La Provincia denunció que hay industria del juicio

Medidas cautelares llegan a 6.000 e implican 10 millones de pesos en honorarios por la sola presentación / Esperan fallo del Tribunal Superior de Justicia por apelación.

El secretario general de la Gobernación, Ricardo Sosa, sostuvo que las medidas cautelares contra los recortes y pago de una parte de las jubilaciones en bonos llegan a 6.000 y representan 10 millones de pesos en honorarios por la sola presentación.

El funcionario señaló que el 50 por ciento de los amparos se reparten entre cinco estudios jurídicos.

"Así como es legítimo que algunos jubilados apelen a la Justicia, la Provincia tiene el mismo derecho de hacerlo", remarcó Sosa.

Desde agosto de 2008, por la ley 9.504 de emergencia previsional, el Gobierno venía pagando en bonos el 25 por ciento de las jubilaciones superiores a los 6.000 pesos.

El Tribunal Superior de Justicia en un fallo por el amparo de Emma Bossio contra la Caja declaró inaplicable varios artículos de la ley que disponía el pagar en bonos entre el 22 y el 27 por ciento de los haberes superiores a 6.000 pesos.

El dictamen bajo al 18 por ciento el pago en bonos al señalar que ninguna restricción previsional puede afectar el 82 por ciento móvil del sueldo líquido (neto) del trabajador activo "ni siquiera por razones de emergencia".

Después el Gobierno emitió el decreto 1830 que fue ratificado por la ley 9.722 que suspendía el efecto de las cautelares.

En la liquidación de los haberes de diciembre, la Caja liquidó los haberes con un recorte del 18 por ciento pagadero en bonos. Esos títulos según la edad de los pasivos pueden cobrarse en un plazo de dos a ocho años.

Ante la decisión de dos Cámaras de declarar inconstitucional el pago en bonos y la suspensión de cautelares, el Gobierno presentó anteayer ante el Tribunal Superior de Justicia una apelación contra esas Cámaras.

Consultado si la apelación ante el Tribunal Superior pasaría para después de la feria judicial, el funcionario opinó que "podría haber un fallo antes".

En tanto, el abogado Jorge Gentile dijo ayer que consiguió el lunes que el juez de feria Leonardo González Zamar habilitara la feria para ingresar otras dos medidas cautelares y que se notificara a la Caja de Jubilaciones para que se pague la jubilación completa en dos juicios.

Otra jueza de feria de Río Cuarto ratificó una medida cautelar contra la Caja.

Al referirse sobre la apertura de la feria para dar lugar a nuevas medidas cautelares, Sosa consideró que "el procedimiento es válido para un juez como para el Tribunal Superior".

"El único lugar en el mundo donde un jubilado cobra más que un activo es en Córdoba", se quejó el funcionario.

Las jubilaciones más altas –que trepan hasta 20 mil pesos– corresponden a ex magistrados. También entre los haberes que superan los 6.000 pesos se encuentran los ex empleados de la Empresa Provincial de Energía (Epec) y los bancarios.

Gentile volvió a la carga con sus declaraciones y advirtió que en los últimos amparos presentados invocó que los convenios firmados entre la Provincia y la Nación por el déficit previsional implican "el levantamiento de la emergencia previsional".

Por otra parte, el letrado consideró que la apelación del Gobierno se debería haber presentado ante las Cámaras y calificó de "confusas" las declaraciones de Sosa respecto a una casación ante el Tribunal Superior.

Gentile dijo que una casación requiere de correr vista a las partes y opinó que recién podría haber un fallo después de la feria, en febrero.

El abogado insistió que "si los jueces no hacen valer su autoridad, volvemos a lo Aníbal Fernández, quien rechazó una sentencia judicial. Si pasa esto no existen las sentencias ni los jueces", afirmó.

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