La provincia autorizó la tala selectiva por resolución

El Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial la resolución 327, con la firma del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Nasser, por la que "permite en forma transitoria la reanudación de la ejecución de las tareas de aprovechamientos forestales autorizados en los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, con excepción de aquellos que se encuentren ubicados en zonas consideradas como de alto valor de conservación -Categoría I- por la ley de ordenamiento territorial 7543 y su decreto reglamentario 2785/09, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre la cuestión".
Para llegar a esta decisión, la provincia hizo una interpretación de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 29 de diciembre del año pasado y del 26 de marzo de este año en el amparo presentado por comunidades aborígenes y campesinos criollos en contra de los desmontes y la tala.

Por la primera, suspendió los desmontes y aprovechamientos forestales autorizados desde el último trimestre de 2007 en los cuatro departamentos. En la segunda amplió el alcance de esta suspensión a todos los desmontes y la tala autorizados en esos departamentos.

La resolución del ministro de Ambiente, confusamente anticipada por el gobernador Juan Manuel Urtubey, no explica cómo es que una decisión de la Corte Suprema puede ser revertida por un instrumento legal emanado de un órgano del Poder Ejecutivo de una provincia.

El gobierno de Salta se aferró al punto III del segundo pronunciamiento de la Corte Suprema, en el que ordena suspender las autorizaciones de desmonte y tala "hasta tanto se efectúe el estudio de impacto ambiental acumulativo", para habilitar el corte de madera.

El Ministerio de Ambiente destacó que este estudio "fue efectuado por la provincia de Salta en forma conjunta con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y presentado ante la Corte Suprema de Justicia".

Sin embargo, para cuando se dictó la resolución, el 27 de julio, el estudio aún no estaba en el expediente, donde no constaba incluso hasta el día 28. La provincia afirmó que el estudio sostiene que los costos ambientales de los aprovechamientos forestales "no son significativos"; además se trata de una actividad "altamente demandante de mano de obra con diferentes niveles de formación y capacitación. En total se estima que ocupa a 7.000 empleados". Sostuvo que si bien la Corte Suprema se fundó en el principio precautorio para dictar la medida cautelar de suspensión, la doctrina ha sostenido que debe hacerse un balance entre los beneficios de la aplicación de este principio y los costos para obtenerlo, y la ley de protección del medio ambiente de la provincia, 7070, establece que las medidas de protección y amparo del ambiente deben ser "del menor costo social". Argumentó asimismo que la Corte también tuvo en cuenta que aún no se había reglamentado la ley de ordenamiento territorial de los bosques nativos, lo que el gobierno de Salta hizo el 13 de julio con el decreto 2785.

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