La Provincia se apodera de aportes sindicales

Autoridades provinciales confirmaron que no depositarán las retenciones por cuota gremial y obra social que realiza a los agentes públicos, hasta tanto mejore la recaudación. La medida, que está al borde de la ilegalidad, generará importantes perjuicios a las entidades gremiales. Ese dinero será utilizado para pagar sueldos. Se profundiza la crisis
La Provincia tiene las cuentas en rojo, al punto que está raspando la olla para poder pagar el aguinaldo y los salarios de diciembre a los 600 mil empleados públicos que se desempeñan en la administración provincial. Pero la desesperación está haciendo cometer acciones que rozan la ilegalidad.

Ayer, según pudo saber Hoy, autoridades del gobierno provincial le confirmaron a dirigentes gremiales que la Provincia no depositará las retenciones sindicales de noviembre y diciembre (cuota sindical y obra social). La polémica medida regiría hasta tanto mejore la recaudación impositiva provincial.

"Nos dijeron que no tenían alternativa: o se quedaban con las retenciones o tenían que pagar los sueldos de forma desdoblada. Dijeron que en enero por lo general mejora la recaudación impositiva, por lo cual comenzaría a solucionarse la situación. Pero lo que se está haciendo es de extrema gravedad, algo que está al borde de la legalidad, ya que ese dinero es aportado por los trabajadores", dijeron fuentes gremiales a Hoy.

El motivo esgrimido por las autoridades es que necesitan recursos para poder abonar las obligaciones salariales de fin de mes y principios de enero. Pero en este caso el remedio puede ser mucho peor que la enfermedad, dado que generará un serio perjuicio a los gremios que no sólo se encargan de defender los derechos de los trabajadores, sino que también prestan importantes servicios sociales, de salud, etc.

En otras palabras, la Provincia se está financiando con dinero de los trabajadores para poder pagar sueldos a los propios trabajadores, un hecho que prácticamente no registra antecedentes. La magnitud del dinero que está en juego es significativa: se calcula que, en promedio, una persona que trabaja en la administración pública con un régimen de 30 horas semanales aporta aproximadamente 120 pesos por mes en concepto de cuota sindical y obra social.

El último 17 de diciembre, desde la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la provincia de Buenos Aires (Fegeppba), se envió una nota al presidente del Instituto Previsional bonaerense con el objetivo de que "se arbitren las medidas necesarias para efectivizar y cumplir con el pago de las retenciones de noviembre en forma inmediata, al mismo tiempo que requerimos que en el futuro no se repita esta situación, dado que resulta sumamente peligroso vulnerar los derechos adquiridos por las organizaciones sindicales". Por el momento, la Provincia hizo caso omiso al reclamo.

Esta movida se produce en momentos en que el gobierno provincial también está analizando otros mecanismos de financiamiento con ribetes polémicos. Concretamente, en los últimos días habría habido contactos para solicitar un nuevo salvataje a las cajas de jubilación de los colegios profesionales bonaerenses, a las que se les estaría requiriendo préstamos de fondos contra bonos de largo plazo.

A mediados de año, las cajas profesionales prestaron a la Provincia 111 millones de pesos, que se dividieron de la siguiente manera: profesionales de Ciencias Económicas, $ 30 millones; médicos y farmacéuticos, $ 20 millones cada una; ingenieros, $ 12 millones; escribanos y abogados, $ 10 millones cada una; veterinarios, $ 4 millones; odontólogos, $ 3 millones; y los bioquímicos, otros $ 2 millones. A cambio, recibieron un bono en dólares a 7 años con una tasa de interés Badlar en dólares más 1,5% y un techo del 7% nominal anual, garantizado con los recursos de la coparticipación.

Eso no fue todo: en 2010, el Estado bonaerense también volverá a utilizar los fondos superavitarios del Instituto de Previsión Social (IPS), aportes que también realizan los trabajadores de la administración pública bonaerense y los municipios para cubrir gastos ordinarios. Como contraprestación, se otorgarán letras de tesorería con vencimiento a 365 días.

EN FOCO

No se puede cortar el hilo por lo más delgado

La aguda crisis económica y financiera que vive la provincia de Buenos Aires ya superó el límite de lo tolerable, y exige soluciones políticas de fondo que apunten a reclamar los recursos que deberían llegar al principal distrito del país, y que indebidamente son incautados por la administración K.

Quedarse con los aportes que realizan los trabajadores para el sostenimiento de sus entidades gremiales y obras sociales exigiría, al menos, alguna explicación pública de las máximas autoridades de la Provincia. Pero, lamentablemente, ello brilla por su ausencia.

La cuestión no solamente pasa por la ya histórica discusión de que la Provincia debe recuperar los puntos perdidos en la coparticipación. Esa discusión debe darse con tiempo, pero existen otras vías a la que la Provincia podría recurrir. Por ejemplo, reclamar que se cumpla con la ley mediante la cual se creó el Fondo de Reparación Histórica, que establecía que la Provincia debería estar recibiendo anualmente 650 millones de dólares, es decir, 2.470 millones de pesos. Esa cifra fue pesificada años atrás, por lo que sólo se le están girando 650 millones de pesos.

También se podría reclamar que se cumpla con el reparto del 15% del impuesto a las ganancias, que retiene el Gobierno nacional, cuando ese dinero estaba afectado al pago de las jubilaciones cuando se privatizó el sistema previsional. Al no existir más las AFJP, ese dinero debería volver a distribuirse entre las provincias. Pero ello no ocurre, con lo cual la provincia de Buenos Aires se priva de tener alrededor de $ 1.082 millones por año.

Ninguna sociedad ni alianza política justifica que se siga cometiendo tamaña injusticia con los bonaerenses. Hay que evitar que se siga cortando el hilo por lo más delgado, como es el hecho de apoderarse de los aportes que realizan los trabajadores estatales, cuando el Gobierno nacional en 2010 despilfarrará 6.500 millones de dólares de las reservas del Banco Central para "honrar" a los buitres que hicieron grandes negociados con la deuda externa.

Suspenden aplicación de jubilaciones masivas

El gobierno de Daniel Scioli estaba decidido a avanzar en la jubilación de oficio de unos 30 mil agentes, pero ayer se conoció que la medida no se instrumentaría hasta tanto finalice el blanqueo de Urpes que se está implementando en distintas reparticiones públicas bonaerenses.

Ayer, en una reunión celebrada entre dirigentes de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia (Fegeppba); el ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango; y autoridades de la máxima jerarquía de la cartera económica provincial se acordó dejar sin efecto el decreto que estipulaba iniciar las jubilaciones de oficio a los trabajadores de la dirección general de Cultura y Educación bonaerense. La medida regirá hasta tanto no se acuerde el mecanismo para el blanqueo de Urpes que perciben unos 7.000 agentes de esa repartición.

En tanto, la aplicación de las jubilaciones de oficio quedará suspendida en las otras reparticiones hasta que finalice el blanqueo. A saber: en el ministerio de Salud termina en marzo, y en Desarrollo Social, en abril.

En ese sentido, el Soeme, uno de los gremios que forma parte de la Fegeppba, en el ámbito de la paritaria sectorial de escuelas ratificó esta solicitud de aplazo de las jubilaciones de oficio, la cual fue confirmada por el subsecretario de Administración, Gustavo Corradini.

El blanqueo de las Urpes en esa área recién finalizaría en noviembre de 2010 y abarca, fundamentalmente, las áreas de Consejos Escolares, secretaría de Inspección y Tribunal de Disciplina.

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