La Provincia busca la salida al impuesto portuario

Ayer continuaron las reuniones entre funcionarios provinciales, dirigentes rurales, representantes de los puertos y legisladores. Buscan garantizar la recaudación y evitar que las terminales marítimas bonaerenses pierdan competitividad
Ayer continuaron las reuniones entre funcionarios provinciales, dirigentes rurales, representantes de los puertos y legisladores. Buscan garantizar la recaudación y evitar que las terminales marítimas bonaerenses pierdan competitividad

El gobierno provincial apura la corrección a la reforma impositiva que la Legislatura sancionó la semana pasada, para solucionar el primero de los temas urgentes: la tasa para la carga y descarga de mercaderías en los puertos bonaerenses. Para eso ayer hubo varias reuniones en las que se empezó a diagramar la salida al conflicto que generó la sanción de la ley. Así lo había acordado el gobernador Daniel Scioli con la Mesa Agropecuaria provincial el viernes pasado.

El primero de los temas es solucionar el impuesto en los puertos, luego se trabajará en la suba del Inmobiliario Rural. En relación al primero, por un lado, en las administraciones portuarias provinciales aseguran que el impuesto les restará competitividad a las terminales bonaerenses frente a las de otras provincias y consecuentemente habrá despidos, lo que ya provocó protestas en varios puertos. Mientras, desde el sector agropecuario califican el cobro de esa tasa como "retenciones encubiertas", ya que el 50% de los productos que se embarcan en la Provincia provienen del campo.

Una de las soluciones que se manejan es eliminar el artículo 26 de la ley de Reforma Impositiva, que establece que la Provincia podrá comenzar a cobrar este año el adicional a la carga ($ 8 por tonelada), descarga ($ 24 pesos por tonelada) y a la mercadería removida ($ 3 pesos por tonelada), en los veinte puertos bonaerenses. A cambio se crearía un fondo portuario a partir de un porcentaje de las ganancias.

Ayer, el ministro de la Producción bonaerense, Martín Ferré, se reunió primero con el director ejecutivo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Alfredo Rodes, con el subsecretario de Puertos de la Provincia, Alejandro Abot, y con el subgerente de la Agencia de Recaudación bonaerense (Arba), Luciano Di Gresia. Por la tarde, Ferré recibió a los representantes de los sindicatos portuarios y a un grupo de diputados provinciales.

Para lograrlo, el gobierno provincial tiene la difícil tarea de consensuar con los distintos sectores afectados una salida para que "los puertos bonaerenses no pierdan competitividad frente a las terminales marítimas lindantes y que a la vez permita cumplir con las expectativas de recaudación que se planteó en la reforma impositiva", dijeron a Hoy fuentes de la Gobernación.

Para justificar el impuesto, la administración Scioli remarca que en los puertos se invirtieron cerca de 350 millones de pesos en obras de infraestructura y que esa actividad no aportó ni la tercera parte. Con la implementación de la reforma impositiva, la Provincia espera recaudar cerca de 1.800 millones el año próximo, de los cuáles el impuesto en los puertos aportará la mayor parte. Ese monto contribuirá a aliviar las comprometidas cuentas de la Provincia, que en 2010 tendrá un déficit de entre 6 mil y 8 mil millones de pesos. Además, Scioli tendría problemas para pagar los sueldos de este año, debido al faltante de 2.500 millones de pesos.

Por todo esto, la solución para el cobro de la tasa portuaria es urgente para la Provincia. Las reuniones por este tema comenzaron la semana pasada, antes de la sanción de la ley y continuarán en los próximos días hasta llegar a un acuerdo, que aún no está definido. Hoy, Ferré escuchará a los representantes de los cuatro puertos privados.

Paralelamente se creó una comisión bicameral que trabajará en las cuestiones legislativas y tendrá como objetivo "revisar la aplicación de la reforma", considerando "la equidad fiscal" y "los ingresos del erario público", pero manteniendo "las condiciones de competitividad del sistema productivo y el sostenimiento de los servicios del Estado".

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