La Provincia fue a la Corte y pidió un blindaje financiero

Presentó una medida para evitar que ANSES retenga fondos de coparticipación federal.
Antes de finalizar el año, la Provincia - a través de Fiscalía de Estado- presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una medida cautelar de no innovar para evitar que ANSES cumpliera la amenaza de embargar fondos de coparticipación federal por una deuda que reclama de 70 millones de pesos correspondiente al pago de la movilidad. Con la presentación de este recurso también inició una acción declarativa de certeza en la que solicita al máximo órgano de justicia que interprete el convenio de transferencia y aclare si es la Provincia o la Nación la que deben asumir el pago de la movilidad.

Las estrategias iniciadas por el Gobierno se mantuvieron en absoluto hermetismo. Ayer el titular de la Oficina Provincial de Asuntos Previsionales, Carlos Ortiz, confirmó a El Ancasti el inicio de la vía judicial entre los meses de noviembre y diciembre. Según comentó el Procurador de la Corte de Justicia, ya declaró la competencia del máximo órgano de Justicia para dirimir en el viejo conflicto que mantienen Provincia y Nación por el pago del 82% móvil a los 17 mil jubilados que fueron transferidos en 1995.

Para explicar el alcance de los recursos, Ortiz señaló que la medida cautelar es conocida técnicamente como "blindaje jurídico" que tiende a evitar que el organismo nacional retenga fondos de coparticipación y complique la delicada situación financiera de la Provincia. El reclamo de la Nación se inició a partir de las declaraciones del actual ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, que llegó a Catamarca a principios de 2009 cuando todavía era el jefe máximo de ANSES. Previo a las elecciones de marzo y en apoyo a la campaña política del Frente para la Victoria aseguró que era la Provincia la que debía al organismo nacional una suma de 70 millones por el pago de la movilidad a los jubilados. Boudou había expresado que la Provincia no depositaba con regularidad los fondos necesarios para el pago del 82% móvil y por ello la Nación debía completar los recursos que faltaban para evitar que el perjudicado sea el jubilado.

La Provincia negó aquella versión, admitió algunos dislates en el depósito de los fondos pero reiteró que se estaba asumiendo una obligación que en realidad correspondía al organismo nacional . "La suma que reclamaba el organismo nacional era de 70 millones de pesos, una suma que nunca fue conciliada sino que era una cifra pretendida por ANSES en forma unilateral", ratificó Ortiz. "Entonces si se procede a una retención de la coparticipación, impactaría de manera muy fuerte en el cumplimiento de las obligaciones que tiene la Provincia", agregó.

En la misma presentación también se incluyó una acción declarativa de certeza por la que se le pide a la Corte de Justicia que dilucide la interpretación de las leyes previsionales y el convenio de transferencia para determinar quién debe liquidar el 82% móvil. Según explicó se trata de un recurso que puede demandar mayor tiempo para su resolución.

Información extraoficial a la que accedió este medio indica que la Corte de Justicia podría citar a representantes de la Provincia y la Nación para iniciar algún proceso de mediación, lo que será un tema que se resolverá en este año.

Más elementos

Con posterioridad a la presentación judicial llegó una resolución del defensor adjunto del Pueblo, Juan Minguez, quien avaló la postura de la Provincia previo estudio de todos los antecedentes. En esa misma disposición que comunicó en los primeros días de diciembre fijó un plazo de 10 días para que la ANSES se responsabilice por el pago de la movilidad. Ortiz confirmó que hasta ahora- con los plazos ya excedidos- no hubo ninguna respuesta del organismo nacional.

Por estos días abogados de Asesoría General de Gobierno y Fiscalía de Estado analizan si ampliarán la presentación para incorporar el dictamen del defensor del Pueblo, a quien consideran como un organismo independiente de las partes en conflicto.

Carlos Ortiz Si ANSES procede a una retención de coparticipación, impactaría en el cumplimiento de las obligaciones de la Provincia".

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