La provincia de Corrientes pedirá reformular la Coparticipación Federal

Política: El Fiscal de Estado de la provincia, Fernando Carbajal, anunció este martes la presentación judicial que hará Corrientes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para reformular la Ley de Coparticipación Federal, dijo en referencia a una cláusula constitucional que data de la reforma a la carta magna en 1994 y que establece un reparto del 34 % de los recursos para las provincias.
Dentro de diez días Corrientes presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un pedido para reformular los envíos de coparticipación federal a las provincias, reclamo basado en una cláusula constitucional incluida en la reforma de 1994 y que establece un piso del 34 % de envíos para las jurisdicciones de todo el país.

El anuncio de la presentación la hizo este martes el Fiscal de Estado provincial, Fernando Carbajal, quien junto a un equipo de letrados pertenecientes al organismo provincial concretarán la acción dentro de diez días.

Si bien la cláusula constitucional mencionada por Carbajal data de la reforma de 1994, la ley dio un tiempo de dos años para que el Estado Nacional aplique ese nuevo reparto de fondos hacia las provincias, el cual nunca se aplicó siendo en la actualidad del 24 por ciento el envío de recursos coparticipables para cada jurisdicción del país.

"Terminaremos con el asistencialismo nacional que usa los recursos de las provincias", indicó Carbajal y trazó un paralelismo entre los magros porcentajes que en la actualidad se coparticipan "y el dispendio en prebendas políticas que hace el gobierno Kichnerista no respetando ningún tipo de ley y norma", remarcó.

El funcionario entrevistado por una radio capitalina estimó que la presentación que hará Corrientes "beneficiará a todas las provincias y viene a poner fin a una tendencia que tuvieron todos los gobiernos nacionales, aquellas provincias que no están con ellos son castigadas con el retaceo de recursos".

De hecho la determinación que concretará la administración de Arturo Colombi en diez días, tiene su correlato en otras provincias como Santa Fe gobernada por Hermes Binner, a lo que podrían sumarse demás jurisdicciones que padecen retenciones de recursos que legalmente le corresponden.

La idea de Arturo en alcanzar lo establecido por la constitución - 34 % - es compartida por otros mandatarios además de Binner, los gobernadores de Córdoba, Mendoza y Catamarca, incluso el ideal de las provincias es tocar los 52 puntos en los próximos años para lo cual primero hay que cumplir con lo establecido en la constitución nacional.

Carbajal calculó que a Corrientes el Estado nacional le adeuda 900 millones de pesos repartidos en diversas áreas: 500 millones pertenecen a la ley de cheques que debe ser coparticipada a las provincias y no lo es.

Fondos pertenecientes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 280 millones; recursos pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS) que deben ser enviados desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) 100 millones y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que tampoco son coparticipados.

El Fiscal de Estado analizó las últimas dos cuestiones al recordar que "Corrientes hace años dejó de recibir ATN", se trata de recursos que ante emergencias (climáticas o financieras) las provincias reciben de manos del Estado Nacional.

"Pero al no existir emergencias estos recursos deben ser coparticipables", señaló Carbajal y en el mismo sentido habló de la ANSES "que las provincias financiaron durante todos estos años y ahora tras estatizar las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP), el gobierno Kirchnerista reparte discrecionalmente esos fondos para hacer política y asistencialismo", dijo.

LOS FONDOS SIN CONTROL A LAS COMUNAS

Desde la Fiscalía de Estado dirigida por Fernando Carbajal, en las últimas horas se puso bajo la lupa la situación de varias comunas que recibieron o recibirán en poco tiempo, fondos nacionales destinados a obras públicas, pero que no pasan por los controles provinciales como ser el Tribunal de Cuentas o la Dirección de Municipios.

"Esto es un claro ejemplo más de la discrecionalidad del gobierno nacional y de cómo usa el recurso de todas las provincias para hacer política, asistencialismo y clientelismo político".

En ese sentido el funcionario instó a los jefe comunales y concejales que tengan dudas que "se acerquen a la fiscalía de Estado para asesoramiento", las normas administrativas y contables de la provincia, establecen que es el Estado provincial el que debe recibir recursos nacionales para girarlos luego a las municipalidades.

"De esa manera se siguen todos los caminos legales y de control para los recursos, no como están haciendo ahora, enviar discrecionalmente fondos que no poseen control de ningún organismo", reiteró el letrado estatal.

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