La deuda total representa un poco más de 23 millones de pesos. Este dinero es usado para la compra de alimentos.
La situación es tan delicada que en Río Cuarto el presidente del bloque de concejales de la UCR, Martín Carranza, presentó un pedido de informes dirigido a la administración provincial con el fin de solicitar explicaciones sobre la demora en efectuar estos pagos a grupos familiares de muy escasos recursos económicos que viven en los barrios periféricos del Imperio del Sur.
“En Río Cuarto hay 5.800 familias que viven en la pobreza extrema y que no cobran desde hace 5 meses el dinero que deberían depositarles a través de la tarjeta magnética. Desconocemos la razón de esta abultada deuda y por eso pediremos explicaciones a las autoridades provinciales competentes”, aseguró Martín Carranza.
En realidad la situación es similar en los 426 pueblos y ciudades del interior provincial, ya que el Ministerio de Desarrollo Social debe los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio del corriente año. Esto implica un poco más de 23,4 millones de pesos en total.
El último pago parcial se efectuó el pasado 26 de junio y correspondió a los meses de enero y febrero de este año. Antes en mayo se había abonado diciembre de 2012 con un sensible atraso.
Si se tiene en cuenta la situación de virtual indigencia en que viven los beneficiarios de las tarjetas sociales de seguridad alimientaria, surge a priori como incomprensible que la Provincia les deba tanto dinero. Aunque con 52 pesos poco se puede comprar por mes, la suma igual representa una ayuda para estas familias que no superan la línea de pobreza al carecer de empleos estables.
Aporte mixto
A través de las tarjetas sociales se abona el aporte del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria creado en 2003.
De los 52 pesos que debería cobrar cada beneficiario por mes, 42 pesos llegan desde el gobierno nacional y otros 10 son aportados por la Provincia.
Algunos intendentes culpan del atraso directamente al Gobierno de Córdoba.
Otros, en cambio, aseguran que como la Nación demora en efectuar los pagos, la Provincia se ve obligada a postergar los pagos también aunque en forma paralela sigue el gobernador José Manuel de la Sota gastando millones y millones de pesos en publicidades. Esta erogación que se realice con fines electorales no tienen la necesidad extrema de los aportes para alimentar a las familias carenciadas que la Provincia demora en abonar sin mayores excusas.
Este atraso en los pagos de las tarjetas sociales se suma al que existe en materia de aportes para Guardería y Ancianidad y que perjudica directamente a los municipios. Los intendentes deben afrontar las erogaciones de alimentos para niños y ancianos y después la Provincia demora entre 6 y 9 meses en pagar esos gastos sin interés alguno.
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