Suprema de Justicia en un fallo de 2006.

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